Los Doce implantan un sistema de control de las emisiones de CO2
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la CE dio ayer el primer paso hacia la creación de un impuesto sobre las emisiones de C02, al llegar a un acuerdo sobre un sistema de vigilancia comunitaria, con el objetivo de cumplir el compromiso de que en el año 2000 los Doce estabilicen la producción de este tipo de gases en el nivel alcanzado en 1990. En caso de que no se implantara el impuesto, la Comisión Europea considera que será muy difícil alcanzar el objetivo de la estabilización. El comisario de Medio Ambiente, Yannis Paleokrasas, considera que la desviación sería ahora de un 3% de emisiones en exceso, aunque fácilmente podría llegar a alcanzar el 15%.
El debate sobre el seguimiento del nivel de emisiones de C02 se convirtió, como sucede con frecuencia en la CE, en una cuestión semántica. Los países con mayores intereses opuestos al. control apoyaban un texto en el que se propugnaba el objetivo de "estabilización de emisiones en la Comunidad", mientras que otros países, como España, apoyaban un texto en el que se trataba de "estabilización de emisiones por la Comunidad". En el primer caso, la CE aparece como un simple espacio donde se observan y registran sin más los niveles de emisiones de cada miembro, mientras que en el segundo las instituciones comunitarias adquieren una responsabilidad para conseguir la estabilización.[El ministro español de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, José Borrell, defendió una vez más que se permita a España aumentar sus emisiones contaminantes hasta la media comunitaria y que son los países más desarrollados los que deben reducir más la contaminación, informa Efe. Pidió también no usar los fondos de cohesión para esta política, y se mostró contrario a una aplicación general del impuesto verde.]
Los Estados presentarán ahora unos planes nacionales de reducción de emisiones y la Comisión Europea realizará una evaluación anualmente del cumplimiento del objetivo. Las propuestas surgidas de esta evaluación que afecten a la política establecida por cada Estado deberán ser aprobadas por unanimidad, por lo que existirá de hecho un veto nacional a las iniciativas comunitarias que afecten a cada uno de los socios.
Numerosos argumentos contrarios al control de emisiones y a la implantación del impuesto han empezado a desmoronarse después de la llegada de Bill Clinton, con su programa de impuestos sobre la energía, a la Casa Blanca. Uno de los principales argumentos era que ningún país podía tomar una iniciativa de tales consecuencias económicas por su cuenta y riesgo. Otro enorme obstáculo a franquear será el reparto de las cargas en la disminución de emisiones. Los países altamente industrializados quisieran un reparto proporcional, que dejaría a los países menos desarrollados en la imposibilidad de seguir creciendo.
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