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Tribuna:

Comunidades hermanas

El destino de Rusia, núcleo de la antigua Unión Soviética, es más importante para Europa que la firma rápida de los acuerdos del GATT. El ataque de Yeltsin contra el Parlamento y la incorporación de Georgia a la CEI conciernen directamente a los pueblos de la Comunidad de los Doce. Creyeron que las revoluciones de 1989 iban a extender la libertad al otro lado del telón de acero y del muro de Berlín, por fin destruidos, arraigando la democracia desde Lubeck hasta Vladivostok. Cuatro años después, el octubre sangriento de Moscú les abre los ojos. Les impone también un examen de conciencia, ya que no son del todo inocentes. A pesar de las apariencias, su responsabilidad está más comprometida en esta tragedia que en la de Yugoslavia, donde la furia de los odios raciales no les permitía intervenir más directamente de lo que lo han hecho.Han prestado demasiada poca atención a las guerras civiles que han ensangrentado -y en algunos casos siguen ensangrentando- Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y diversas regiones. Han ignorado deliberadamente las estadísticas rusas en las que la caída de la esperanza media de vida pone de manifiesto un verdadero genocidio de los ancianos. Han descuidado las consecuencias derivadas de la combinación de una economía disgregada, una escasez persistente, una inflación galopante, un rápido aumento de los precios, y unos salarios y pensiones en caída libre. Todo ello condena al 95% de la población a vivir mucho peor que bajo el Gobierno de Breznev, mientras que un 5% amasa en poco tiempo inmensas fortunas. No quieren darse cuenta de que para la mayoría de los soviéticos este extraordinario crecimiento de la desigualdad eclipsa los progresos de la libertad, reales pero insuficientes y precarios.

El Ejército Rojo salvó a Yeltsin y su Gobierno los días 3 y 4 de octubre. Se ha convertido así en la columna vertebral de un régimen que sin él caería en una anarquía generalizada. Un director de investigación de la Academia de las Ciencias de Rusia señala que la economía está desmembrada por alrededor de 150 mafias que dominan Moscú y las grandes ciudades. Se organizan según criterios étnicos que recuerdan a las tribus del África negra: los chechenos controlan el tráfico de armas y de droga; los tártaros se ocupan del chantaje; los azeríes controlan los mercados de la capital; los georgianos los secuestros de personas y los robos de coches, y los rusos propiamente dichos organizan el tráfico de divisas y la prostitución.

Las empresas públicas y las administraciones estatales o locales que intervienen en la exportación o la importación y en el comercio, interior se dedican al mercado negro y a toda clase de operaciones ¡legales o semilegales cuyos beneficios clandestinos se depositan en el extranjero. Hasta el Ejército participa en este juego: hay aviones militares que sirven para el transporte de coches japoneses importados fraudulentamente. Se calcula que de esta manera se evade un capital que asciende a entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. La corrupción de la burocracia, arraigada en la tradición del zarismo y reforzada por el comunismo, alcanza ahora cotas máximas. La evasión fiscal, la concesión de una licencia, el alquiler o la compra de locales para una empresa, la elaboración de un informe, la mera entrevista con un responsable, se compra y se vende como una mercancía.

Esta economía mafiosa y esta administración deshonesta no pueden reprimirse. La misma impunidad favorece la expansión de una criminalidad que priva a los ciudadanos de uno de los derechos fundamentales del hombre: la seguridad. Ya no se respeta aspecto alguno del sistema jurídico, ya se trate de leyes anteriores, de textos aprobados por el Parlamento disuelto o de los ucases multiplicados por el presidente. Desorientados, los policías y los jueces son cada vez menos activos. Pero la ausencia de una legislación clara paraliza también a los inversores occidentales. Cuando se sabe el éxito que tuvo Lenin al abrir la Rusia de 1921 a los capitales extranjeros en el marco de la NEP (nueva economía política), ofreciéndoles garantías jurídicas precisas y audaces, sorprende que los liquidadores del sistema soviético hayan ignorado por completo el ejemplo de su fundador.

