Pacto social, sí; ¿por qué sí?

PORQUE LA experiencia demuestra que el mercado por sí mismo no es capaz de adecuar los salarios a la situación económica depresiva, ni siquiera con tasas de paro superiores al 20%; porque las medidas precisas para reducir el déficit público afectan a derechos adquiridos, por lo que su aplicación requiere del máximo consenso posible; porque una vez puestas en marcha las condiciones previas a la recuperación (devaluación de la peseta que permite recuperar competitividad y rebaja de los tipos de interés), la efectiva reactivación de la inversión -y del empleo- requieren de un escenario aliviado de incertidumbres que favorezca la confianza en el futuro. Además, las medidas de estabilización pactadas con los agentes sociales en algunos de los principales países de nuestro entorno definen un campo de juego -y de competencia- al que sería imposible sustraerse.Abonarse al escepticismo es barato y elegante, pero contribuye poco a romper con la pasividad que los críticos del pacto denuncian. El principal argumento contra el pacto es que, en los firmados entre 1977 y 1984, las ganancias de competitividad resultantes de la relativa moderación salarial pactada se han visto siempre contrapesadas por el incremento del gasto social comprometido en los acuerdos, con efectos a la larga más perjudiciales para la economía. Es un argumento digno de consideración; pero si los pactos no consiguieron disciplinar los salarios a la coyuntura, mucho menos lo ha conseguido su ausencia.

Hay motivos para pensar que un acuerdo diferente a los del periodo anterior es ahora posible. Porque el paro ha alcanzado cotas desconocidas en nuestra historia reciente, porque existe una demanda social en favor de supeditar otros objetivos legítimos al de creación de empleo y porque un acuerdo de ese tipo formaba parte del programa del partido vencedor (y del primero de la oposición) de las recientes elecciones.

En cada país se señalan causas específicas para explicar la crisis (coste de la unificación -en Alemania-, despilfarro presupuestario, competencia de los productores asiáticos, endeudamiento excesivo de las familias en los años ochenta, etcétera), pero en todos ellos los efectos son los mismos: déficit público demasiado elevado, pérdida de competitividad, incremento del paro. Lo singular de España es que la magnitud de algunos de esos males, y singularmente el paro, es mayor: dobla la media de la Comunidad Europea.

Esa singularidad sólo se explica por algunas características de nuestro mercado de trabajo. Fundamentalmente, la insensibilidad de los costes salariales al nivel general de desempleo, por una parte, y a la situación específica de cada empresa, por otra. El efecto ha sido que empresas en dificultades han tenido que elegir entre subir los precios o despedir personal: inflación o paro. Mejor dicho: ambas cosas a la vez, porque esas subidas de precios inciden en pérdida de competitividad y, por tanto, en más paro.

Con 3,4 millones de parados, muchos padres están dispuestos a ganar menos a cambio de mayores posibilidades de empleo para sus hijos. La contrapartida de una política de moderación salarial como la propuesta por el Gobierno es el empleo, no puede ser otra. Si, como ocurrió tras la huelga general de 1988, las contrapartidas suponen un incremento del gasto social imposible de financiar sin recurso al ahorro exterior, otra vez subirían los tipos de interés, abortando la recuperación y volviendo al círculo vicioso de estos años. Si las medidas dé rigor monetario adoptadas no dieron resultado fue porque no fueron acompañadas de las complementarias relativas a la contención del déficit y de reformas estructurales.

El análisis del déficit revela, de otro lado, que la desviación se produce, sobre todo, en el gasto social; como en todos los países, ciertamente, y de ahí las medidas que en todos ellos se están adoptando. El déficit del Inem será este año de 416.000 millones, con un crecimiento del 12% respecto a 1992, pero hubiera sido de 732.000 millones de no haberse aplicado los recortes aprobados el año pasado. No basta con afirmar que el problema desaparecerá creando empleo -como hacía el programa electoral del PP-, pero tampoco cerrar los ojos -como hacen los sindicatos- a la evidencia de abusos y fraudes en la percepción de las prestaciones.

En cuanto a las pensiones, aunque las medidas adelantadas por el Gobierno no afectarán a las ya existentes, el escaso desarrollo de los sistemas privados de previsión hace problemático cualquier recorte, sobre todo porque los jubilados no tienen la posibilidad de recuperar en el futuro la pérdida actual de poder de compra. Pero el acuerdo es necesario, luego debe ser posible.