Italia, la dificultad de cambiar la norma

Por las calles de Roma, la vida transcurre con normalidad. Ya es parte de esta normalidad el abrir los periódicos y comentar quiénes han sido los nuevos implicados en la campaña manos limpias. Pero los comentarios han pasado del chiste fácil a la poesía trágica. Ya no se trata del ex presidente de un club de fútbol (¡aunque del Roma se tratase!) sino de Andreotti, la persona que más ha representado la Italia de la I República en el mundo; ya no se trata de políticos aislados, sino de consistorios -casi- en pleno, como el de Nápoles. Tras la apariencia de normalidad se respira inseguridad. Parece que se ha llegado al fin de un régimen, pero nadie sabe decir muy bien cuál va a ser el nuevo régimen ni quiénes van a reemplazar la vieja y "corrupta" clase política. Los jueces han sabido actuar con decisión al destapar la alfombra de la corrupción. Ahora sabemos que pocos tenían las manos limpias, y el polvo que todo el mundo sabía que se escondía bajo la alfombra no deja ver con claridad.¿Hay que hacer limpieza general? ¿Cuáles van a ser las nuevas normas del juego? ¿Quién y cómo se va a gobernar en la Italia del postangentópolis? Para los más optimistas, la respuesta a estas preguntas está en el sí al referéndum del 18 de abril. Pero aunque -como es de esperar- el sí gane en el referéndum, éste tan sólo habrá abierto un proceso de reformas. Proceso que en circunstancias normales debería ser relativamente largo (cambio de la legislación para las dos cámaras, elecciones, etcétera). Pero las circunstancias no son normales (¡si nunca lo han sido en Italia!). No se trata tan sólo de la importancia de los implicados, sino de que el país, con una deuda alarmante que se va encareciendo con la crisis política y social, no puede esperar a que se concluya un proceso gradual de reforma política.

Afición a la historia

Con la afición de los italianos a la historia (pocos tienen más), las poesías épicas en esta primavera romana recuerdan cómo el régimen de Saló (Mussolini) se derrumbó en muy pocos días. Cómo fue precisamente el 18 de abril el día de las primeras elecciones de la posguerra. Pero si aquella caída ofreció inseguridad a algunos, el sentido del cambio era claro, y también quiénes eran los nuevos protagonistas (la Democracia Cristiana (CD), que arrasó a los comunistas que habían organizado la resistencia). Además, Italia no estaba sola en su tarea de reconstrucción; era la tarea europea de la posguerra.

Ahora, en cambio, no existe una alternativa global a los partidos que en mayor o menor forma han sido implicados en los casos de corrupción (la Liga tampoco ofrece esta alternativa global, si bien es la principal beneficiaria de la crisis actual). Por otra parte, aunque la corrupción no sea exclusiva de los italianos (en algunos países se llama lobying lo que en otros es corrupción) ni tampoco lo sea el cuestionar las opciones dominantes de los últimos años (como los franceses bien han demostrado), Italia sí que se encuentra sola en su intento de cambio, sin apenas oposición organizada, en su intento de perseguir la integración europea a la vez que se sienta en el banquillo a empresarios y políticos que hasta ahora eran, en gran parte, la imagen internacional de Italia (Andreotti, Craxi, ENI, Fiat, etcétera).

Los economistas no somos muy propensos a hacer poesías sobre la caída de Saló; sin embargo, cuando miramos el periodo de posguerra, no dejamos de ver que, después de Japón, Italia es el país industrializado que ha tenido un mayor crecimiento de la producción industrial (*) y uno de los países que ha experimentado un mayor crecimiento de la renta per cápita. Japón e Italia no sólo tienen este récord en común. Es muy posible que, si se pudiese establecer un índice de corrupción, estos países también serían los que obtendrían los índices más altos entre los (le la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo). Ésta es quizá una de las mayores paradojas de la situación actual.

Existen dos interpretaciones, en parte contrapuestas, sobre el papel de la corrupción en la. economía. La primera, más optimista, entiende la corrupción como pura distorsión. Según esta. versión, Italia ha crecido a pesar de la corrupción. Por ejemplo, es un país en el que las recaudaciones por impuestos son más del 40% del producto nacional y en el que los servicios recibidos a cambio son pocos e ineficientes. Un país que, a pesar de los elevados impuestos, no llega a pagar su gasto público, lo que se traduce en un aumento de la deuda. Se sigue de esta interpretación que acabar con la corrupción supondrá la liberación de recursos que de forma más o menos automática se podrán dedicar a mejorar la economía (por ejemplo, en vez de sufragar los lujos esotéricos de algunos políticos, se podrán dedicar estos fondos a acabar obras públicas casi inevitablemente inacabadas).

La segunda interpretación es menos optimista. La corrupción no es un concepto bien definido, y ciertas formas de corrupción complementan a menudo muchas relaciones económicas. En este sentido, la corrupción ha sido protagonista del crecimiento de la economía italiana (o japonesa, o ... ). Es decir, Italia ha crecido con (¿gracias a?) ciertas formas de corrupción. Pese a que estemos hablando de economías de mercado (mixtas si se quiere), muchos contratos son contratos en los que predominan los aspectos de reputación entre las partes contratantes.

