El PSOE aprobó 31.804 millones de crédito a RTVE con el apoyo de IU y los grupos catalán y vasco

Javier Arenas, portavoz del PP en asuntos de televisión, había anunciado sangre, en términos dialécticos, para el pleno de ayer. Pero la sangre no llegó al río. El Grupo Popular se opuso, con el único apoyo de los cuatro diputados de Coalición Canaria y del mixto José María Mur (Partido Aragonés) a la convalidación del decreto-ley por el que se concede un crédito extraordinario de 31.804 millones de pesetas a RTVE y se le autoriza a concertar operaciones de crédito. Arenas desgranó con firmeza las mismas acusaciones de incompetencia, despilfarro y exceso de programación comercial en TVE, pero se mantuvo en un tono suficiente para que el pleno no alcanzase la crispación habitual en los últimos meses de la pasada legislatura.

CAMILO VALDECANTOS, La única crispación del pleno fue tecnológica porque al no tener los diputados su escaño concreto asignado, se utilizó para la votación una tarjeta magnética y el resultado final arrojó 181 votos a favor de la convalidación, 114 en contra y 30 abstenciones. Sólo Pilar Rahola, de Esquerra Republicana, había anunciado la abstención, mientras que Izquierda Unida, Convergéncia i Unió y el PNV apoyaron la convalidación del decreto. Ello significa que 29 de las 30 abstenciones fueron errores en el manejo de la tarjeta. La mayoría de los errores debió producirse en las filas del PP.El nuevo ministro de Economía, Pedro Solbes, defendió la necesidad de convalidar el decreto ley, resumiendo su postura en que el crédito extraordinario tiene como finalidad "reponerla estructura financiera del grupo Radio Televisión Española, que se ha visto deteriorada como consecuencia de las pérdidas generadas en Radio Nacional de España y, por las actividades que la Orquesta y Coro de RTVE y el Instituto Oficial de Radio y Televisión plantean".

Arenas subió a la tribuna para denunciar que el Gobierno trataba de colar de rondón los 31.000 millones de pesetas del crédito extraordinario más el endeudamiento del Ente hasta 92.000 millones de pesetas, con lo que, según el diputado popular, "estamos hablando de 123.000 millones de pesetas".

El portavoz de los populares mantuvo el discurso de la pasada, legislatura respecto a lo que calificó en repetidas ocasiones como "situación caótica" de las finanzas de RTVE y arremetió contra la "irresponsabilidad" del Gobierno y de los dirigentes del Ente público estatal.

Luis Alberto Aguiriano, portavoz socialista, se opuso a las tesis de Arenas acusándole de mantener un tono "catastrofista" y apeló a la esperanza de que "los próximos debates recuperen el tono, en la medida de lo posible, de consenso y de acuerdo constructivo que todos deseamos".

González de Txabarri, portavoz del PNV, anunció el apoyo de su grupo por entender que es necesario mantener una radio y una televisión públicas. En la misma línea, el portavoz de CiU, Francesc Homs, explicó que el Grupo Catalán apoya una televisión pública lo más saneada posible.

Felipe Alcaraz, que estrenaba escaño y portavocía en representación de Izquierda Unida, explicó en la tribuna su apoyo crítico al decreto ley. Arremetió con dureza contra el director general de RTVE, Jordi García Candau, de quien llegó a decir que "mantener a Candau es como contratar para cirujano de la Seguridad Social a Jack el Destripador".

Prohibido usar el teléfono

El presidente del Congreso, Félix Pons, pidió ayer a los diputados que no utilicen teléfonos portátiles en el hemiciclo durante el pleno, debido a que interfieren en la megafonía de la sala. Pons tomó tal decisión después de que se escuchase por la megafonía el sonido de una llamada telefónica de procedencia desconocida. Consultados los servicios técnicos, éstos comprobaron que la interferencia estaba motivada por el teléfono portátil de un parlamentario, que en ese momento estaba recibiendo una llamada.

[Por otra parte, el portavoz del Grupo de CiU en el Congreso, Miguel Roca, calificó ayer de "viejo truco para excusar la propia incompetencia" las declaraciones realizadas el miércoles por el presidente del PP, José María Aznar, en las que acusó a CiU y PNV de ayudar al "oscurantismo" del Gobierno, tras negarse éstos a la comparecencia del vicepresidente Narcís Serra.

Roca explicó que la incompetencia del PP se debe a que "ignora los límites del reglamento de la Cámara y de la propia Constitución".

Según estas normas, la inclusión de un nuevo punto en el orden del día de un pleno extraordinario sólo puede hacerse a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente de la Cámara o de la mayoría absoluta de los diputados (un mínimo de 176). Sin embargo, la solicitud del PP sólo estaba firmada por 76 diputados.]