El PSOE pretende de nuevo que la decisión última sobre el aborto dependa de la mujer

Eduardo Martín Toval, portavoz del Grupo parlamentario Socialista, manifestó ayer, al término de una reunión con Matílde Fernández, que se está haciendo un acercamiento con el Gobierno para que la decisión última sobre la interrupción del embarazo recaiga sobre la mujer. Tras la reunión, la ministra de Asuntos Sociales se mostró partidaria de facilitar la comercialización en España la pildora abortiva RU-486.

La titular de Asuntos Sociales se quejó, en una rueda de prensa celebrada al término de la reunión, de que las mujeres socialistas le "reprochan que el texto del nuevo Código Penal no resuelve los problernas". Martín Toval, por su parte, matizó que "están tratando de elaborar la decisión que no tenga ningún reparo constitucional y que al tiempo sea compatible con la idea de la ministra de Asuntos Sociales de que en la interrupción voluntaria del embarazo quien tiene que decir la última palabra es, sin duda, la mujer afectada".Para Matilde Fernández, "la voluntad del grupo socialista y de toda la sociedad que se siente progresista es buscar la redacción definitiva que resuelva de una manera clara los problemas". "La reflexión en el PSOE", añadió la ministra, "en el Gobierno y en el grupo socialista es si nuestra Constitución y las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional permiten que sea sólo la mujer la que decida, y ahí hay división de opiniones". En este sentido, Carmen Romero, diputada por Cádiz, manifestó al respecto que "hay acuerdo en el PSOE sobre la necesidad de modificar la situación actual".

Píldora RU-486

En la reunión, el Grupo parlamentario Socialista decidió rechazar en el Pleno del Congreso que tendrá lugar mañana miércoles una proposición no de ley de Izquierda Unida para que la Administracción comercialice en España la píldora abortiva RU-486, cuyo índice de eficacia es del 96%.

Ángeles Maestro, portavoz de IU para temas de Sanidad, manifestó por la mañana que su propuesta contaba con el apoyo de PSOE. Fuentes de Sanidad manifestaron a EL PAÍS que la legislación actual no permite esa comercialización por parte del Gobierno, pero mostraron su disposición a "actuar diligentemente" si el laboratorio solicita el registro sanitario. Éste es un trámite previo necesario para la distribución de cualquier medicamento.

En el caso de la RU-486 se clasificaría como fármaco de uso hospitalario. Es decir, sólo estaría a disposición de los hospitales. "El registro de esa píldora tiene una función sanitaria y es idóneo porque ahorra traumas quirúrgicos a la mujer, pero no podemos instar al laboratorio a registrarlo", afirmó Marcos Peña, Secretario General de Salud.

EL PAÍS intentó ayer tarde infructuosamente ponerse en contacto con el laboratorio Roussel-Uclaf que fabrica la píldora. Sanidad han mantenido varias reuniones Russel-Uclaf en las que esta firma pidió garantías para evitar el boicoteo médico al resto de sus productos como ocurrió en Francia.

Matilde Fernández, por su parte, señaló que cualquier fármaco que es "útil para producir un efecto preventivo siempre es mejor que recurrir a políticas más complejas, pero el laboratorio condiciona la introducción del producto en España a que sea solicitado por los médicos". Los sectores más conservadores de la profesión médica y la Iglesia Católica han manifestado su oposición. Para Ángeles Maestro, la píldora RU-486 "es muy positiva para las mujeres y ampliaría su ámbito de libertad de decisión".

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Manzanares, dijo ayer que el sistema de plazos entendido como una opción para ampliar la despenalización del aborto es "difícilmente compatible con la Constitución", informa Servimedia.