Estados Unidos y la Comunidad Europea han cometido un grave error al ocuparse casi exclusivamente de introducir en Rusia una economía de mercado Ultraliberal. Ya criticable en Occidente, donde cada vez goza de menos popularidad, era inaplicable en un país que carece de la clase de empresarios indispensables para generarla. La introducción brusca de una doctrina basada en una competencia desenfrenada y sin escrúpulos en un país en el que el capitalismo era la encarnación del mal, según el sistema de valores inculcado desde 1917, conducía lógicamente al desarrollo de las mafias. No olvidemos que el puritanismo, y la moral religiosa en general, sirvieron un poco de pantalla frente a la expansión del liberalismo económico en el siglo XIX. Aunque, por otra parte, no impidieron la explosión de una desigualdad considerable y la explotación inhumana de los trabajadores en su fase inicial. En lo que hoy es la antigua Unión Soviética, los cuatro últimos años vuelven a poner de actualidad las críticas de Marx y devuelven a las instituciones democráticas el carácter formal que éste les reprochaba.

Ya es hora de que la CE reaccione con vigor ante la caricatura del modelo de libertad que sus Estados y su aliado de Washington han permitido que se exporte a la antigua Unión Soviética. Esto implica, en primer lugar, dejar muy claro a todos los pueblos de Rusia que la democracia se apoya ante todo en el sistema de valores definido por la libertad política, la igualdad social, la solidaridad de los hombres y la soberanía de los ciudadanos. Los mecanismos del mercado no son su elemento fundamental, ya que también pueden funcionar muy bien en una dictadura, como Hitler y Pinochet demostraron claramente.

Ahora que Yeltsin tiene las manos libres, no debe perder de vista estos principios fundamentales. Su elección por sufragio universal en condiciones relativamente justas ha legitimado a pesar de una violencia excesiva el empleo de la fuerza para someter un Parlamento y controlar unas asambleas locales que no habían sido elegidas democráticamente. Pero un nuevo Parlamento y nuevas asambleas locales deben surgir de una votación tras una campaña electoral realmente libre. Esta votación podría también con el tiempo expresarse en un referéndum que autorizase al presidente a actuar por decreto, con un control de los diputados, durante un periodo limitado necesario para la deliberación parlamentaria de una nueva Constitución. Evidentemente, sería inadmisible que el texto de ésta ya elaborado por Yeltsin se sometiera directamente a la votación de los ciudadanos. Un método así es el del fascismo. Tampoco vendría mal una transferencia de tecnología política en este ámbito, ya que los pueblos que salen de una larga dictadura desconocen tanto los mecanismos de la democracia como los del mercado. Moscú necesita ayuda para aplicar los primeros como los segundos. Aparte de los principios que se acaban de referir, hace falta ayuda para reconstruir un Estado que disponga de una administración, de una policía y una justicia eficaces.

Al recordar a la vez las reglas y los métodos de los regímenes de libertad, debemos ser conscientes de que éstos definen también nuestras propias obligaciones y no sólo las de Rusia. Parcialmente incluida en Europa desde el punto de vista geográfico, no podrá jamás integrarse en nuestra Comunidad: pero esta CEI y la CE están estrechamente vinculadas política, cultural e históricamente. Debe desarrollarse entre ellas una cooperación orgánica lo antes posible. La Comunidad Europea no puede limitarse a participar, con los otros Estados ricos del Grupo de los Siete, en la ayuda internacional decidida colectivamente por ellos. Debe añadir lo que impone la solidaridad fraterna entre dos comunidades hermanas cuyos desarrollos repercutirán en beneficio mutuo. La apertura de los Doce hacia el interior mediante la integración de nuevos miembros no puede hacer que se olvide la necesidad de esta apertura exterior, demasiado descuidada hasta la fecha.

Maurice Duverger es profesor emérito de la Sorbona y diputado por Italia en el Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 1993