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Tribuna:EL PARO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA
Tribuna
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Un programa razonable

Las elecciones se han adelantado oficialmente para hacer frente a los problemas económicos de España. Es evidente que el principal problema hoy es el paro, que a su vez es un reflejo de la mala situación de las empresas.En mi opinión, la política económica del Gobierno está contribuyendo activamente a la profundización de la depresión. Desde hace ya más de cuatro años se ha centrado, exclusivamente, en el mantenimiento de altos tipos de interés, al no haber podido controlar el gasto público ni reformar el mercado de trabajo. Al principio se subieron los tipos de interés para luchar contra la inflación y enfriar la economía. Después, el crecimiento del gasto público y el autocastigo depresivo del Sistema Monetario Europeo (SME) han provocado una situación en la que, cuanto mayor es la depresión, más suben los tipos de interés reales.

Es evidente que los altos tipos de interés están machacando el tejido productivo español, vía costes financieros y tipo de cambio sobrevalorado, y que no son el instrumento adecuado para luchar contra la subida de los costes laborales.

Éste podría ser el gran debate de política económica: ¿por qué son tan altos los tipos de interés?

Extraoficialmente, distintos responsable económicos dan explicaciones diferentes: los oficialistas insisten en que gracias a esos tipos se está avanzando en la recuperación de los equilibrios fundamentales, inflación y sector exterior; un segundo grupo alega que son necesarios para atraer el ahorro externo con que financiar el gasto público; una tercera opinión es que, si bajan los tipos, la devaluación sería inevitable, y ello pondría en marcha un proceso inflacionario explosivo, alimentado por sucesivas elevaciones de salarios y precios, que forzaría más devaluaciones, que nos alejarían definitivamente de Europa.

Conclusión oficial: hay que seguir financiando el sector público y controlando la inflación; como, además, hay que mantener la peseta en el SME y el gasto público sigue su marcha arrolladora, lo mejor, lo más seguro, sería no mover los tipos de interés. Y no se mueven.

Pero la realidad sí lo hace. Siguen creciendo el paro, los cierres de empresas, la caída en la recaudación de impuestos, la morosidad y el gasto público. La reacción gubernamental, al llegar al 20% de paro, fue aprobar el Decreto-Ley 3/93 para luchar contra el desempleo. Pero que provocará más paro y más depresión. A explicarlo y exponer cuál podría ser una política alternativa destinaré el resto del artículo.

Mi tesis es que en la crisis española se combinan tres series de factores diferentes, que obligan a hacer una política económica algo más sofisticada que simplemente subir los tipos de interés: por una parte, la depresión económica europea, que se refleja en las mismas variables que en el resto de Europa -el déficit del sector público y el crecimiento del paro-; en segundo lugar, hay factores históricos que tienden a acentuar la depresión cuando Europa deja de crecer -la baja ocupación laboral, la debilidad secular de la industria, el tamaño del déficit comercial y la rigidez del mercado de trabajo-, y en tercer lugar, ha caído un enorme peso muerto sobre el sistema productivo, la necesidad de financiar un sector público que en pocos años ha pasado del 25% al 50% del producto interior bruto (PIB).

Errores del gobierno

El Gobierno del PSOE se ha enfrentado a esa crisis sólo con los tipos de interés, ignorando la importancia de los factores estructurales, mencionados anteriormente; no ha creído necesario potenciar la fortaleza económica. de las empresas (que son quienes tienen que financiar el gasto público); ha depositado demasiadas esperanzas en Bruselas y, Maastricht, y no ha gestionado bien el desarrolló del Estado de las autonomías ni su sector público, que como una fiera desbocada se traga todo lo que se le pone por delante. El mejor ejemplo de lo que quiero decir es la evolución del empleo de 1992; mientras en toda España se perdían 413.000 puestos de trabajo, e incluso las alegres autonomías disminuían su nómina en 16.000 personas y los ayuntamientos en 22.000, las de la Administración central y de la Seguridad Social -responsabilidad única del Gobierno de la nación- aumentaban en 9.000 y 8.000 personas, respectivamente. Nuestro país no es lo suficientemente rico para aguantar un sector público que consume el 16% del PIB, invierte el 5% del PIB, paga en intereses el 4,6% del PIB y gasta (mediante transferencias a terceros, empresas en pérdidas, pensionistas y desempleados) el 24% restante, hasta llegar a la mitad del PIB.

Por otra parte, a los titulares de Economía se les han escapado muchas decisiones importantes: por ejemplo, la no promulgada ley de huelga, la inversión en el AVE, el presupuesto expansivo de los años 1991 y 1992, el crecimiento de las pensiones. Han mandado los responsables políticos. La tragedia de los responsables económicos españoles -que aplican la medicina de tipos de intereses reales altos demasiado tiempo- es que su política, lejos de compensar los excesos de los políticos, contribuye a la destrucción del aparato productivo. Con un agravante: que siguen vendiendo como una práctica ortodoxa lo que es una irresponsabilidad política.

