La cesión del IRPF fue ideada por el PSOE en 1990

Al abordar la polémica sobre la cesión del IRPF, no todos los comentaristas tienen en cuenta que se trata de un viejo proyecto del Gobierno del PSOE del que, poco a poco, se han ido apropiando los nacionalistas catalanes.Lo que ahora se plantea como una condición irrenunciable para que el partido de Jordi Pujol dé su apoyo a Felipe González en la votación de investidura fue en su momento una iniciativa defendida por los socialistas en el Libro Blanco de la reforma del IRPF, elaborado con Carlos Solchaga como ministro de Economía y José Borrell como secretario de Estado de Hacienda. Ambos apoyaron las propuestas del catedrático de Hacienda Pública Antoni Castells, hombre de la máxima confianza del primer secretario de los socialistas catalanes, Raimon Obiols.

Se temió que la propuesta fuera mal recibida por los gobiernos autónomos, ya que su principal objetivo era frenar el alto ritmo de aumento de los presupuestos de las autonomías. Para ello se intentaba relacionar una parte de estos ingresos con la evolución de la recaudación de un gran impuesto, lo que se ha denominado "corresponsabilidad fiscal". El otro objetivo era reducir el peso de los gastos condicionados y aumentar la autonomía política a la hora de decidir cómo distribuyen las autonomías sus presupuestos.

En síntesis, la propuesta de entonces -casi gemela a la última que manejó el Gobierno en marzo pasado, poco antes de que se convocaran las elecciones generales- consistía en dividir la recaudación territorializada del IRPF en dos tramos: uno (el 80%, se daba a entender en 1990, el 85% en la actualidad) destinado al Estado; el resto se destinaría a la comunidad autónoma, que además tendría capacidad para aumentar o disminuir su parte -sin alterar la del Estado- en función de que considerara que sus ingresos eran insuficientes o, por el contrario, sobrados.Otras comunidadesEsta propuesta, con el tiempo, ha dejado de ser una iniciativa sólo del Gobierno del PSOE y se ha convertido en una reivindicación de los nacionalistas catalanes, pero no sólo de ellos: también la Comunidad de Madrid, la de Baleares y la Valenciana se han declarado con mayores o menores matices a favor de la cesión.

La división entre partidarios y enemigos de la cesión del 15% del IRPF se ha ido trasladando del terreno político al económico: ya no refleja s las posiciones de cada parte sobre su visión del futuro desarrollo del Estado de, las autonomías -aunque también-, al haberse reducido a una polémica simplista sobre qué comunidad saldrá más beneficiada en términos estrictamente recaudatorios. Es decir, una falsa polémica entre ricos y pobres, en la que, a falta de definirse los mecanismos correctores, sólo se destaca que las comunidades que más aportan a la recaudación del IRPF son las que más se beneficiarán de la cesión de una parte de esa recaudación.

En cualquier caso, sea a través de la cesión del IRPF, sea mediante alguna fórmula nueva a partir del IVA minorista -como defiende el presidente de Galicia, Manuel Fraga, y como insinuó días atrás el de Andalucía, Manuel Chaves- o de cualquier otra de nuevo cuño, todos los expertos coinciden en que hay que introducir correcciones en el sistema de financiación para aumentar su grado de autonomía política y para conseguir que los gobiernos autónomos apliquen en su territorio la misma austeridad que reclaman al enjuiciar los Presupuestos Generales del Estado.