El jefe del Estado italiano se niega a firmar la 'ley del perdón' aprobada por el Gobierno
El presidente de la Repúbica de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, se negó a firmar anoche el decreto de despenalización de la financiación ilegal de los partidos políticos aproba do el pasado viernes por el Gobierno. Scalfaro pidió al primer ministro, Giuliano Amato, que reconsidere la medida, al término de una tensa jornada en la que los magistrados italianos habían protestado por una norma -denominada del perdón-, que, según dijeron, paraliza sus investigaciones, y en la que el ministro del Ambiente, Carlo Ripa di Meana, dimitió para destacar su desacuerdo con el Gabinete en este asunto.
La dimisión de Ripa de Meana, que la semana pasada abandonó el Partido Socialista Italiano (PSI) y que es el cuarto ministro que en menos de un mes se va del Gobierno, vino a culminar por la tarde las presiones que el jefe del Estado había recibido durante la jornada.En ese clima tenso, Scalfaro se limitó a firmar ayer el decreto que obliga a la continuación de las obras públicas interrumpidas por diligencias penales sobre la adjudicación del contrato, una medida de emergencia justificada por los daño
económicos que está causando en Italia la paralización del sector público.
El presidente de la República había dedicado parte del día a discutir el problema de la ley del perdón con el primer ministro, Amato, y con los presidentes de la Cámara, Giorgio Napolitáno, y del Senado, Giovanni Spadolini.
Pidió explícitamente a Scalfaro que no firmara los decretos el líder del movimiento La Rete, Leoluca Orlando. A esta oposición ya conocida, como la del radical Marco Panella, que ha hablado de "golpe restaurador", de los neofascistas, de los Verdes, de los comunistas y del Partido Democrático de la Izquierda (PDS), así como a las dudas sobre la constitucionalidad de las medidas expresadas el sábado por el propio líder democristiano, Mino Martinazzoli, se sumaron ayer otros críticos de prestigio.
Voto en contra
Giorgio La Malfa, el líder republicano que dimitió la semana pasada tras habérsele abierto un sumario precisamente por infracción de la ley de financiación de los partidos, anunció que votará en contra de la despenalización y que los decretos de Amato sólo le perjudicarán, pues le impedirán demostrar que es inocente.Incluso el ala disidente del Partido Socialista Italiano (PSI), a través de su candidato derrotado a la secretaria, Valdo Spini, formuló serios reparos a la decisión de que los políticos investigados no paguen sus culpas con el rigor previsto por las leyes. Por su parte, Mario Segni, el líder de los renovadores democristianos, declaró que la ley del perdón de Amato es "inaceptable".
Así lo estima también la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) Italianos, que teme que la aplicación de tales medidas implicará que se archiven, no sólo los casos de simple financiación irregular, sino también los más graves de corrupción y prevaricación.
Los magistrados aseguran que, dada la mecánica de estas investigaciones, en el futuro ni siquiera se podrán ocupar de estas conductas que han contaminado la realidad política italiana hasta extremos ¿le escándalo. Todas las investigaciones sobre corrupción y prevaricación-delitos que implican el uso de un poder económico o político para comprar voluntades políticas o imponer a las empresas el pago de comisiones ilegales a un partido, respectivamente-, explican los magistrados, parten de una infracción financiera simple. En su investigación intentan demostrar los otros delitos más graves.
Pero la despenalización aprobada el pasado viernes coefectos retroactivos, impide que los magistrados sigan investigando las simples infracciones de la ley de financiación de los partidos. Todas las actuaciones relacionadas con el tema deberán ser trasladadas a los pretores, especie de jueces municipales que dependen directamente del poder Ejecutivo y que serán los que apliquen las sanciones administrativas previstas en el nuevo ordenamiento.
Esto supone el archivo de muchas actuaciones, la sustracción de hechos fundamentales para otras que seguirán adelante y la prohibición práctica de que los magistrados pueden acceder a las pruebas fácticas de los delitos de corrupción o prevaricación que se cometan en el futuro.
Idea de Amato
El ministro de Justicia, Giovanni Conso, ha declarado que la idea de despenalizar por decreto y con efectos retroactivos no fue suya, sino de Amato. Pero ha añadido que eso no quiere decir que él se lave las manos sobre lo hecho. El Gobierno, siempre en situación difícil, se encuentra de nuevo con que su precario equilibrio se vuelve imposible.
