Hacienda considera injustificados los 35 millones pagados por Enasa a Filesa

La Inspección de Hacienda no considera justificados los 35,8 millones de pesetas -IVA incluido que la Empresa Nacional de Autocamiones (Enasa), perteneciente al INI, pagó a Filesa por un estudio en 1989, según informaron ayer fuentes juridicas. Con este abono, Enasa redujo su base imponible en el citado año fiscal, al deducirse ese pago como gasto. El trasvase de fondos de Enasa a Filesa se produjo un mes antes de las elecciones generales celebradas en 1989, cuando la citada empresa pública, que se encontraba en situación crítica, estaba a punto de ser privatizada.

En la documentación remitida por la Agencia Tributaria al juez Marino Barbero figura un acta levantada por la Inspección de Hacienda en 1992, referida al ejercicio de 1989. El documento confirma que Enasa tuvo unos resultados negativos en su gestión, lo cual implica que quedó exenta del pago del impuesto de sociedades.Sin embargo, el acta considera como gastos "no deducibles" varias partidas, entre las cuales se encuentra el informe de Filesa. Éste gasto no era necesario, a juicio de la Inspección de Hacienda.

El acta citada se encuentra en poder del juez Marino Barbero y del Fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas, y salió a relucir ayer durante la comparecencia del ex presidente de Enasa, Juan Molina Vivas, en el Tribunal Supremo. A pesar de que Enasa era el único cliente de Filesa con capital público al 100%, el abogado del Estado, Luis Gayo de Arenzana, no asistió a la declaración.

Juan Molina dijo que encargó el estudio a Filesa en 1988, después de recibir una visita del administrador de dicha empresa y de Time Export, Luis Oliveró, que le ofreció sus servicios. Cuando se produjo el ofrecimiento, los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala eran aún dueños de Time Export.

A 10.000 pesetas la línea

A diferencia de los informes de Filesa para clientes privados, que en su gran mayoría no han aparecido, el estudio realizado para la empresa del INI ha sido aportado al Tribunal Supremo. Consiste en una fotocopia, sin fecha ni membrete de lFilesa, aunque lleva la firma de: Luis Oliveró. Versa sobre subsidios y ayudas públicas a las empresas en el marco de la Comunidad Europea.Barbero preguntó al ex presidente de Enasá cómo era posible que hubiese pagado "200.000 pesetas por cada folio y 10.000 pesetas por cada línea" del informe. Según su abogado, Juan Molina contestó que el precio fue "relativamente normal", dado que el informe analizaba el expediente abierto a Enasa por la Dirección General de Competencia de la Comunidad Europea, por competencia desleal.

La factura de Filesa a Enasa está fechada el 27 de septiembre de 1989, un mes antes de las elecciones generales celebradas en octubre de ese año. Las negociaciones para la venta de Enasa a grupos extranjeros se encontraban ya en fase muy avanzada, y el INI tenía entonces cuatro ofertas. La mayoría del capital de Enasa fue vendido a Iveco, del grupo italiano Fiat -en dura pugna con la empresa alemana Mercedes- a los pocos meses de las elecciones.

Enasa tuvo graves pérdidas en 1989, que superaron los 6.000 millones de pesetas, según reconoció ayer el ex presidente de la empresa del INI. Pese a lo cual, pagó un informe en apariencia poco útil a la consultora Filesa, actualmente sujeta a una investigación judicial por presunta financiación irregular del PSOE. La ley prohíbe los donativos de las empresas públicas a los partidos.

Por otra parte, el abogado malagueño Luis Vertelli ha presentado una querella por prevaricación contra el magistrado Marino Barbero, que fue ponente de una sentencia en la que el letrado resultó condenado por estafa. Según fuentes jurídicas, Vertelli es miembro de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) y uno de los firmantes de la querella contra Filesa.