Feministas y proabortistas protestan por el secreto de la vista del 'caso Los Naranjos'

Una decena de feministas y representantes de la Coordinadora Cívica por el Derecho al Aborto se congregó ayer ante el Palacio de Justicia en protesta por el secreto con que en esos momentos estaba resolviendo el Tribunal Supremo el recurso sobre el caso de aborto más antiguo de Europa, en el que están condenados cuatro fundadores en 1980 del centro de planificación familiar Los Naranjos, de Sevilla, para quienes pidieron la absolución. Las dos dirigentes feministas Marisa Castro y Empar Pineda pidieron que el aborto decidido por la mujer salga del Código Penal.

Las manifestantes, dado el carácter secreto de la vista -"vista y no vista", ironizó una de ellas-, no intentaron entrar en el Palacio de Justicia. A la puerta del mismo gritaron a favor del derecho al aborto y cantaron repetidamente una letrilla alusiva, tradicional desde los primeros años de la transición en la lucha por el aborto: "Exigimos derecho al aborto / y que sea libre y gratuito / para quien lo quiera realizar".Mientras tanto, los magistrados deliberaban sobre el recurso, cuya sentencia, que elaborará el magistrado Luis Román Puerta Luis, se conocerá dentro de este mes. Las representantes de la coordinadora cívica explicaron a los informadores el sentido de su manifestación. Marisa Castro, perteneciente a Izquierda Unida y vinculada durante mucho tiempo a la clínica Dator, de Madrid, declaró: "Denunciamos que parece increíble que un colectivo sanitario tenga que esperar más de 12 años para que se resuelva su situación". Castro resaltó que la ausencia de abogados y público "significa menos garantías procesales".

Ley de plazos

Castro, veterana luchadora contra la represión de la interrupción voluntaria del embarazo, reclamó una ley de plazos y añadió: "Ya es hora de que el aborto libremente decidido salga del Código Penal. Es lo mínimo que las mujeres podemos esperar del cambio sobre el cambio". Empar Pineda coincidió en que el aborto debe salir del Código Penal y tiene que contemplarse "como un derecho de la mujer, ejercido en las mejores condiciones en la sanidad pública".Pineda resaltó que es "una vergüenza que se celebre la vista de un recurso en la clandestinidad, aunque les ha salido el tiro por la culata, gracias a los medios de comunicación social". Agregó: "Esperamos que la decisión del Supremo sea la absolución y que lo mismo ocurra con los 30 juicios por aborto pendientes". En cuanto a la petición de indulto, en caso de que el Supremo convierta en firme la condena, Marisa Castro se mostró en contra, "porque no tenemos de qué pedir perdón, sino ejercer un derecho democrático".

Preguntadas sobre el hecho de que no fuera médico ninguno de los cuatro fundadores del centro Los Naranjos, condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en 1989 -Elena Matilde de Haro, Rosa María Montoya, José García Corral y José Ángel Lozoya-, ambas dirigentes feministas recordaron que en 1980 los médicos no estaban por la labor".

Las manifestantes agregaron que, en todo caso, el colectivo condenado era gente con conocimientos, que nunca tuvieron problemas sanitarios en los abortos que practicaron.

Castro recordó que la vigente ley de despenalización parcial del aborto tampoco exige que el aborto legal lo practique un médico, siempre que sea bajo su dirección.