La urgencia del pacto

CABEN POCAS dudas sobre la necesidad de afrontar sin demora las prioridades que la situación económica aconseja. La recesión por la que atraviesa la economía española -con elementos comunes a la del resto de las economías industrializadas- exhibe rasgos peculiares cuya adversidad puede hipotecar las posibilidades de recuperación y, en consecuencia, aplazar la reducción de la gravedad de su principal problema: el paro. Eso explica que ayer comenzaran los primeros contactos entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios para tratar de elaborar un diagnóstico de la situación y, consecuentemente, buscar las posibles soluciones aceptadas por todos.El intenso descenso de la producción y del empleo coexiste en nuestro país con tasas de inflación más elevadas que las del resto de las economías industrializadas, lo que demuestra el ineficiente funcionamiento de algunos sectores y mercados. Su eliminación es indispensable para que las empresas españolas puedan sobrevivir en un contexto internacional cada vez más competitivo y, de esta forma, poner freno a la preocupante destrucción de puestos de trabajo.

Si limitada es la autonomía de las autoridades españolas para estimular aisladamente el crecimiento económico, no lo es en modo alguno para propiciar la eliminación de esos obstáculos que impiden no sólo que la economía crezca, sino que funcione correctamente. De ahí que, entre las tareas que ha de afrontar el nuevo Gobierno, sean prioritarias las reformas de algunos mercados y de las condiciones que regulan determinados sectores de nuestra economía. También es un hecho asumido que uno de los más importantes obstáculos, aunque en modo alguno el único, se localiza en el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a todo, lo que quizá resalte más en estas circunstancias recesivas tan serias sea la ausencia de una exposición de criterios sobre los planes económicos de un Gobierno en el que existe un vicepresidente encargado de la política económica y un equipo que debería llevar a la práctica dichos criterios.

El excesivo crecimiento de los costes laborales constituye hoy uno de los principales factores que alimentan esa tendencia a la destrucción de empleo. Junto a esas condiciones en las que negocian los que tienen empleo, la insuficiente movilidad geográfica y funcional o el encarecimiento del cese en la relación laboral inhiben la creación de puestos de trabajo en la economía española en mayor medida que en las de nuestro entorno. El resultado no puede ser otro que un impacto mucho mayor del debilitamiento de la economía sobre el empleo en nuestro país y la exigencia de tasas mínimas de crecimiento económico superiores a las de aquellos otros países para que se empiece a absorber desempleo.

El cuadro se completa con un creciente gasto público en prestaciones por desempleo y la existencia de importantes bolsas del propio sistema de protección, lo que, desde luego, reduce la asignación de recursos públicos a políticas destinadas a incentivar la creación de puestos de trabajo, ya sea mediante una mayor cualificación de los trabajadores o directamente mediante subvenciones a la creación de puestos de trabajo. La definición de una política de rentas -en la que, junto a la contención de los salarios, se estipulen las condiciones para la reinversión productiva de los excedentes empresariales- y la flexibilización de las condiciones laborales serán los elementos básicos en la agenda de las negociaciones que sindicatos y patronal han iniciado tras la convocatoria del Gobierno piara la suscripción de un pacto social.

Sin duda, nos encontramos en una de esas situaciones que sólo pueden superarse con la responsabilidad solidaria de todos los implicados. Al Gobierno le corresponde, en primer término, definir la política presupuestaria que frene el espectacular crecimiento del déficit público y acometer las restantes reformas estructurales. Pero no habrá forma de salir pronto y con el menor desgaste posible de la crisis si los agentes sociales no se comprometen seriamente en la tarea. Sólo así se sentarían la bases del clima social y político capaz de generar nuevamente la confianza de las fuerzas económicas nacionales e internacionales.