El Gobierno anuncia 150.000 parados más en 1994

"Estamos en una situación de crisis y toda la sociedad debe hacer un esfuerzo", explicó el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tras el Consejo de Ministros que aprobó ayer unos Presupuestos Generales del Estado para 1994 calificados de "austeros" junto con el recorte del desempleo y los incentivos fiscales a las empresas. No es cierto, en su opinión, que las medidas estén descompensadas porque favorezcan a los empresarios a costa de los pensionistas, los parados y los trabajadores en general, tal como critican los sindicatos.El ministro explicó así el reparto de los sacrificios: "El 99% de los habitantes de este país somos trabajadores, parados o pensionistas y sólo el 1 % son empresarios; desgraciadamente, quien genera empleo son los empresarios y si queremos solucionar el problema del paro hay que darles ventajas". Ahora bien, precisó, "por muchos incentivos que les demos, los empresarios harán lo que quieran en función de su expectativa de beneficios".

"La condición que les ponemos", añadió, "es que no dispongan de estos recursos libremente, sino que los dediquen a invertir y a crear empleo y esto es lo que tienen que hacer a cambio de la moderación salarial". No es cierto, añadió, que se abandone al colectivo más desprotegido, el de los pensionistas, porque el año que viene se les subirá las pensiones en un 3,5% con cláusula de revisión. "Pedimos a quienes tienen menos problemas de empleo, los funcionarios, que acepten la congelación salarial y la disminución en la oferta pública de empleo y a quienes tienen un puesto de trabajo, que acepten la moderación salarial".

Sin consenso

La aprobación ayer de los Presupuestos Generales del Estado para 1994, junto con el paquete de medidas reactivadoras y el recorte en las prestaciones por desempleo, se produce, por otra parte, sin el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, es decir, sin la garantía de que puedan aprobarse por mayoría en el Congreso, y con la oposición frontal de los sindicatos al recorte del desempleo. El ministro de Economía negó que el Gobierno esté dando más importancia al pacto político que al pacto social, tal como han criticado los sindicatos.

La prueba está, según Solbes, en que "con Convergencia i Unió hemos celebrado tres reuniones mientras que con los sindicatos hemos tenido l4". Lo que ocurre, añadió el ministro, es que "los sindicatos sólo oyen lo que quieren oír" y lo que "les hemos dicho desde el mes de agosto pasado es que teníamos de plazo hasta hoy [por ayer] para solucionar la desviación en el gasto por desempleo porque es imprescindible para encajar el déficit". Para el año próximo está prevista una aportación del Estado al Instituto Nacional de Empleo de 800.000 millones de pesetas. Al desempleo se destinan 2 billones, el 85,7% del presupuesto del Inem.

En este sentido, añadió, "no entendemos la sorpresa de los sindicatos y no estamos de acuerdo en calificar estas medidas de un nuevo decretazo". Para justificarlo señaló que se les ha ofrecido abrir un plazo de negociación en el que se pueden modificar algunos aspectos pero no el recorte aprobado ayer, que no especificó.

Un millón de parados -de 1,9 millones con cobertura- se verán afectados por el recorte del desempleo y una parte de ellos por partida doble, según los datos facilitados a sindicatos y patronal por los responsables del Ministerio de Trabajo en la reunión del pasado lunes.

La reforma que a más personas afecta -846.000- es el pago de la "cuota obrera" a la Seguridad Social por parte de quienes reciben prestación contributiva. Esa cantidad, que ahora abona el INEM junto a la cuota empresarial, se les descontará del seguro de paro.

Parte de ese grupo de desempleados -177.000- tendrán un recorte adicional. Se trata de los afectados por la reducción del tope mínimo de prestación contributiva para los beneficiarios sin hijos a cargo, que baja del 100% al 75% del salario mínimo.

La incompatibibilidad entre la indemnización por despido y el seguro de paro recaerá en 56.000 personas. En este caso se aplaza el cobro de la prestación de paro hasta que se considere agotada la indemnización. Ésta se considera como salario de forma que su cuantía total se divide mensualmente según el sueldo dejado de percibir. El derecho a la prestación no se ve mermado ni en tiempo ni en cuantía.

El subsidio que se paga "por responsabilidades familiares" sufre una modificación que afecta a 186.000 personas. Se limita a quienes tengan a su cargo cónyuge o hijos, cuando en la actualidad se hace extensivo a parientes de segundo grado.

Enviado al CES

Un recorte estricto de la prestación o el subsidio recae en quienes han perdido un trabajo a tiempo parcial. La denegación del derecho al seguro de paro se aplicará a quienes queden en desempleo por negarse a la movilidad funcional. El Gobierno ha retirado una medida similar prevista para los despidos declarados procedentes por los jueces y para los trabajadores que se nieguen a la movilidad geográfica.

Además se modifican las infracciones y sanciones en caso de fraude en el devengo y percepcion de las prestaciones, aunque el Gobierno no ha facilitado más información.

Esas medidas de reforma del desempleo están recogidas en un anteproyecto de ley que el Gobierno remitió ayer, por vía de urgencia, al Consejo Económico y Social (CES) para que emita el dictamen preceptivo. La norma está sujeta a modificaciones en caso de que se llegue a un acuerdo con los sindicatos en las conversaciones que proseguirán hasta el próximo día 4 de octubre. De momento, tanto CC OO como UGT han expresado su total rechazo a esas medidas que ellos califican "de recorte" y que persiguen un ahorro del gasto de unos 200.000 millones.