Los diputados italianos emiten un primer voto favorable al procesamiento de Bettino Craxi

La comisión específica de la Cámara de Diputados de Italia se pronunció ayer favorablemente al procesamiento de Bettino Craxi, tanto por quebrantamiento de la ley de financiación de los partidos políticos, como por le presuntos delitos de corrupción y receptación que los magistrados reprochan al ex líder di Partido Socialista Italiano (PSI). Esta decisión, inesperada por la amplitud de su contenido y por el apoyo que mereció, será probablemente confirmada en fecha próxima por el pleno de la Cámara. "La justicia política sumaria no se detiene", comentó un Craxi visiblemente irritado por el veredicto.

La comisión recomienda incluso que el Parlamento permita a los magistrados realizar las investigaciones personales y patrimoniales que pretenden llevar a cabo en los domicilios y las cuentas bancarias de Bettino Craxi. Este extremo ilustra, por sí sólo, hasta qué punto el ya célebre fumus persecutionis alegado por el ex líder socialista en todas sus intervenciones de autodefensa, en las que ha hablado invariablemente de un "compló" orientado a destruirle, no ha sido sino una debilísima cortinilla de humo incapaz de contener las acusaciones de los magistrados, incluidas en el primero de los ocho sumarios abiertos contra el ex líder socialista. Y por la tarde, llegó al Parlamento una segunda petición de autorización para proceder contra el ex líder socialista.Ayer mismo, aún renunciado a una nueva intervención personal ante la comisión, a pesar de que la semana pasada había pedido un aplazamiento del veredicto para poder responder a nuevas acusaciones de Claudio Martelli -quien declaró ante los jueces que el secretario general controlaba personalmente todas las comisiones ilegales percibidas por el PSI-, Craxi insistía en un último pliego de descargo remitido al Parlamento: "La nueva iniciativa de la Fiscalía de Milán [de remitir a la Cámara las declaraciones de Martelli] no quita peso ni significado al intento persecutorio que grava desde el comienzo la acción judicial contra mí".

" No nos hemos dedicado a buscar imaginaciones, conjuras, ni comportamientos predeterminados de los magistrados, porque lo que cuentan son los hechos. Si hubiéramos advertido que no había indicios significativos, no habríamos recomendado la autorización", afirmó, en cambio, el democristiano Roberto Pinza, quien actuó como relator del caso, al explicar su posición.

Pinza sólo recomendó a la comisión que se pronunciara por los delitos de infracción de la ley de financiación de los partidos y corrupción, pero no por el de receptación (ocultar cosas que son materia de delito). A la hora de votar, asunto por asunto, los diputados también acogieron, sin embargo, esta petición de los jueces. Bettino Craxi había pedido que se autorizara su procesamiento por simple quebrantamiento de la ley de financiación de los partidos, y no por los demás delitos.

Amplia mayoría

Aunque había dudas sobre el nú mero de miembros de la comisión realmente presentes, los resultados numéricos sugerían que incluso algún socialista habría votado en favor del procesamiento de su ex líder. Ciertamente, así votaron muchos democristianos, a los que su partido había dado libertad de voto.No se descarta que, en la dureza de este veredicto, influyera el clima de protesta suscitado por el intento del Gobierno de despenalizar, por decreto, la financiación ilegal de los partidos. Políticos de la oposición habían denunciado que esa medida había sido pensada por el propio presidente del Gobierno, Giuliano Amato, con el objetivo de lograr que el caso de Craxi se archivara después de que la Cámara autorizara su procesamiento sólo por ese concepto. La semana pasada, parecía probable que ese fuera el pronunciamiento de los diputados.

Debido a las protestas surgidas, el Gobierno estuvo ayer en un vilo que causó graves daños a la Bolsa y a la cotización de la lira, pues durante toda la mañana se dio por cierto que su dimisión era inminente. Reforzaron esa impresión unas declaraciones de Amato al diario Corriere della Sera, en las que el primer ministro hablaba de su soledad y afirmaba que el presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, conoció la existencia del proyecto de decreto ley que luego se negaría a firmar, considerándolo inadecuado.

El Gabinete no dimitió ayer, aunque tres ministros del Gabinete afirmaron, al concluir el Consejo de Ministros, que el problema sigue abierto y que su solución depende de cómo reaccione hoy el Senado a las explicaciones que dará Amato sobre lo ocurrido con la fallida ley del perdón.

El Gobierno informó que, siguiendo los consejos de Scalfaro, dejará que el Parlamento se ocupe de la reforma de la ley de financiación.

En favor del decreto de ley que despenalizaba la financiación ilegal se pronunció ayer todavía Arnaldo Forlani, el ex secretario general de la Democracia Cristina (DC) quien anunció de improviso que dimitía de la comisión bicameral que se ocupaba de las reformas institucionales. La dimisión coincide con la condena de su ex portavoz, Enzo Carra, a dos años de cárcel por haber mentido a los jueces al negar haber comentado que la DC recibió 50.000 millones de liras (unos 3.500 millones de pesetas) de la fusión de Enimont. No se ha confirmado la implicación de Forlani en los hechos.