Los 'yonquis' ya no han de guardar cola ante los centros de tratamiento

Las esperas de hasta tres meses para recibir tratamiento en los centros de atención a drogodependientes (CAD) madrileños han desaparecido. Así lo aseguraron ayer, con rara coincidencia, la consejera de Integración Social, Elena Vázquez, y la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Ana María García Armendáriz. Los 19.000 yonquis (adictos a la heroína) censados en la región, según la Comunidad, cuentan con 10 centros en la capital y otros 18 servicios de atención en el área metropolitana.

La consejera de Integración Social sólo admitió ayer, en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid, una lista de espera integrada por 10 personas en el centro de tratamiento ambulatorio de toxicómanos de Getafe.Para Vázquez, el esfuerzo debe dirigirse ahora a la atención de los toxicómanos que no quieren integrarse en programas de rehabilitación. En su opinión, debe multiplicarse por cuatro la oferta de metadona (sustitutivo de la heroína), que ahora sólo reciben unos 200 drogodependientes.

La responsable de los servicios sociales en Madrid, la concejal Ana María García Armendáriz, matiza el optimismo de la consejera: "Con altibajos, podemos asegurar que las listas de espera ya no existen en los CAD de Madrid, pero la prioridad ahora es encontrar más plazas de rehabilitación en comunidades terapéuticas [300 en la actualidad]".

La Comunidad de Madrid reconoce, sin embargo, la existencia de una lista de espera de 1.380 ancianos con algún tipo de minusvalía que aguardan a ser admitidos en una residencia asistida. En el programa de construcción de nuevos asilos públicos sólo figuran tres centros -que suman un total de 135 plazas- en el Pozo del Tío Raimundo, Villaverde y San Blas.

En contrapartida, la Comunidad proyecta sacar a concurso la adjudicación de dos residencias, con 125 plazas cada una, en suelo municipal de Coslada (75.000 habitantes) y Leganés (170.000). Se trata de los dos primeros centros privados que recibirán subvenciones públicas. Con unos costes calculados en 180.000 pesetas mensuales por anciano, la Administración autonómica cubrirá el 55% de los gastos. El resto correrá de cuenta del pensionista y de sus familiares.