El abogado del técnico que manipuló el acelerador de Zaragoza minimiza el error

No hay mejor defensa que un buen ataque. Carlos de Francia, defensor del técnico de General Electric que manipuló el acelerador del Hospital Clínico de Zaragoza, minimizó ayer el posible error cometido por su cliente, Mariano Conte, para intentar exculparle de las consecuencias del fallo (la muerte de 20 pacientes oncológicos y lesiones en otros siete). El letrado cargó las responsabilidades en el personal del hospital.

El defensor del técnico de General Electric centró ayer su informe en resaltar los fallos de comunicación interna de los servicios del hospital relacionados con el acelerador. Según el letrado, pudo existir una "reparación incorrecta" de Conté, al manipular el aparato y situar las dosis en los niveles más altos y sin posibilidad de que los sistemas de seguridad se accionaran provocando la parada del equipo.En opinión de ese abogado, las consecuencias -la sobreirradiación descontrolada de los enfermos- no se hubieran producido si el servicio de protección radiológica hubiera realizado las dosimetrías del aparato después de la reparación. Es decir, la medición de las dosis y el control sobre el haz de electrones.

"Lo cierto es que el 10 de diciembre se reanudaron los tratamientos sin hacer la calibración necesaria ante la posibilidad de un error humano, teniendo en cuenta la complejidad del equipo y por la trascendencia del tipo de tratamientos", subrayó.

Y remachó finalmente: "La complejidad del equipo obliga a que la responsabilidad no pueda descansar exclusivamente en una sola persona".

Un contrato discutido

Durante las más de tres semanas de juicio se ha discutido mucho sobre los canales de comunicación del centro y de General Electric cada vez que se producía una avería y una reparación en el acelerador. Según el letrado del técnico, lo único válido era el contrato de mantenimiento firmado entre el centro y la empresa.De acuerdo con su versión, en éste se establecía la obligación del hospital de llevar unas anotaciones en el libro de operaciones del acelerador: hora de parada y de llamada al técnico en caso de avería y hora de reparación, entre otros aspectos.

También, según la interpretación que hace el letrado del contrato, existía la obligación del hospital de que un supervisor controlara las reparaciones hechas por el técnico. "Es una secuencia tan minuciosa que, si se hubiera cumplido, se hubiera evitado el desconocimiento de la avería y de la posterior reparación", añadió.

En definitiva, el abogado culpó al hospital de la falta de comunicación entre los servicios afectados y de la ausencia de control sobre las incidencias del acelerador. "Todas las normas se han dado por escrito en el hospital después del accidente, y si se ha hecho es porque era necesario", afirmó De Francia.

El abogado del técnico de General Electric también lamentó las consecuencias del fallo, aunque hizo la matización de que un proceso penal de este tipo no puede ser utilizado "para enriquecer a los vivos a costa de los muertos". En la sesión de la mañana de ayer, la penúltima del juicio según las previsiones, también intervino el defensor de las dos físicas del servicio de protección radiológica encausadas, que centró su informe en echar la culpa al técnico, Conté, y el de los dos médicos de oncología radioterápica que yan han sido exculpados de responsabilidad por el fiscal.

Se prevé que mañana finalice el procedimiento y el juicio del acelerador de electrones quede visto para sentencia.