Línea divisoria difusa

Cuando las relaciones personales y/o institucionales entran en juego, la línea divisoria entre contrato legal y corrupción es, si no más, difusa. Por ejemplo, nadie llama corrupción a la propina del cliente de un restaurante que quiere garantizarse un buen servicio en el futuro, pese a que, teóricamente, el camarero deba ofrecer un buen servicio a todos los clientes. Sin embargo, la propina al funcionario se considera a menudo como una transgresión de la legalidad. En Italia, muchas relaciones contractuales se han establecido en esta línea borrosa. De la misma forma que eliminar las propinas a los camareros por decreto no ha de implicar necesariamente una mejora de los servicios en bares y restaurantes, el denunciar y tratar por igual todas las distintas formas de corrupción, en un intento de cambiar por decreto la norma vigente, no tiene por qué implicar una mejora de la economía.

Como he dicho, son dos interpretaciones contrapuestas, pero no autoexcluyentes. Cuando existe una norma imperante (por ejemplo, las concesiones de contratos públicos implican una propina a los partidos del consistorio) es difícil acusar a todo aquel que se haya adecuado a dicha norma. Por otra parte, los responsables de los partidos o empresas públicas tienen poco que ver con el camarero, que puede ser despedido y/o quedarse sin clientes si no hace su trabajo cuando no recibe suficiente propina. De la corrupción como adecuación a la norma se pasa a la corrupción como organización de la norma. En términos más económicos, del comportamiento competitivo en el que el individuo toma como dada la realidad económica en que se mueve se pasa a la utilización del poder del monopolio que ofrece el poder político. Además, en alguna ocasión se ha pasado de la propina para obtener un mejor servicio legal (por ejemplo, la concesión de una obra pública) a la propina por realizar una actividad ilegal (éste sería el caso si se confirman las conexiones de Andreotti con la Mafia o las conexiones con Libia que han salido a la luz en relación con las operaciones financieras que el grupo ENI y los principales partidos políticos mantenían a través de la financiera Karfinco de Suiza).En resumen, existen formas distintas de corrupción, que se diferencian por sus implicaciones sociales y económicas, y que deberían tener un tratamiento legal también diferenciado.

Acabar con los abusos de poder que se traducen en extraer propinas arbitrarias de los contratos públicos o en distorsionarlas inversiones públicas a favor de los grupos con mayores contribuciones va a ayudar al saneamiento de la sociedad civil y al crecimiento de la economía italiana. Pretender, sin embargo, que es posible (o incluso conveniente) acabar con toda forma de corrupción cuando existe una gran presencia del sector público en la economía -los responsables de las empresas públicas son escogidos de acuerdo con sus afinidades políticas más que por su capacidad de gestión, y a los funcionarios no se les remunera de acuerdo con los resultados de su trabajo (productividad)-, no sólo es pecar de ingenuidad, sino que además puede resultar un gran desperdicio de capital humano.

En la reconstrucción de la posguerra, Italia no se podía permitir el lujo de prescindir de todos aquellos que habían colaborado con la República de Saló. Ahora no se puede permitir el lujo de prescindir de todos aquellos que han participado en alguna forma de corrupción. Desafortunadamente, en la sociedad civil la diferencia entre soldado y general está menos clara.

Hasta estos momentos hemos asistido al gran espectáculo de la denuncia de manos de un grupo de jueces que han sabido seguir tirando de la alfombra a pesar del espesor de la polvareda. La situación actual, sin embargo, no es sostenible por mucho tiempo. Hay varias incertidumbres que deben resolverse si no se quiere pagar un precio demasiado caro. Primero, los jueces han de saber diferenciar según el tipo y el grado de suciedad.

Ley electoral

La mejor forma de dejarlo todo como ha estado es pretender llevar adelante todos los posibles juicios por corrupción. Segundo, nuevos políticos o algunos conocidos poco quemados han de salir pronto a la palestra. La nueva ley electoral lo favorecerá, pero hará falta una renovación profunda de los partidos o, quizá mejor, la rápida emergencia de formaciones nuevas (la deserción, de Segni de la DC parece anunciar movidas parecidas). Y tercero, los responsables de la política económica deberán demostrar su credibilidad en los mercados internacionales, en la implementación de una política fiscal más efectiva y en llevar adelante un plan general de privatización de parte de las empresas públicas.

El hecho de que la institución económica más relevante, la Banca de Italia, no haya estado afectada por la crisis política actual y que algunos indicadores económicos, como la inflación o la balanza comercial, estén dando señas de sanidad son factores que favorecen estas tareas, pero, como decía, la lira no puede esperar mucho tiempo.

Ramón Marimón es catedrático de Teoría Económica de la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona.

(*) Véase, por ejemplo, The Economist del 20-26 de marzo de 1993.