Ficción y realidad

Una vez más, el Gobierno ha presentado otro presupuesto contablemente austero. En esta ocasión el objetivo es contener el déficit público para poder bajar los tipos de interés y así relanzar la economía. A partir de hoy se iniciará el gran debate nacional sobre si el presupuesto es más o menos restrictivo o expansivo o si se gasta tanto en tal o cual partida. Pero a partir de su aprobación, a finales de año, la letra pequeña del presupuesto perderá buena parte de su interés. Y lo que puede ser mucho más preocupante: ¿quién velará por su cumplimiento?.En 1993, Presupuesto y realidad no han podido ser más dispares. Se han gastado casi dos billones de pesetas más de las aprobados por el Parlamento y se ingresará casi un billón menos. El problema es, pues, de credibilidad.

El año pasado cuando por estas fechas el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, presentó el Presupuesto de 1993 advirtió que estábamos inmersos "en una crisis internacional mucho más profunda de lo que nadie podía prever, que no se podía frenar con políticas de corte keynesiano", es decir, con aumentos de gasto público para reactivar la economía. Ante este diagnóstico planteó un ejercicio restrictivo, "el más moderado de los últimos 20 años", con sacrificios para asalariados y funcionarios. En esta línea el Gobierno fijó un crecimiento del gasto del 3,7% y situó el objetivo del déficit público en el 2,3% del PIB.

El resultado no ha podido ser más torcido, sin paliativo de ningún género. El gasto crecerá este año el 16,8%. Es decir, el presupuesto de 1993 será el más expansivo de los últimos años y el déficit rebasará el 6%, lo cual supone una grave hipoteca para los próximos ejercicios y un serio descrédito para Gobierno, oposición y Parlamento. La paradoja está en que el año pasado no se podía hacer un presupuesto expansivo, con medidas de relanzamiento para no desmadrar el déficit, pero al final ni se reactivó la economía ni se han corregido las cuentas públicas.

El descontrol del déficit ya se había convertido en habitual en los últimos años (800.000 millones en 1991 y 600.000 en 1992). Pero los 2,4 billones de este año resultan de difícil justificación. Con esta desviación, el Estado habrá gastado este año 3,8 billones de pesetas más de lo ingresado, lo que exigirá nuevas emisiones de deuda, que para el conjunto de las Administraciones Públicas alcanzan ya los 30 billones de pesetas, más del 50% del PIB.

El famoso artículo 10 de los Presupuestos que prescribe que "el conjunto de las obligaciones reconocidas en 1993 con cargo a Presupuestos del Estado... no podrán superar la cuantía total de los créditos aprobados", ha sido manifiestamente vulnerado. La obligación del Gobierno de comunicar trimestralmente al Congreso y Senado las operaciones de ejecución del presupuesto, tampoco ha tenido efectividad alguna.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, está decidido a afrontar el problema de la credibilidad creando una Comisión de Control del Gasto. Su objetivo para 1994 es reducir el gasto en un 1,3%, con aumento de los ingresos del 3,7% y rebajar el déficit hasta el 5,2%. Para algunos analistas, a finales del próximo año la deuda pública se acercará al 60% del PIB, con lo que España dejará de satisfacer el único criterio de convergencia que cumplía. También hay dosis de voluntarismo como la previsión de un aumento salarial del 2,5%, o el cálculo según el cual se mantendrá el número de cotizantes a la Seguridad Social.

Lo más preocupante sigue siendo cómo salir de la crisis y crear empleo. Para 1994 se prevén unos 80.000 empleos menos y 150.000 parados más. La tarea queda pendiente y se fía al reequilibrio de las macromagnitudes y precisamente a la contención del déficit. Si eso tampoco se logra, todos los sacrificios habrán sido baldíos.