Varados en el fondo

LA ECONOMÍA española está varada en el fondo de la crisis. No baja, pero tampoco sube. Éste es el mensaje que se desprende del informe de coyuntura del segun do trimestre elaborado por el Banco de España. Es éste siempre un informe muy provisional, en el que los indicadores son más un reflejo de las sendas que el banco emisor pronostica para la economía que una conclusión definitiva sobre el momento. Son datos, pues, que hay que tomar como lo que son: más un indicador de tendencia que una fotografía del momento económico. El diagnóstico del banco emisor se resume en estos enunciados: las cosas están empezando a ir mejor en al gunos aspectos, pero Ciertos males endémicos amenazan con anular los beneficios de esas mejoras. La destrucción de empleo, sin detenerse, se ha frenado, pasando de 500.000 puestos de trabajo destruidos en los dos trimestres anteriores a los 14.000 del periodo abril-junio; la actividad industrial sigue cayendo, aunque no a ritmos tan acelerados; la balanza comercial ha dado un giro muy positivo gracias a las tres devaluaciones, que han permitido recortar de forma muy sensible el déficit comercial; la construcción -uno de los mejores termómetros para detectar tanto el inicio como el final de las crisis- ha empezado a repuntar. Todos éstos son indicios de que la crisis ha tocadofóndo.

Pero el Banco de España llama la atención sobre algunos desequilibrios crónicos: inflación, déficit público, presión de los salarios, atonía de la demanda y del consumo. La inflación sigue sin estar controlada de forma suficiente, como han puesto de manifiesto los datos de julio. Una subida del 0,4% en ese mes no sería mala en plena actividad, pero lo es en un contexto recesivo como el actual. El déficit público se ha convertido en la peor herencia del nuevo Gobierno. Empieza a no pasar semana sin que el equipo que dirige Pedro Solbes encuentre un nuevo agujero negro en las cuentas del Estado.

El desvío presupuestario de este año alcanzará los dos billones de pesetas, como ha venido a reconocer el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Uno de sus hombres de confianza, el anterior secretario de Estado de Hacienda y actual director del Gabinete de la Presidencia, Antoni Zabalza, ha dejado en el armario dos auténticos cadáveres para las cuentas del Reino: 450.000 millones de pesetas correspondientes a gastos del Inem en los ejercicios de 1991 y 1992 se cargarán al ejercicio de 1993, y, por si esto no bastara, el error de cálculo en los ingresos por la campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas ha sido de 150.000 Millones de pesetas. Según estimaciones realizadas por Hacienda en mayo pasado, la campaña le iba a reportar unos ingresos netos de 90.000 millones de pesetas, pero las declaraciones con derecho a devolución han sido más de las previstas, hasta el punto de que el saldo final ha sido negativo para Hacienda en 60.000 millones. Un error de considerable magnitud.

El Banco de España llama también la atención sobre los salarios y sobre la necesidad de reformar el mercado de trabajo. Serán los grandes ejes del pacto social que de hecho ya están negociando el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Ayer mismo, el Gobierno dio una muestra de reflejos al adelantar en una semana el planteamiento económico que servirá de marco a la negociación. Ese planteamiento contempla ahora un aumento salarial del 2,5%, es decir, equivalente a la inflación media prevista en los tres países con menor IPC de la Comunidad Europea. Así, el Gobierno identifica ahora moderación salarial con crecimiento por debajo de la inflación prevista en España y no muy alejada de la de los países con precios más estables.

Esta oferta es una prueba de realismo. Parece claro que los sindicatos difícilmente entrarían a negociar el resto de los componentes del pacto si la congelación salarial fuera, una de las condiciones irrenunciables del acuerdo. Algunos sectores del empresariado habían expresado sus temores de que una medida tan drástica, aparte de inviable en muchos sectores, pudiera tener un efecto psicológico represor del consumo que dificultase aún más el cambio de tendencia.

El objetivo del Gobierno es que los salarios crezcan en torno al 2,5% en 1994 y medio punto por debajo de la inflación en los dos o tres años siguientes, con objeto de que el IPC se sitúe en torno al 3% en 1994; si no se logra el pacto de rentas, Economía sitúa la previsión de inflación en el 5%. El Ejecutivo considera esencial ese pacto para lograr un margen que permita recortar a corto plazo los tipos de interés y estimular así la inversión privada y con ella la actividad económica. Con todo, las previsiones para 1994 son modestas; el equipo de Solbes espera crecer un 1,7%, tasa que no garantiza la reducción del paro, aunque sí una estabilización o un ligero crecimiento del empleo.