Razia municipal

EL AYUNTAMIENTO de Barcelona ha organizado una auténtica razia de morosos. De una aparatosa lista de 89.000 deudores del municipio, ha ordenado el cobro ejecutivo sobre 2 1.000. Esta voluminosa opera ción de limpieza ha adquirido una previsible notoriedad pública, porque más de 12.000 personas embargadas lo son por no haber pagado sus multas pendientes. En principio, nadie podría objetar nada al municipio. La multa no existe sólo para pedudicar el bolsillo del infractor, sino para que el culpable, de manera diáfana, aprenda de este doloroso episodio una vieja lección: que las normas de circulación deben respetarse en beneficio de todos y su infracción no puede quedar impune.Frente a otras razonables sospechas de afán recaudatorio, el municipio puede alegar que esta operación no tiene nada que ver con las estrecheces de caja de la ciudad posolímpica. Mil millones de pesetas, que es la cifra que podrá embolsar, no son ningún apaño a un déficit que ya tiene otras fórmulas convenidas para enjugarse. Para que no quepa la menor duda, el Ayuntamiento ha comprometido el beneficio neto de esta operación para mejoras viarias. Una cifra que no permitirá muchas alegrías, porque el coste de perseguir el cobro casi iguala a lo que se percibe.

Pero, mientras los principios de legalidad y ejemplaridad no merecen mayores entretenimientos dialécticos, las maneras con que el Ayuntamiento de Barcelona lleva la operación pueden desbaratar estas presumibles buenas intenciones. De entrada, este gran volumen repentino de ciudadanos quejosos, con o sin razón, desborda los servicios municipales, con una grave merma de la atención que merece el administrado. Una merma que puede llegar a producir indefensión ante una multiplicación incontrolada de errores. Porque los listados informáticos del municipio no están exentos de cometer torpezas y discriminan mal entre el caradura que colecciona impresos sin remordimientos y el inocente peatón a quien le atribuyen el aparcamiento ilegal de un coche que no tiene. En las oficinas del Real Automóvil Club de Cataluña, por ejemplo, en tres días se han sustanciado más de un centenar de recursos al embargo porque se les quiere cobrar una multa prescrita o porque se persigue una cuenta cuya titularidad está compartida indistintamente con otra persona. Unas cuentas, en este caso, protegidas de estos avatares por un auto cautelar del Tribunal Supremo.

Además, operaciones tan masivas como la presente y errores como los descritos desdibujan el rendimiento que podría tener una persecución igualmente implacable, pero más sosegada, de los verdaderos infractores. Y éstos se añaden, como plañideras oportunistas, al coro de personas injustamente perjudicadas y a los que asiste toda la razón para protestar. El Ayuntamiento alega que el envío de paquetes tan enormes de embargo se debe a una práctica bancaria que no admite de la Administración un goteo mejor repartido. Algún sistema hay que encontrar para evitar estos colapsos y garantizar los mecanismos de defensa. Porque, además, esta impopular razia afecta tanto al reincidente incívico como al episódico infractor -con apenas un par de multas-, que seguramente sufre con más sonrojo el apremio municipal. A este punto se ha acogido la oposición municipal para romper un pacto de disciplina viaria que contempla con más indulgencia al infractor inovato. Con todo, la oposición debería distinguir cuidadosamente entre la denuncia de la tropelía informática municipal y cualquier reacción que alguien pueda interpretar como la más mínima tolerancia hacia el conductor rebelde que, de multiplicarse, puede convertir en una indeseable y peligrosa jauja las calles de cualquier ciudad.