Islas flotantes
EL OLOR a elecciones está disolviendo ciertos matrimonios políticos que los resultados hicieron inevitables pese a ser mal vistos por las respectivas familias. El último caso es el de Canarias, donde los nacionalistas (le las Agrupaciones Independientes (AIC) y el PSOE -formaciones mayoritarias, con 23 y 17 escaños, respectivamente, sobre un total de 60- tuvieron que unir sus fuerzas ante el fracaso de cada una de ellas en sus intentos de conformar en tomo suyo mayorías suficientes. Ahora, las AIC han decidido cambiar de pareja, uniéndose a todas las demás formaciones nacionalistas en una moción de censura, que se debatirá mañana, para derribar al presidente socialista, Jerónimo Saavedra.Las AIC recogen un voto moderado, en competencia no sólo con otros partidos nacionalistas, sino también con el conservadurismo tradicional representado por el Partido Popular (PP). Eso explica su temor a llegar a las elecciones en alianza con los socialistas, especialmente ahora que los vientos parecen soplar contra éstos. La moción de censura es, en ese sentido, la prolongación del compromiso contraído en enero por todos los nacionalistas, de centro, derecha o izquierda, para concurrir en una única candidatura a las legislativas de este año.
Pero aunque el clima electoral sea lo determinante, no eran motivos de ruptura lo que faltaba. De entrada, toda alianza entre un partido nacionalista y el que asume la responsabilidad del Gobierno central será siempre problemática. Además, las divergencias ideológicas se manifiestan en el caso de Canarias en el diferente modelo territorial: los socialistas han sido siempre partidarios de potenciar las instituciones comunes del archipiélago -Gobierno y Parlamento-, mientras que los nacionalismos tienden a poner el acento en el poder de los cabildos insulares. En lo inmediato, los nacionalistas han argumentado la ruptura por la insuficiente respuesta del Gobierno a la petición canaria de una ley económica especial para las islas. Esta ley, que corresponde a la reforma aún pendiente de las bases económicas del tradicional régimen económico fiscal (REF) de Canarias, una vez que la otra reforma, la de las bases fiscales, ya ha entrado en vigor, es considerada esencial para la superación de la actual crisis de la economía canaria.
El archipiélago fue una de las seis comunidades autónomas cuya economía creció, en el periodo de expansión 1986-1991, por encima de la media nacional. Sin embargo, la crisis del turismo, la reducción de la actividad portuaria y otros factores relacionados con la coyuntura recesiva internacional han determinado un retroceso más que proporcional en el último periodo, y el paro, por ejemplo, supera actualmente en dos puntos la media nacional. La inflación, que en febrero creció en Canarias más que en cualquier otra comunidad según el IPC conocido la pasada semana, es otro factor de desequilibrio.
Las demandas principales se orientan a la atracción de capitales mediante una zona especial competitiva frente a los países más desarrollados de la vecina África; subvenciones estatales al transporte que compensen la distancia y, sobre todo, incentivos fiscales para la inversión. Las dificultades para un entendimiento con la Administración central se manifestaron ya en asuntos como la financiación del plan de carreteras, vital para las islas, o la aplicación del nuevo impuesto general indirecto canario (IGIC), cuyo aplazamiento hasta tener la ley económica solicitó el Parlamento autónomo, sin éxito, al ministro Carlos Solchaga. El impuesto entró en vigor el pasado enero, con defectos que tuvieron que ser corregidos hace unos días por el Consejo de Ministros. Otro síntoma de la dificultad de comunicación con el Gobierno central es que sólo ahora, con la moción de censura ya presentada, se ha sumado Canarias al acuerdo sobre financiación de las autonomías firmado por todas las demás comunidades hace dos años.
El repentino florecimiento del nacionalismo canario se apoya en esas dificultades, pero está por ver si la alternativa que ahora propone, basándose en una constelación heterogénea de una decena de pequeños partidos locales, representativos de intereses también muy localizados, es capaz de articular de manera más coherente y eficaz que la coalición ahora desechada los intereses colectivos de los canarios.
