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Sobre la tarta y su reparto

La última década ha sido el único periodo de la segunda mitad de este siglo en que España ha avanzado paralelamente en la consecución del doble objetivo de reducir la disparidad de renta per cápita con la Europa comunitaria y, al mismo tiempo, las diferencias de renta per cápita entre las regiones españolas. Esta es la conclusión del autor tras analizar los datos referidos a los últimos treinta años.

El propósito de estas líneas es ofrecer una visión del grado en que se han conjugado en nuestro país los objetivos de crecimiento económico y redistribución territorial de la renta por parte de las tres fuerzas políticas que han gobernado España en las tres últimas décadas: el franquismo y el tardofranquismo, hasta las primeras elecciones democráticas de 1977; la UCD, hasta las elecciones celebradas a finales de 1982, y el PSOE, que continúa hoy en el Gobierno de España.A efectos comparativos de la evolución en esas tres décadas, y tomando como referencia años para los que existen datos disponibles, diferenciaremos, por tanto, tres etapas, correspondientes a esas tres fases políticas: la primera, desde 1963 a 1977; la segunda, de 1977 a 1982, y la tercera, de 1982 a 1992. Utilizaremos sólo dos indicadores que nos parecen suficientemente representativos para medir el nivel de consecución de los dos objetivos reseñados: el grado de convergencia del PIB por habitante español respecto del comunitario y el grado de dispersión de la renta familiar disponible por habitante de las diferentes comunidades autónomas.

La primera etapa registra una evolución claramente satisfactoria en cuanto a crecimiento económico. En 1963, la relación PIB per cápita español / PIB per cápita comunitario se situaba en un 67%, mientras que el inicio de los Gobiernos democráticos en 1977, ese indicador de convergencia había pasado al 76,7%, esto es, había experimentado un aumento de casi 10 puntos en 14 años. Incluso en 1975 llegó a la cota del 79,2%, pero, justo es decirlo, debido a la rigidez de nuestras autoridades de entonces por haber querido mantener en plena crisis internacional una política, autónoma, en la que no tuvieran cabida los elementos de ajuste necesarios para afrontar la situación. Tal miope comportamiento de nuestra política económica tuvo efectos muy negativos sobre la evolución del crecimiento económico relativo español de los siguientes años. Con todo, y como se ha señalado, la economía española tuvo un satisfactorio comportamiento en su convergencia real con Europa en términos del PIB por habitante.

No puede decirse lo mismo respecto del objetivo de la redistribución territorial de la renta. En ese aspecto, la larga era del franquismo acentuó considerablemente los desequilibrios territoriales en los niveles de desarrollo y bienestar. Baste reseñar, por ejemplo, que a finales de la década de los cuarenta, Andalucía, las dos Castillas y Extremadura acumulaban el 37,1% del PIB español, mientras que Cataluña y Madrid sumaban el 23,2%. A mediados de la década de los setenta esos porcentajes eran, respectivamente, del 26,2% y del 34,7%, esto es, el primer bloque había perdido 11 puntos porcentuales de participación, que eran aproximadamente los que habían aumentado en su conjunto las economías catalana y madrileña.

En 1977, ya al final del periodo, las diferencias en los niveles de renta familiar disponible por habitante y por comunidades autónomas son las que refleja la primera columna del cuadro. Se aprecia cómo cuatro regiones superan en más de un 15% la media nacional (una en más de un 25% y otras dos más de un 20%). Por otro lado, cinco regiones tenían una renta familiar disponible por habitante inferior en más de un 15% a la media nacional (una de ellas en más de un 30% y otro en más de un 20%). La diferencia entre las dos comunidades extremas era de 60 puntos porcentuales, equivalentes al 90% de la renta de la comunidad más pobre.

Con estos datos se puede concluir que el modelo de crecimiento durante el franquismo consiguió aproximar nuestro nivel del PIB por habitante a la media europea, pero a costa de ensanchar las diferencias en los niveles de renta disponible per cápita de las distintas regiones españolas.

Segunda etapa

La segunda etapa considerada es la más breve y coincide con los Gobiernos de la UCD al frente de la nación. Durante este: quinquenio se pierde gran parte de lo conseguido en los años anteriores en nuestro objetivo de convergencia real con Europa. La relación PIB por habitante español / PIB por habitante comunitario cae desde el 76,7% en 1977 al 71,7% en 1982, esto es, a razón de un punto porcentual por año. El retraso en la adopción de medidas de ajuste ante la crisis de la etapa anterior, el que se viene denominando como carácter diferencial de nuestra situación económica, y la propia crisis política y relativa debilidad del partido gobernante, son factores que se encuentran detrás de ese claro retroceso de la economía española en ese periodo.

Este hecho no se vio agravado por un empeoramiento de la distribución territorial de la renta, como se comprueba al comparar las dos primeras columnas del cuadro, sino que, en líneas generales, ese estado distributivo mejoró apreciablemente en el quinquenio. Así, son sólo tres las regiones que superan en más de un 15% la media nacional y cuatro las que se sitúan por debajo del 15% de esa media (sin que ninguna de ellas tenga ya una renta familiar disponible por habitante inferior en más de un 30% a la media española).

Recuperación

En resumidas cuentas, este periodo se caracteriza por un marcado empeoramiento de nuestro nivel de convergencia con Europa, aunque registra avances no desdeñables en la distribución territorial de la renta.

La tercera y última de las fases consideradas coincide con la que se viene denominando la década socialista. En ella, y tras unos primeros años de ajuste de nuestra economía y de contención en sudeterioro relativo, tiene lugar en el segundo lustro un intenso proceso de recuperación gracias al buen aprovechamiento del estadio de auge económico internacional, favorecido por la previa preparación de la economía española. Ello permitió que, tras alcanzar en 1985 un nivel del 70,4%, el indicador de convergencia PIB por habitante español / PIB por habitante comunitario ganara un punto por año hasta recuperar en 1991, mantenido en 1992, el nivel del 76,6% previo al agudo retroceso registrado en el segundo periodo ana lizado.

Además, ese fuerte crecimiento relativo fue compatible con un importante esfuerzo de solidaridad territorial, que continuó estrechando las diferencias relativas de renta familiar disponible por habitante de las distintas comunidades autónomas, tal como refleja el cuadro. En efecto, son ya sólo dos las regiones cuyo índice se sitúa en más de un 15% por debajo de la media, y no existe ya ninguna por debajo en más de un 25%. Igualmente, sólo dos regiones superan a la media en más de un 15%. En este sentido, el que podemos considerar como proceso de convergencia interterritorial ha experimentado en la última década avances muy importantes, cuya magnitud sería mayor si tomáramos en consideración el potente efecto redistributivo de los aumentos en gastos públicos sociales (educación, sanidad, vivienda, etcétera), que, además de haber determinado una sustancial mejora en la distribución personal de la renta real disponible, ha reforzado por extensión la redistribución terrritorial de la misma.

Los datos expuestos demuestran, pues, que la última década ha sido el único periodo de la segunda mitad de este siglo en que hemos avanzado paralelamente en la consecución del doble objetivo de reducir nuestra diferencia de renta per cápita con la Europa comunitaria y de reducir al mismo tiempo las diferencias de renta per cápita entre las regiones españolas.

Sería muy deseable, a escasas fechas de las elecciones generales, que las principales opciones políticas trataran de explicar y concretar sus propuestas y compromisos respecto de ambos objetivos, y muy particularmente sobre cómo entienden la solidaridad nacional, así como de los instrumentos para proseguir el camino recorrido en la última década.

Braulio Medel Cámara es catedrático de Hacienda Pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0031, 31 de mayo de 1993.