Los especialistas en sangre se sienten amenazados por las fuertes condenas por contagio de sida

La sangre es un órgano vivo. Un producto insustituible en intervenciones quirúrgicas y hemorragias graves, que no puede esterilizarse y, por tanto, comporta un riesgo de contagio que la sociedad debe asumir sin llevar a los médicos ante los tribunales. José María Fernández Rañada y José Montoro, presidentes de las sociedades científicas de Hemoterapia y Transfusión Sanguínea, respectivamente, defendieron ayer con esos argumentos la urgencia de abordar un debate que ponga fin a sentencias como la reciente de Barcelona, que condena a dos años de cárcel a dos médicos, así como a indemnizar con 70 millones de pesetas a una mujer contagiada de sida en mayo de 1986, meses antes de poderse controlar la sangre.

De no producirse un debate que acabe con la creciente judicalización de los médicos, ambos especialistas manifestaron su temor de que las indennizaciones alcancen una "cifra escandalosa", corriéndose el riesgo ¿le que la asistencia sanitaria en España derive hacia una medicina defensiva como la practicada por los facultativos de Estados Unidos. Este sistema, caracterizado por abusar de las pruebas y análisis antes de arriesgar un diagnóstico, ha elevado los costes económicos sanitarios a niveles insoportables y "desprotegido a un sector de la población que no puede pagarlos", afirma Fernández Rañada."Los médicos estamos viendo que, haciendo las cosas bien, exisiten condenas por los daños inducidos por esa actividad. Es un daño involuntario, y el pago de las indennizaciones sale de los 'impuestos de todos los españoles. Si la sociedad quiere eso tendrá que acabar creando un ministerio o un departamento para ello, porque las indennizaciones por los riesgos de la medicina pueden no tener fin", continúa este especialista, quien manifestó al tiempo su extrañeza porque el Congreso no haya abordado ese debate.

Fernández Rañada cuantifica el. riesgo de infección del sida por transfusión en una de cada 250.000 unidades. Un riesgo, a su juicio, "científicamente despreciable y menor que el que corre una persona en su vida cotidina". Hay que tener en cuenta que anualmente se transfunden más de un millón de unidades de sangre. Todas las donaciones son analizadas, pero un mínimo porcentaje contagiado puede pasar ese control, dado que durante un corto periodo el VIH no se detecta. Se realizan también pruebas frente a la hepatitis B, C y otras infecciones.

Tanto Fernández Rañada, jefe del Servicio de Hemoterapia del hospital de la Princesa, en Madrid, como el doctor Montoro, responsable del Centro de Transfusiones de Valencia, presentaron ayer un comunicado conjunto de las sociedades científicas que representan. Afirman en ese documento que los médicos del hospital del Valle de Hebrón afectados por esa sentencia actuaron de acuerdo con la legislación vigente y coincidiendo con el estado científico y la práctica transfusional habitual.

Bajo el ojo del juez

"No es objetivo valorar", continúan, "actuaciones realizadas en 1986 a la luz de los conocimientos de l993". En este sentido, Fernández Rañada recordó que "lo que hoy se sabe sobre el sida no es ni muchísimo menos lo que se sabía en 1986 sobre una enfermedad descrita por primera vez tres años antes".

Por ello, consideran en el comunicado que esa sentencia "penaliza de forma grave e injustificada una actuación médica legal y profesionalmente correcta, por lo que confiamos en que pueda finalmente obtenerse la libre absolución de los profesionales encausados".

La sentencia considera, en cambio, que los facultativos no tienen que regirse por la normativa en vigor en 1986, cuando aún no estaba regulado el control de la sangre, sino por su conciencia profesional, argumentado la condena en que "subordinaron su conciencia profesional y médica a un mero trámite administrativo, como una reglamentación autonómica o estatal, amparándose en que en aquellas fechas había muy pocos casos en Cataluña, como si el criterio numérico y no la vida humana de un solo ser no sea el determinante de la obligación de prevención".

Fernández Rañada y Montoro puntualizaron en todo momento que "los médicos no vamos a entrar en el análisis de una decisión judicial porque no somos abogados", pero el comunicado muestra claramente que discrepan de las consideraciones del juez.

Tras señalar que las normas legales en materia de sangre se establecen después de realizar numerosos estudios y consultar con expertos y sociedades científicas, señalan que "los profesionales deben actuar de acuerdo a esas normas, ya que sería mucho más peligrosos dejar la práctica transfusional al arbitrio de decisiones individuales no establecidas definitivamente".

El Ministerio de Sanidad y Consumo considera también que la sanidad se está judicializando en exceso. A su juicio, existe una "confusión dramática entre las legítimas expectativas del ser humano para vencer la enfermedad y las posibilidades de la ciencia para garantizar esa curación". Por otra parte, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Ramón Trías, manifestó el martes pasado que muchos facultativos se sentirán tentados de hacer actuaciones inútiles para que el paciente tenga la impresión subjetiva de que se ha hecho todo lo posible para curarle.