Suspensión cautelar del cobro de tasas a hijos de maestros por parte de la UB

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende cautelarmente "la ejecución del acto administrativo" realizado por la Universidad de Barcelona (UB), impugnado por ocho funcionarios del Departamento de Enseñanza de la Generalitat a los que dicho centro exigió el pasado curso el pago de las matrículas de sus hijos o cónyugues. Históricamente, y hasta el pasado curso, los funcionarios de Enseñanza y sus parientes directos estaban exentos del pago de las tasas universitarias.La Unión Sindical de los Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña (USTEC), sindicato a través del cual los ocho funcionarios recurrieron la decisión de la UB, interpreta que "el acto administrativo" al que alude el documento jurídico se refiere tanto al cobro de tasas como a las represalias que la citada Universidad anunció que tomaría contra quienes se negaran a pagar; por ejemplo, invalidar sus exámenes. La UB informó ayer que en los próximos días recurrirá el auto del Tribunal Superior.

En esta Universidad -la mayor de las siete universidades catalanas- se matricularon el curso pasado alrededor de 2.500 hijos de profesores de secundaria y de maestros, cuyas tasas ascendían a 142 millones de pesetas.

A finales de curso, las otras dos principales universidades de Cataluña -la Politécnica y la Autónoma- decidieron suprimir también la gratuidad de las matrículas para los hijos de funcionarios de Enseñanza, acuerdo que han empezado a aplicar ya a partir de este año. Fuentes de ambos centros universitarios indicaron ayer que, puesto que el auto del Tribunal Superior no se refiere a ellos sino exclusivamente a la Universidad de Barcelona, seguirán cobrando las mencionadas tasas. Las mismas fuentes añadieron que las matrículas de los hijos y cónyuges de funcionarios están incluidas en los presupuestos para este curso como ingresos, y, por tanto, en un periodo de máxima restricción económica, las universidades cuentan con este dinero para su buen funcionamiento.

Regulación

Según el Ministerio de Educación y el Departamento de Enseñanza, las tasas gratuitas no se hallan reguladas por ninguna norma legal. Sin embargo, los sindicatos sostienen que sí hay legislación al respecto. En concreto, esgrimen un decreto de 1967 para demostrar el derecho a la gratuidad de funcionarios y familiares.La UGT emitió ayer un comunicado en el que exige al Departamento de Enseñanza y a las universidades catalanas que garanticen el citado derecho. La central reclama la devolución de las cantidades abonadas por los afectados en concepto de matrícula del curso 1992-93 e insiste en su intención de impugnar jurídicamente "toda suspensión de la gratuidad en cualquier Universidad catalana".