Una vía de industrialización

La crisis económica actual tiene en todos los sectores un carácter estructural, sin embargo, en el caso de -las zonas básicamente industriales ha adquirido una profundidad que incluso plantea la duda de si es viable una política industrial con resultados, que no exija entre otros una intervención seria del Estado español a nivel regulador, y tras negociar con Bruselas, dé mínimas exigencias a las inversiones extranjeras en sectores hoy liberalizados.Hablar de industrialización, competitividad, políticas horizontales, reestructuraciones o desarrollo regional hace imprescindible acotar sectores, ubicación geográfica y papel requerido a los diferentes agentes sociales y económicos. Nos hemos engañado profundamente con actuaciones industriales de impacto meramente simbólico y nos hemos olvidado de los sectores en que podemos basar un esfuerzo de industrialización controlable a nivel español.

Las regiones en las que la actual crisis tiene menor repercusión social y económica son las de base agraria o agroalimentaria y turística. Se ha hablado de una crisis irreversible de nuestro sector agrario, de su desaparición paulatina, y se ha olvidado que es uno de los sectores en que contamos con la posibilidad de crear las condiciones que nos permitan producir al nivel del mejor en el mercado mundial: tecnologías artesanas industrializables, especialistas de procesos, diferenciación de producto y posibilidad de control sobre una parte importante de los clientes finales.

En el sector agrario o agroalimentario, a partir de nuestra incorporación a la PAC en 1986, elemento fundamental para su modernización, no se ha desarrollado una reestructuración activa, basándonos sistemáticamente en políticas coyunturales inapropiadas para una crisis estructural. Se ha introducido la discontinuidad de producciones sin criterios sostenibles; se han desarrollado políticas horizontales orientadas a trozos aislados de la cadena de valor agroalimentaria con la dilapidación de recursos consiguiente -un paradigma puede ser el impacto de la introducción a posterior¡ de cuotas de producción en explotaciones a las que anteriormente se había alentado a invertir para modernizarse-; en los 10 últimos años hemos asistido a una gigantesca reestructuración de la distribución a manos de lasgrandes superficies; liemos dejado que las competencias de las administraciones Públicas respecto a los protagonistas de la cadena de valor agroalimentaria se dispersaran entre organismos, en muchos casos, inconexos entre sí; hemos visto cómo se regionalizaba absolutamente la actividad del sector primario sin que esto tuviera el correspondiente reflejo en la organización del Estado.

En éste, como en otros sectores, necesitamos pasar a utilizar un nuevo concepto de reestructuración estructural cuyas características centrales serían: acotación geográfica de la reestructuración al espacio que la haga manejable y que en el sector agrario es la comunidad autónoma; incorporación simultánea a la reestructuración de todos los subsectores integrados en la cadena de valor agro al imen taria, troceada en cadenas de valor parciales partiendo de los grandes grupos regionales de producciones primarias, impulsando la coordinación sistemática proveedor-cliente y generalizando la cultura de gestión basada en volcar todos los recursos de cada subsector a la satisfacción del cliente en calidades, plazos de entrega, fiabilidad y precios de productos; las grandes superficies deben asumir hasta el final la responsabilidad social en que han incurrido al introducir una modernización parcial del mercado, y deben participar en el proceso, máxime cuando en múchos casos son de propiedad cooperativa o sindical; estamos ante una situación similar a la que se produce con la introducción del just in time en la industria y que obliga a las grandes empresas a racionalizar la gestión de sus proveedores.

Este tipo de reestructuración agraria, cuya culminación debe ser un sector agroalimentario de obediencia española, potente y competitivo, permitirá mantener el empleo desplazándolo a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria en la medida que se industrialicen territorialmente de forma masiva nuestras producciones primarias agrarias en una perspectiva de mercado.

En este contexto se puede hablar de "nuevas" políticas horizontales: generalización de mesas sistemáticas subsectoriales incluyendo las redes de distribución, que asumen el impulso de las interprofesionales; normalización de productos primarios según requieran los clientes; garantía de calidad de los productos industrializados; apoyo al surgimiento de nuevas industrias con materias primas regionales; coordinación de todas las actividades sectoriales con la comercializainformación y comunicación masiva a los participantes en el proceso y que en el caso de los empresarios agrarios deben dirigir las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS); innovación y extensión tecnológica basada en centros tecnológicos agroalimentarios públicos o privados orientada desde las mesas subsectoriales; territorialización comarcial del proceso coordinándolo con otras operaciones de desarrollo rural y medidas agroambientales; capacitación agraria y formación profesional orientada desde las mesas subsectoriales.

Una apuesta central por este proceso implica reforzar sustancialmente a nivel regional las OPAS y el movimiento del cooperativismo y asociacionismo agrarios. Aunque adoptada con un retraso sustancial respecto a otros países competidores, esta medida se orienta a agarantizar que el protagonismo de la reestructuración repose en los empresarios agrarios, lo que resolvería en gran parte el problema de las resistencias al cambio de producciones y objetivos prioritarios.

El papel de las administraciones públicas agrarias es parte sustancial de todo el proceso descrito y debe comprender los siguientes aspectos: definir sus políticas en línea con el proceso de reestructuración planteado para cada comunidad autónoma; estructurar las competencias en las diversas materias de forma que garanticen la coordinación y coherencia en sus actuacionel; programar en el tiempo la derogación de toda la legislación que se oponga interna y externamente al enfoque de tratamiento unificado de toda la cadena de valor agroalimentaria; subordinar las nuevas medidas legislativas a las demandas del proceso, no encorsetarlo legalmente de forma voluntarista; impulsar programas de inversiones estructurales específicas -regadíos, reconcentración parcelaria, infraestructuras rurales- sometiéndolos al más amplio proceso de discusión pública; hacer transparentes los procesos de gestión de las ayudas agrarias elaborando paneles públicos de detalle con los tiempos de tramitación hasta el cobro, e iniciando procesos internos de mejora en el uso de los medios humanos dedicados al tema; poner a pleno rendimiento los servicios públicos básicos que prestan directamente a los empresarios agrarios o en otro caso ceder su gestión a las OPAS y mesas subsectoriales, disolviendo las estructuras administrativas correspondientes.

En las comunidades autónomas de base agroalimentaria y rural, reestructuración agraria es sinónimo de desarrollo regional. En estas comunidades existen múltiples organismos que, formalmente orientados al desarrollo regional, copian el esquema de adscripción orgánica y funcionamiento propios de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Zaragoza incurriendo en dilapidación de recursos que en muchos casos se aplican a proyectos simbólicos sin incidencia económica medible. Todos estos entes y organismos deben coordinarse, o mejor subordinarse, a las administraciones agrarias, independientemente de la "autoridad" que emane de la fuente de su diseño orgánico.

Organizar un proceso de reestructuración de estas características necesita una firme voluntad política, y un convencimiento por parte de los participantes, especialmente los empresarios agrarios. También necesita que los partidos políticos no hagan de este enfoque motivo de enfrentamiento.

La situación de crisis económica exige de todos un cambio que profundice en la transformación de España emprendida en 1978. La metodología seguida en el área industrial no ha dado un resultado cómodo para nadie, y esto ya no es posible resolverlo en solitario ni desde la clase política ni desde las instituciones, es verdad que hace falta un cambio del cambio, pero este proceso debe ser microeconómico y cualitativo, dando a los agentes económicos y sociales el protagonismo y la responsabilidad.