El PP acusa al Gobierno de intentar crear una "superpolicía financiera"

El Grupo Popular pedirá hoy la devolución al Gobierno del proyecto de ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales porque entiende que, al hilo de sus normas, se intenta crear una auténtica "superpolicía secreta financiera". El Grupo Popular mantiene que la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a cuyo frente se coloca un Servicio Ejecutivo, tendrá unos medios de investigación tan excepcionales que rozan la inconstitucionalidad.

El proyecto que hoy se debatirá en el Congreso trata de poner coto al blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, con las organizaciones terroristas y con cualquier actividad delictiva de asociaciones ilícitas. El proyecto de ley tiene naturaleza puramente administrativa, ya que, en diciembre, para dar cumplimiento a la convención de Viena de 1988 se modificó el Código Penal español y se creó un nuevo tipo delictivo que penaliza el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, fundamentalmente la droga y el terrorismo.La Comunidad Europea estableció una directiva en junio de 1991 que exige establecer normas administrativas y de control de la actividad financiera para evitar que se pueda utilizar el sistema bancario para el blanqueo de dinero de origen delictivo.

El proyecto de ley que se discute hoy y que da cumplimiento a esta directiva fija una serie de obligaciones para las entidades de crédito, las de seguros, las agencias de valores, las de inversión colectiva, las gestoras de cartera, las sociedades emisoras de tarjetas de crédito y cualquier persona física o jurídica dedicada al cambio de moneda.

Obligación de control

En síntesis, se establece la obligación de controlar todas las operaciones que resulten sospechosas, conservar durante cinco años los documentos de este tipo de operaciones y comunicar al servicio ejecutivo que crea la propia ley estas sospechas.

Al mismo tiempo, cualquiera de estas entidades, además de paralizar las operaciones sospechosas, no pueden "revelar, ni al cliente ni a terceros, que se han transmitido informaciones al Servicio Ejecutivo" o incluso "que se está examinando alguna operación por si pudiera estar vinculada al blanqueo de capitales.

En opinión del Partido Popular, que defenderá la enmienda a la totalidad a través de su diputado José Manuel Otero Novas, sería necesario dar a la ley el carácter de orgánica ya que, de otra forma, las entidades financieras pueden verse atrapadas por el Código Penal si la Administración considera que han obrado con negligencia.

Los populares encuentran la razón fundamental para oponerse al proyecto en que, según ellos, dota de unas facultades de investigación desorbitadas al Servicio Ejecutivo. El portavoz del Grupo Popular toma como ejemplo el de un ciudadano que reciba cualquier transferencia desde un país extranjero considerado como paraíso fiscal, que puede ser perfectamente lícita y que, sin embargo, se verá sometido a una intensa investigación secreta, de la que nunca tendrá conocimiento y que le acarreará gravísimos perjuicios.

Para el Grupo Popular, no cabe duda de que el Gobierno intenta conseguir ahora lo que no logró de la CE.