Pacto social en Liliput

En el país de Liliput, Gulliver se despertó retenido en el suelo por miles de finísimos hilos: liberado de ellos, pudo poner su fuerza al servicio del reino. Así está España, retenida en la crisis por una tupida red de restricciones de la que, liberada, podría ponerse en pie otra vez para beneficio de todos, inclusive sus liliputienses captores. Desde que Gobierno y oposición se han dado cuenta de la gravedad de la crisis económica, todo son exhortaciones al sacrificio, todo son apelaciones a que, como reza la manida frase, nos apretemos el cinturón -se entiende, sin que los liliputienses renuncien a sus extorsiones-Mi tesis es que los españoles en general ya nos sacrificamos bastante en favor de diversas minorías políticamente sobrerrepresentadas, minorías que son precisamente las causantes de la parte estructural de la crisis. La experiencia y la teoría económica nos aseguran que la reducción del poder y las rentas de esas minorías explotadoras nos devolverían al camino de la prosperidad -y si lo hacemos bien, sin casi sacrificio para nadie-.

La imposición de una política de rentas avalada por un pacto social entre Gobierno, patronal y sindicatos es el medio elegido por nuestros líderes para extraer nuevos sacrificios de la gran mayoría. Pero el mismo Banco de España, que de forma tan oscurantista ha insistido en que se combata el paro con una congelación de salarios, admite que una política de rentas es un mal sustituto de una liberación de los mercados laborales y una reducción del gasto social.

Las políticas de rentas hacen mucho daño a la economía. Nadie tiene la información suficiente para calcular el porcentaje óptimo de subida de cada salario. Es seguro que algunos salarios tienen que subir por encima de la inflación y otros muy por debajo. Las colas que se forman ante las profesiones sobrepagadas, como los farmacéuticos o los mineros, sirven para engrosar el paro. La limitación de los dividendos dificulta el funcionamiento del mercado de capitales. La obligación de las empresas de invertir en esto o aquello siguiendo indicaciones del ministerio reduce su capacidad de crecimiento.

El único atractivo de la política de rentas es que alivia temporalmente las tensiones inflacionistas sin necesidad de desmantelar el Estado corporativo. Así, la patronal podrá conseguir el traslado de cotizaciones sociales a los contribuyentes de a pie, y la limitación en el reparto de dividendos -qué más quieren los ejecutivos- El Gobierno obtendrá más votos en las próximas elecciones al librarse de tener que reformar la ley laboral y que reducir los gastos sociales, gracias al control de salarios. Los sindicatos oficialistas podrán imponer su presencia decisiva en todas las huelgas, en todas las comisiones de política económica, en todos los comités de empresa, en todos los fondos de pensiones, todo ello con la subvención de las empresas y el Estado.

Por ejemplo, Apolinar Rodríguez, secretario de Organización de UGT, hombre inteligente y expresivo, se merece sin duda un sueldo, pero no de Renfe, donde es director general in pártibus infidélium, obispo absentista de una diócesis sobrada de indulgencias aunque falta de fondos. Su situación privilegiada, a sueldo de la empresa y no de los afiliados, es la misma que la de los numerosísimos enlaces y empleados sindicales del mundo laboral español: las empresas los liberan, les pagan un sueldo para que les hagan la contra. Hay empresas públicas que se gastan 5.000 millones de pesetas al año en financiar el sueldo de empleados sindicales. ¿Qué tenemos que pactar los españoles con él, Ó sus compañeros similarmente paniaguados? Para que todos empecemos a respirar y prosperar, sorpréndanse ustedes, ni siquiera tiene por qué ser permanente la renuncia de las minorías privilegiadas -falsos parados, sindicalistas politizados, empresarios protegidos, trabajadores fijos, pensionistas prematuros, burócratas reduridantes- Estoy seguro de que mi amigo Apolinar, a quien verdaderamente aprecio, encontraría un buen puesto. Todos nos beneficiaríamos del salto de productividad nacido de una liberación económica.

Miremos el fenómeno del paro. Los trabajadores a los que la ley permite obtener indemnizaciones de despido leoninas, lo equivalente a 45 días o más por año de trabajo, no alcanzan los dos tercios de los empleados. Si sumamos un 22% de parados más un 29% de personas en si tuación de precariedad, es decir, con contratos temporales, de prácticas y a tiempo parcial, obtenemos una proporción superior a la mitad de los activos. La situación a la postre angustiosa de los parados, hayan conseguido o no alguna chapucilla, así. como el sueldo relativamente más bajo de los temporales, se debe principalmente a la protección legal de que gozan los per manentes: éstos trabajan menos, guardan más días de cama por enfermedad, resisten con más éxito los traslados de puesto o de ciudad que los sujetos a contra tos de mercado. Cuando los sin dicatos denuncian la precarización, en realidad proponen en grosar las filas de parados para proteger los privilegios del número cada vez más pequeño de los agazapados tras el Estatuto de los Trabajadores y las ordenanzas laborales franquistas. El hecho de qué se haya conseguido cubrir con contratos libres un tercio de los puestos de trabajo de España indica que la liberación del mercado laboral no crearía un catastrófico desempleo, como lo piensan los aconchabados, sino principalmente la reducción de ciertos salarios y el aumento de las jornadas de trabajo. No suele saberse que, por término medio y descontando sábados, domingos, fiestas de guardar, vacaciones y otras prebendas, los estatutarios trabajan ¡sólo 17 días y medio al mes!

Unos ejemplos del otro lado. Los productores de plátano canario gozan de la exclusiva del mercado peninsular y nos venden a sus conciudadanos ese fruto a cuatro veces el precio mundial. Aparte de que el cultivo de plátano es muy sediento de un agua escasa en el archipiélago, tal subsidio, así como el de paro, contribuye a fijar en las islas una población joven tradicionalmente emigrante. Pero ¿qué tiene de malo probar fortuna fuera, en vez de quedarse en el pueblo amamantado por las ubres de la caridad pública?

Más generalmente, el nuevo secretario general del GATT, Peter Sutherland, ha denunciado que la protección agrícola ha costado en 1992 a cada habitante de la Comunidad Europea 450 dólares por término medio, lo que para una familia de cuatro personas significa unas 260.000 pesetas anuales. Naturalmente, este, impuesto recae con más dureza sobre los pobres, que gastan proporcionalmente más en comida que los adinerados. El mismo carácter de protección de una minoría de mal llamados productores tiene la otorgada a la minería del carbón en España -obreros de Hunosa y empresarios privados de minería- El carbón de Hunosa cuesta unas 33.500 pesetas por tonelada de poder calórico equivalente a la de carbón norteamericano o polaco, combustible extranjero éste que sale a unas 5.400 pesetas CIF, antes de pasar aduana. La industria eléctrica española tiene que comprar el carbón a 13.550 pesetas, lo que supone buenas ganancias para los carboneros privados. Ocho mil pesetas de diferencia las paga el consumidor de electricidad, y en el caso del carbón del Estado, 20.000 más el contribuyente. No les digo lo bien que le vendría a la industria española para competir en el mundo que la energía que consume fuese más barata...

La opinión pública, mal ilustrada por los periódicos, entre ellos EL PAÍS, reclama un pacto social y se plantea la salida de la crisis en términos de un toma y daca con nuestro captores. Para salir de la crisis no hay que exigir ni un solo gran sacrificio más a los españoles en general, sino uno más bien pequeño a esos liliputienses que explotan inmisericordes al resto del país tras la cortina de humo de "¡Ni un paso atrás en las conquistas sociales!": precisamente los que se sientan en la mesa de negociación del pacto social.

es catedrático de Economía de la Universidad Complutense.