Tribuna:EL IRPF Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tribuna
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Sobre el 15%

En la polémica suscitada en torno a la posible participación del 15% en las cuotas líquidas territorializadas del impuesto de la renta de las personas físicas por parte de las comunidades autónomas, algunos han pensado que esta participación se agregaría a la financiación global de la que ya disponen las mismas.Esta ingenuidad, mantenida por algunos alcaldes, no precisamente de los pueblos más pequeños, cae por su peso; nadie con dos dedos de frente puede pensar, y menos en estos momentos, que es posible incrementar la presión fiscal en medio billón de pesetas o agregar un punto del PIB en el déficit de las administraciones públicas.

También se ha deslizado la idea de que con este mecanismo se puede avanzar simultáneamente en la consecución de dos objetivos a la vez, vincular una parte de la financiación autonómica al esfuerzo fiscal regional y hacer posible una mayor solidaridad interregional.

Esta aspiración merece una consideración más detallada. El sistema de financiación vigente está impregnado de solidaridad regional de forma evidente; aunque ha contribuido a reducir las fuertes diferencias que había entre las comunidades en términos de financiación per capita, todavía subsistente un abanico para las comunidades de vía lenta que en 1990 se extendía entre las 20.327 pesetas por habitante de Madrid y las 35.674 pesetas de Extremadura para prestar el mismo bloque de servicios.

En los datos anteriores no está contemplada la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial que para 1993 alcanza la cifra de 128.844 millones de pesetas y que se define en la Constitución como el elemento básico de solidaridad interregional, al cual acceden las nueve comunidades autónomas cuyo PIB por habitante es inferior al 75% de la media de la Comunidad Europea.

Establecida la fuerte componente solidaria que se desprende de la mera lectura de las anteriores cifras, cabe pensar que la vinculación de una parte de la financiación autonómica al esfuerzo fiscal regional y que los ciudadanos puedan visualizar que el gasto de las comunidades está relacionado con un impuesto potente y vertebrador del sistema fiscal tiene las ventajas de introducir mecanismos de eficacia en el sistema público, aunar esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y responsabilizar a los gestores públicos autonómicos en el gasto y en el ingreso.

De los datos estadísticos que disponemos no se infiere que vaya a existir una pérdida de posición de aquellas comunidades autónomas para las que la variable pobreza relativa es mayor. Para el cuatrienio 198811991, el incremento medio acumulado en el ámbito nacional de las cuotas líquidas del impuesto fue del 78,71%, situándose en una escala entre el 54,11 % para Baleares y el 93,06% para Castilla-La Mancha.

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Desde la comunidad de Madrid hemos considerado que la dosis de insolidaridad mayor que puede tener un sistema es no permitir a uno de sus miembros acceder a él; es preciso, por tanto, aplicar medidas que palíen el obstáculo de no poder alcanzar transitoriamente la plenitud del nuevo desarrollo de financiación y poner las bases para que cuando ese acceso se produzca nuestra comunidad no pierda en posición relativa frente a aquellas cuya incorporación plena va a ser más inmediata.

Por tanto, nuestra posición se resume en las siguientes propuestas que hemos formulado al Gobierno:

- Si en 1994 se produce el traspaso de la competencia sobre universidades y la financiación derivada de los servicios que prestaba la diputación provincial se agregan a la participación en ingresos del Estado, podríamos acceder en ese mismo año a un porcentaje transitorio del IRPF y con el avance del proceso transferencial, Madrid accederá a la participación del 15% en el impuesto.

- Las bases de cálculo para la recaudación normativa no deben afectar negativamente a nuestra comunidad en el momento de acceder al porcentaje de participación en el periodo transitorio ni en el definitivo.

- La efectividad de la participación debe ser a partir del mismo año en que la participación en los ingresos del Estado lo permita y no a partir del siguiente, tal como dice el actual documento de trabajo circulado por el Gobierno.

- La fórmula no debería permitir la corrección anual de los incrementos de recaudación, sino que ésta y su evolución se fijen en el año base para el quinquenio.

En el transcurso de este mes se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para decidir sobre el documento definitivo que ampare la solución de esta cuestión. Nosotros apostamos sin ninguna duda por la participación de las comunidades autónomas en el impuesto sobre la renta, en los términos descritos, y creemos que la medida lejos de favorecer insolidaridades favorecerá al conjunto del sistema fiscal español, perfeccionando la autonomía de las regiones también desde la perspectiva de los ingresos públicos.

Ramón Espinar Gallego es consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

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