Investigado por corrupción un magistrado de la Audiencia de Milán

El presidente adjunto de la Audiencia de Milán, Diego Curtò, de 64 años, se convirtió ayer en el primer magistrado investigado por los jueces anticorrupción de la operación Manos Limpias, que le acusan de haber favorecido a Vincenzo Palladino , ex vicepresidente del Banco Comercial, actualmente en la cárcel acusado de concusión (cobros ilegales por parte de funcionarios).Curtó nombró a Palladino en 1990 custodio provisional de las acciones de Enimont, que el propio juez había confiscado temporalemente. Palladino está acusado de haber favorecido, previo pago, a la familia Ferruzzi.

El origen de las acusaciones contra el magistrado Curtó, influyente y muy conocido en Milán, sería la declaración del ex presidente de Montedison, Giuseppe Garofano, actualmente bajo arresto domiciliario.

Cercano a Craxi

Se abre así un capítulo más del escándalo Enimont, surgido entre la Montedison del desaparecido Raúl Gardini y el Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI), en el que éste pidió al Tribunal Civil, en noviembre de 1990, que interviniera ante la presión de Gardini por hacerse con el control de Enimont. El magistrado Curtó pisé el freno y puso el 80% de las acciones de Enimont -que pertenecían a partes iguales al ENI y a Montedison- bajo custodia del abogado Vincenzo Palladino, cercano a Bettino Craxi y al Partido Socialista, y miembro del Consejo de Administración del Banco Comercial.Palladino tuvo en sus manos las acciones 23 días y recibió por ello 4.500 millones de liras (casi 400 millones de pesetas). Dos mil millones de liras le fueron dados por el ENI, con factura; el resto le vino de la Montedison, sin justificante alguno, y mediante el pago de una cuenta en el extranjero. Un pago de servicios -así lo considera Palladino- que los jueces anticorrupción estimaron excesivo, por lo que sospecharon que detrás podrían esconderse operaciones no del todo legales.

El que los jueces de Manos Limpias acusen al magistrado Curtó de favorecer a Palladino y, con él, al sistema político, tiene gran relevancia desde el punto de vista procesal. La ley impide a una audiencia ocuparse de cuestiones en las que están implicados sus propios miembros, por lo que los jueces anticorrupción mandaron las actas previas al tribunal de Brescia. Si la acusación contra Curtó fuera de mayor entidad, tendría que ser trasladada a Brescia toda la investigación del caso Enimont, el escándalo más grande de la corrupción italiana, que empezó con el pago de una comisión ilegal a los políticos de 150.000 millones de liras (unos 13.000 millones de pesetas).