Día contra el paro

EL PARO es, según todas las encuestas, la primera preocupación de los europeos y constituye, por ello, el principal condicionante de la vida política y económica de sus países. Su rápido crecimiento en casi todos ellos ha aconsejado a los sindicatos agrupados en la Confederación Europea (CES) transformar la prevista jornada por la Europa social en una movilización específicamente centrada en el empleo. La jornada de hoy aspira, así pues, a convertirse en expresión internacional de esa preocupación y en toque de atención a los Gobiernos en demanda de políticas activas de creación de puestos de trabajo. El, previsible acuerdo de la mayoría de la población europea con esos objetivos termina ahí, porque, como demuestran los últimos procesos electorales, dista de existir un consenso sobre la manera de hacer frente al desempleo, y las recetas ofrecidas por los sindicatos son tan respetables, pero también tan discutibles, como cualesquiera otras.Hasta la segunda crisis del petróleo, a fines de los años setenta, las tasas de paro eran bajas y relativamente homogéneas: entre el 2% y el 5% de la población activa. Por entonces se consideraba -como mero ejercicio teórico- que tasas superiores al 10% serían incompatibles con el mantenimiento de la paz social. Ése fue uno de los argumentos del izquierdismo radical para mantener la esperanza en un estallido revolucionario provocado por la subida repentina de las materias primas. Tres lustros después, el desempleo se ha disparado, y con él, la disparidad de situaciones nacionales, pero no ha sido la revolución, sino triunfos electorales de los conservadores, lo que ha venido. Actualmente, el paro medio ronda el 11% en la Comunidad Europea (CE), pero la disparidad es notable tanto por arriba (Irlanda y España, con tasas próximas al 20%) como por abajo (Alemania y Portugal, con tasas inferiores al 5%).

El cuadro no permite sacar conclusiones indiscutibles sobre la eficacia comparativa de las diferentes políticas económicas para mantener o crear empleo. Sólo los sindicatos parecen no tener dudas: llevan 15 años pidiendo políticas expansivas y discutiendo la prioridad otorgada en casi todos los países a la lucha contra la inflación. Desde luego, es cierto que una inflación controlada no es condición suficiente para crear empleo, pero existe un consenso bastante amplio entre los economistas en tomo a dos principios: que a largo plazo la inflación genera paro, y que su control es condición necesaria para un crecimiento estable capaz de aumentar el empleo.

La experiencia del primer Gobierno de Mitterrand, a comienzos de los años ochenta, confirmó los riesgos de una política como la que invariablemente, y en las más diversas coyunturas, vienen propugnando los sindicatos españoles: el intento de crear empleo mediante políticas expansionistas no preocupadas por la inflación suscita, en una economía abierta, fuertes desequilibrios comerciales (crecimiento mayor de las importaciones que de las exportaciones) que acaban provocando más paro: en un contexto de fuerte competencia internacional, aumentos salariales superiores a la productividad arruinan a la vez la competitividad y los beneficios; pero a menos excedentes, menor inversión, lo que agrava el problema; y el intento de compensar ese retroceso subiendo los precios provoca nuevas subidas salariales, impulsando la espiral, y con ella, la pérdida de puestos de trabajo.

Tampoco las políticas liberales han conseguido evitar el vertiginoso crecimiento del desempleo producido en todos los países en los dos últimos años. Ello aconseja desconfiar de recetas milagrosas, y sobre todo de la superstición de que basta un cambio de Gobierno para que florezcan empleos. Pero la experiencia enseña que no es suficiente que dos objetivos sean deseables para que desaparezca la contradicción que frecuentemente existe entre ellos. Las centrales manifiestan, con razón, que el paro debe ser la prioridad primera. Pero ello no les lleva a adaptar sus propias demandas a ese criterio: mejorar las prestaciones sociales, mantener los niveles de gasto social y aumentar la inversión en obras públicas generadoras de puestos de trabajo son prioridades dudosamente compatibles. Una jornada contra el paro debería incluir, junto a la exposición de las demandas, la reflexión sobre ello, incluso si implica añadir unas gotas de autocrítica a la crítica contra los Gobiernos y la patronal.