El procesamiento del ministro de Sanidad pone en peligro al Gobierno Amato
El liberal Francesco de Lorenzo, ministro italiano de Sanidad, es hoy la clave de la estabilidad del Gobierno de Giuliano Amato. La Cámara de Diputados autorizó el miércoles su procesamiento en Nápoles por el llamado cambio de votos por favores y recomendaciones. Pero De Lorenzo no dimite y su partido advierte que cualquier intento de sacarlo de su puesto determinaría la retirada del Partido Liberal de la mayoría y, por tanto, la caída del Gobierno.Ayer, horas antes del debate previsto para hoy en el Senado sobre la dimisión de Claudio Martelli como ministro de Justicia, el presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, pidió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Giorgio Napolitano, y del Senado, Giovanni Spadolini, que "el Parlamento cumpla con su deber". Sus palabras se referían, sobre todo, a la dificil coyuntura que las cámaras deben superar, precisamente cuando el cambio de la mayoría de Gobierno, que se intenta, parece imposible.
Pero las palabras del presidente de la República sonaban también como una alusión a la demanda de una solución "política" para la desestabilización permanente que representan las investigaciones judiciales sobre la corrupción, dada la extensión que han adquirido tales conductas.
La polémica la inició la semana pasada el juez Antonio Di Pietro, el más conocido de los fiscales milaneses, quien estimó necesaria una actuación de ese tipo como complemento, y no sustitutivo, de la acción de judicial.
Las opiniones sobre el tema proliferaron en días pasados, divididas, desde un principio, entre los que estiman que el objetivo prioritario es evitar el borrón y cuenta nueva, como el Movimiento Social Italiano (MSI) o Refundación Comunista (RC), y los que consideran indispensable una actitud más flexible.
El nuevo ministro de Justicia, Giovanni Conso, socialista, dijo en cuanto tomó posesión de su cargo que, por su gran extensión, el problema de la corrupción requería "medidas extremas".
El diario La Stampa aseguraba ayer que Conso ya tenia un borrador de ley de perdón sobre su mesa, aunque la noticia no tuvo confirmación ni despertó más comentarios de los que ya han suscitado las muchas maniobras urdidas en torno al tema.
El. supuesto borrador seguiría, en cualquier caso, las líneas de la propuesta que Gherardo Colombo, otro de los fiscales de Milán, hizo después de que comenzaran las investigaciones y que luego ha sido adoptada por algunos diputados republicanos: los que se consideren culpables deben confesar antes de que les investigue la Justicia y restituir, a continuación, el daño económico causado. No irían a la cárcel, aunque sí quedarían inhabilitados para la política activa y la función pública.
De acuerdo con la información citada, quedarían puntos por debatir, como, por ejemplo, si el resarcimiento deberá ser proporcional solamente al daño causado o los jueces deberán tener en cuenta también la capacidad económica del sujeto. También estaría por definir el periodo de tiempo que duraría la inhabilitación y las extensión precisa que ésta tendría.
