Lo prioritario

NINGUNA DUDA cabe de que la principal prioridad del nuevo Gobierno es afrontar la maltrecha situación económica. Es dificil que puedan darse datos más contundentes sobre la adversidad de su comportamiento: los últimos indicadores muestran la coexistencia de los más indeseables efectos de la recesión sobre el empleo con alzas en los precios, impropias de ese ritmo de actividad. Lo ocurrido en el mes de junio demuestra sobradamente lo dicho: por primera vez desde 1983 ha aumentado el paro registrado en dicho periodo; han sido 35.341 las personas que han pasado por la ventanilla del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en unas fechas en las que habitualmente ocurre justamente lo contrario. Ese aumento del paro añade gravedad a un cuadro ya suficientemente sombrío de nuestra coyuntura.El comportamiento del empleo, propio de un panorama recesivo intenso, no ha impedido que la inflación siga siendo una constante del sistema económico. La variación registrada en el mes de junio en el IPC ha situado la correspondiente tasa interanual en el 4,9%, notablemente superior a la de los principales países europeos. Excluidos los alimentos, la tasa mensual habría sido del 0,5%, y la tasa interanual se situaría en el 6,5%. La inflación subyacente -que excluye los alimentos sin elaborar y bienes energéticos- queda situada en el 5,9%. Conviene señalar que el mayor aumento en los capítulos de servicios, añadido a los efectos de la depreciación de la peseta, especialmente visibles en los transportes, ha vuelto a ilustrar las ineficiencias en algunos sectores necesitados de reformas estructurales inmediatas.

Las últimas previsiones oficiales no dejan lugar a la complacencia. Frente a los ejercicios de voluntarismo exhibidos durante la campaña electoral, el presidente del Gobierno ha reconocido que la crisis no sólo no ha tocado fondo, sino que registrará un notable deterioro en los próximos meses. Traducido a cifras, se han rebajado de nuevo las previsiones oficiales de crecimiento económico para este año y, lamentablemente, se ha anunciado el aumento de la destrucción de empleo hasta alcanzar la cota del 23% de la población. A lo largo de este año, la economía decrecerá en un 0,5% a causa, entre otros factores, de la caída de la inversión en un 7%.

Ante ese dramático escenario es inevitable insistir en la necesidad de que el nuevo Gobierno defina cuanto antes los instrumentos con los que piensa superar la situación. El pacto social aparece en primera línea con la convicción de que uno de sus elementos, pero no el único, debe ser el compromiso de los agentes sociales para que las rentas salariales no sigan creciendo al ritmo del 6% en una situación recesiva y con una inflación aún no dominada en las magnitudes idóneas.

Pero, en igual medida, el Gobierno está obligado a definir una política presupuestaria clara con el objetivo de mantener la virtualidad del programa de convergencia con Europa. Y, desde luego, abordar de una vez esas reformas estructurales señaladas en dicho programa y que han sido aplazadas en varias ocasiones. A corto plazo se trata, como mínimo, de clarificar los compromisos con el Sistema Monetario Europeo (SME) y de restaurar la confianza de los agentes económicos. Son dos requisitos imprescindibles para entrar en el camino de la recuperación.