Historia de una larga impunidad

La dimisión, el viernes pasado, del general René Emilio Ponce como ministro de Defensa de El Salvador era ya un presagio de lo que iba a ocurrir. No fue una sorpresa para los salvadoreños conocer que Ponce o su viceministro de Defensa, Juan Orlandó Zepeda, estaban detrás de la matanza de los jesuitas. Todo el mundo lo imaginaba, incluido Cristiani, pero nadie lo decía porque el Ejército, en El Salvador, aún es sinónimo de terror.René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda han controlado hasta ahora el mando real del país. Incluso fueron los artífices en su día de impedir que la investigación sobre la matanza de los jesuitas fuera más allá de los dos únicos condenados por esta acción: el coronel Guillermo Benavides, director entonces de la Escuela Militar, y el teniente Yusshi Mendoza.

Estos dos condenados no se integraban en el batallón Atlacalt, la temible unidad entrenada por EE UU y hoy disuelta, que condecoraba a sus héroes clavándoles las medallas en la piel. Pero sí pertenecieron al Atlacalt el teniente Ricardo Espinoza y los secuaces que le siguieron en la acción criminal: dos subsargentos, un cabo y tres soldados, todos ellos absueltos en septiembre de 1991 por un tribunal de conciencia.

El Atlacalt, autor de otras matanzas, como la de El Mozote, con casi mil muertos, no era una unidad autónoma que actuaba bajo impulsos. Fue la eje cutora, como queda demostrado en el informe de la Comisión de la Verdad, de un asesinato institucional.

Lo más escalofriante de todo es que Ponce, que dimitió el viernes, y Zepeda, hasta ayer en el cargo, hayan llegado a la actual fase del proceso de paz del país como máximos reponsables de la cúpula militar salvadoreña. También que un tercer implicado, el coronel óscar Alberto León Linares, que mandaba el batallón Atlacalt el día de la matanza, esté hoy al frente de la IV Brigada de Infantería.

El poder del Ejército salvadoreño, creado en su día como una guardia personal de cafetaleros y terratenientes, desbordó incluso a sus tutores. Son los militares quienes todavía tienen la última palabra pese a que hoy el país está regido por un Gobierno civil elegido democráticamente. A pesar de la presión internacional, el presidente Alfredo Cristiani tuvo que renunciar en enero a emprender la purga militar que le exigían los acuerdos de paz firmados con la guerrilla. Cien militares, entre ellos Ponce y Zepeda, tenían que salir del Ejército, pero se negaron porque ya se había producido demasiado "sacrificio de honor" dentro de la institución.