El chapucero intento de hacer creer que, en una situación como la española, la doctrina keynesiana aconseja más inversión pública -llámese plan de infraestructuras o Decreto-Ley 3/93- ignora que Keynes, desde su Treatise hasta después de la Teoría general, reclamaba bajos tipos de interés reales para luchar contra la depresión. Y advertía que si los tipos reales se mantenían altos demasiado tiempo sería imposible luchar con sus efectos depresivos en el consumo y la inversión privada y en las expectativas empresariales.

El efecto de los. altos tipos de interés reales en el consumo privado -afectado, además, por la disminución de la riqueza que conlleva el descenso en el valor de los inmuebles- está siendo demoledor. Y la inversión privada disminuye dramáticamente por la combinación de estos tipos de interés, tipo de cambio, costes salariales y rigidez del mercado de trabajo.

¿Por dónde se empieza a desenredar la madeja? ¿Cuál debería ser la primera decisión de un Gobierno responsable?

En mi opinión, hay que empezar por reducir el gasto público. De sus tres componentes (consumo, inversión y gastos de transferencia a familias y empresas), sería más lógico disminuir primero el consumo, después las transferencias y por último la inversión. Pero en una situación de emergencia hay que reducir lo único que se puede a corto plazo: la inversión pública. Pues, además, nos enfrentamos en 1993, posiblemente, a un déficit público histórico por la combinación de un disparatado aumento del gasto aprobado en los presupuestos de 1993 (8%), por el aumento del gasto que implica el paro y la disminución de los ingresos públicos que supone la recesión.

Aceptar ser más pobre como país significa aceptar que no se puede tener todo lo que se necesita, incluido el catálogo de obras públicas del plan de infraestructuras.

Si nuestro sector productivo no genera fondos suficientes para financiar las inversiones, el Gobierno tiene que aplazarlas. Por supuesto que son inversiones necesarias para mejorar la productividad de nuestras empresas, pero ahora estamos hablando de supervivencia, y para sobrevivir es más importante que desciendan los tipos de interés y el tipo de cambio que seguir soportando las limitaciones de nuestra infraestructura.

El siguiente paso sería reducir donde se pueda el consumo público, lo que implicaría, por ejemplo, congelación salarial para los funcionarios públicos y la aprobación de planes de incentivos para el abandono de la función pública (como se hizo con el Ejército). Para disminuir los gastos sociales sería preciso concentrar la ayuda en los más débiles, lo que implicaría subir las pensiones más bajas y congelar la más altas, por ejemplo; o, a partir de cierto nivel de renta, eliminar la educación gratuita, decisión ya tomada por Italia.

Temores

Los efectos inicialmente depresivos de la disminución del gasto público, junto con la situación del sector privado, permitirían ese descenso de los tipos de interés el efecto en las empresas de ese descenso y del correspondiente ajuste en el tipo de cambio mejoraría las expectativas empresariales y animaría a los bancos renovar e invertir en nuevas líneas de crédito. ¿Cuánto vale la peseta a tipo de interés normales? La respuesta del mercado es temida por todos, en particular por la autor¡dad monetaria. Y es un temo comprensible, porque la peseta podría caer fuertemente (lo que provocaría, de entrada, un retraimiento de la inversión extranjera -básica para nuestro crecimiento- hasta convencerse de que el ajuste había terminado y fuera compensado por el efecto de confianza que inspiraría u Gobierno capaz de asumir su responsabilidades), y por lo efectos inflacionistas de una depreciación, aunque una primer observación es que, en la actual situación, la devaluación no se está traduciendo en fuertes tensiones inflacionistas en países como el Reino Unido e Italia aunque todavía es pronto para estar seguros.

Asumir la devaluación de aceptar una opción determinada de reparto de los costes de la crisis, que implica preferir un el pobrecimiento horizontal -pues afectaría a todos y no se concentraría sólo en los que pierden su empleo- y real (el nivel de vida disminuiría) del país; para fácil tarlo sería preciso adoptar, cronológicamente, una tercera decisión: el Gobierno tendría que afrontar los problemas de nuestro mercado de trabajo y d mercado de bienes en régimen monopolio.

Un Gobierno que haya si capaz de autorregularse, enfrentándose a las consecuencias el torales de estas medidas, estar legitimado para modificar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el objetivo de crear empleo y de ligar los puestos de trabajo a la situación de las empresas, autorizando ajustes rápidos y menos costosos si las empres entran en pérdidas, y para lle a cabo un proceso de privatí ción y cierre de empresas no vi bles lo más amplio posible.

Descenso de la inversióff consumo públicos y de los ga tos sociales, descenso de los pos de interés y del tipo de ca bio, modificaciones de las rel ciones laborales y privatiz ciones. -

Ese programa, por ese o den, es el que parece más raz nable para ayudarnos a sané nuestra economía y crear e pleo. Con independencia de r plantear nuestra posición en SME.

La segunda parte sería el tr to fiscal a la creación de empl por las empresas y la incentiv ción a los proyectos industrial

Alberto Recarte es técnico comercial economista del Estado.

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