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El juez embarga los bienes de una inmobiliaria de Grup de Consellers por deudas de 2.000 millones

El juez ha decretado el embargo de la sociedad Buena Park Sitges, radicada en Barcelona, que en los últimos meses ha dejado de pagar a bancos y proveedores alrededor de 2.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones. El embargo se produce tras la denuncia de una sociedad perjudicada. Buena Park Sitges forma parte de un entramado de empresas vinculadas al holding Grup de Consellers Financers, a las que la crisis inmobiliaria ha llevado a situación críticaEsta empresa fue constituida en Barcelona en febrero de 1992 por Jesús Puyoles Salvat y Joan Antoni García Maltas, en representación de Grup de Consellers Financers, una sociedad creada en 1984 y entre cuyos accionistas figuran García Maltas, su esposa Victoria Ribatallada Puig, Josep Vallés Saura y Josep Gaspa Valls. Tanto Gordo como Ríbatallada han ocupado cargos directivos en Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

El grupo se dedica a la inversión en Bolsa y a la promoción inmobiliaria. La crisis se ha precipitado por una promoción en Sitges, que no ha llegado a realizarse y para la que pidió prestados 1.100 millones al Banco de Vitoria. Buena Park no ha pagado, según fuentes de la entidad, la parte del capital e intereses de este crédito ya vencido por valor de 115 millones. Tampoco ha abonado 940 millones a la empresa Battisa, a la que compró el solar para desarrollar el proyecto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de febrero de 1993