La justicia española exige un reloj

Alicia de Miguel lleva nueve años esperando que se abra la puerta de un tribunal. Su hijo Martín fue uno de los 82 fallecidos en el incendio de la discoteca madrileña Alcalá 20, el 17 de diciembre de 1983. "Cuando murió mi hijo" calcula Alicia, decepcionada, "yo tenía 50 años y ahora voy para los 60". Han pasado más de nueve años y ni siquiera está señalado el juicio por aquel suceso.Tanta tardanza es "desesperante". Está indignada. "Te encuentras impotente, vas de un sitio para otro y ya no te crees nada". La demora de este proceso es una más de las que atenazan a la Administración de Justicia española.

Habrán muerto

El caso de Alcalá 20 es uno de los muchos representativos de la principal deficiencia del sistema judicial, que muchas veces convierte la justicia que se aplica en inútil, por tardía. Como el proceso sobre la rotura de la presa de Tous, o el relativo al síndrome tóxico -se celebró el juicio contra los aceiteros que mezclaron aceite industrial con aceite de consumo, pero sigue pendiente el sumario contra altos cargos implicados en la intoxicación masiva-.

Algunos padres de jóvenes fallecidos aquella noche aciaga en la discoteca de la calle de Alcalá, revisada días antes por el Ayuntamiento de Madrid, "ya no podrán beneficiarse de la justicia que se haga, porque han muerto", dice Alicia de Miguel. Como aquellos hijos que huyendo de las llamas agolpaban sus cuerpos, poco después cadáveres, junto a la salida de emergencia de la discoteca, cerrada con cadenas.

Para las 29 personas incapacitadas y los familiares de los fallecidos que continúan vivos, la compensación por aquella catástrofe -cobrar unas indemnizaciones mil veces prometidas, nunca pagadas- se esfuma con el paso del tiempo.

Están procesados cinco empresarios de la discoteca, un instalador del Ministerio de Industria y un funcionario de la Juntade Inspecciones de Espectáculos, para quienes se pide un total de 13 años de cárcel. Hace años, Alicia de Miguel confiaba "en un juez independiente, que haga justicia", decía. Ahora, ni siquiera la imagen de Baltasar Garzón asomado a la política arranca una esperanza en esta mujer prematuramente envejecida: "Estoy tan desengañada de la Justicia que ya no me creo nada. Me imagino que alguna justicia se hará, pero se hará tan tarde que no servirá".

Las estadísticas de los retrasos en cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo -la quinta, de lo militar, comenzó a funcionar en 1988 y su volumen de asuntos es reducido- son sintomáticos del retraso que experimenta la Administración de Justicia en su conjunto.

El colapso más grave es el de la jurisdicción contencioso-admmistrativa, en la que se ventilan los recursos de los ciudadanos contra la Administración Pública.

Problemas estructurales

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que existían 9.248 asuntos pendientes a principio de 1987, llegó a 1992 con .27.909 casos sin resolver. A pesar del aumento sostenido en el número de procesos resueltos cada año, el incremento todavía mayor de los ingresados engorda la bolsa de atrasos.

Junto a problemas estructurales -como la falta de una reforma de la ley que regula esta jurisdicción-, uno de los motivos de esta sobrecarga es la no creación de los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo, previstos legalmente pero inexistentes.

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo pasó de 714 asuntos pendientes al iniciarse 1987 a 5.514 cuando comenzó 1992.

El creciente índice de laboriosidad de los magistrados ha sido enjugado por un aumento todavía mayor de los nuevos recursos.

En cambio, en la Sala Segunda de lo Penal la evolución es inversa, ya que desde 1989 el número de asuntos resueltos cada año resulta mayor que el de recursos ingresados.

Ello ha permitido que el total de 11.016 casos pendientes a comienzo de 1987 se redujera a 7.327 a principio de 1992.

La evolución de la bolsa de atrasos en la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo es más singular.

Globalmente, los 4.009 asuntos pendientes al comienzo de 1987 se redujeron a 1.790 al iniciarse 1992. Durante ese periodo, el número de asuntos ingresados cada año fue siempre superioral de casos resueltos, excepto en 1989, en el que entraron en el Supremo 3.749 nuevos casos laborales y se resolvieron 12.244, gracias a un plan de urgencia acometido por el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El caso opuesto es el de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo. El plan de urgencia acometido en 1989 por el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la jurisdicción laboral, ya concluida, han permitido reducir considerablemente el número de asuntos pendientes.

Precisamente el presidente del actual CGPJ y del Supremo, Pascual Sala, considera que las reforinas procesales contenciosoadministrativa, civil y penal permitirán una agilización de los respectivos procedimientos y, en consecuencia, una mayor rapidez.

Los juicios rápidos

Por,su parte, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, habla entusiasmado de los llamados juicios rápidos, que se estrenaron -y funcionaron con eficacia- en los Juegos Olímpicos (le 1992 y se han implantado también en Sevilla y otras capitales andaluzas, aunque todavía no, se lamenta el ministro, en Madirid.

Quadra-Salcedo explica: "En Barcelona están descendiendo los accidentes de tráfico, desde que a los conductores infractores, liras hacerles la prueba de la alcoholemia y comprobar que han bebido demasiado, se les juzga en unos 15 días, no dos años después del accidente como ocurría antes".

Sala recuerda, sin embargo, que los juicios rápidos afectan al enjuiciamiento penal "sólo en determinado tipo de delincuencia: la flagrante".

Ante la nueva etapa parlamentaria, tras las elecciones del próximo 6 de junio, Sala considera. necesarios "más medios para completar el plan de instalaciones judiciales, informatizar la Justicia y modernizar la oficina judicial". Asimismo, espera que la competencia de seleccionar a los jueces, reclamada sin éxito al Gobierno desde hace dos año,s, sea atribuída pronto al CGTU, órgano de gobierno del poder judicial.

En cuanto a medios humanos, Sala pide "que se completen las previsiones de la ley de Planta y Demarcación Judicial". Es decir, que se alcancen las 3.700 plazas judiciales, lo que permitirá que laya un juez porcada 10.000 ciudadanos, objetivo que coincide con la proporción europea, aunque en algunos países la relación es de 4.000 o 5.000 ciudadanos por juez.

En España, en 1982 con 1.917 plazas judiciales, la proporción era (le un juez por cada 20.000 españoles; en 1987 con 2.406 plazas, la proporción bajó a 16.000 ciudadanos porjuez; y en 1992, a cada uno de los 3.253 puestos judiciales le correspondían un juez por cada 12.000 españoles.