La economía creció en 1992 un 1,2%, menos de la mitad de lo previsto en el plan de convergencia

La economía española registró un fuerte deterioro en el segundo semestre de 1992. Terminó el año con un crecimiento de sólo el 1,2%, muy inferior al 3% previsto en el programa de convergencia. No se creó nada de empleo, sino que se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo. Y para 1993, las perspectivas no son mucho mejores. "No es imposible la recuperación económica en el segundo semestre", se limitó a decir ayer Carlos Solchaga, ministro de Economía, tras la presentación de los datos económicos del año pasado. El ministro tampoco defendió una política activa para frenar el aumento del paro. La reforma laboral -que él mismo había dicho corría "prisa" para crear empleo- exige desde ayer "una reflexión conjunta" y "sin plazos previos".

Bajo crecimiento, destrucción de empleo, estancamiento de la producción industrial y caída de la inversión y del consumo son las características económicas de 1992, que se acentuaron en el segundo semestre. Éste es el resumen de la situación económica que ofreció ayer el ministro de Economía, Carlos Solchaga, en una rueda de prensa en la que respondió con parquedad a las preguntas sobre las perspectivas y las propuestas de política económica para el presente ejercicio. Ni siquiera se pronunció a favor de una pronta rebaja de los tipos de interés oficiales, acorde con la decidida el jueves por el Bundesbank (banco central alemán). Sí se felicitó de que estén bajando los tipos de mercado y "sobre todo los de la deuda pública".En la segunda parte del año, aseguró Solchaga, el crecimiento económico no llegó al 1% del PIB; la caída de la inversión superó el 4% y fue especialmente acusada en el sector de la construcción. Sobre la destrucción de empleo del último trimestre no hay aún datos, pero hasta septiembre afectó a 146.500 personas y en el conjunto del año puede suponer un descenso de la ocupación de un 1,8% (más de 200.000 personas), cuando el plan de convergencia esperaba una creación de empleo de un 0,6% (unas 76.000 personas).

En el sector exterior, el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente "fue del 3,4% del PIB y no del 4, 1 % corno se ha publicado". El motivo, según dijo, es que la estadística que elabora el Banco de España ha dejado de responder a la evolución de la balanza de pagos desde la total liberalización de movimientos de capitales. En opinión de Solchaga, Ia balanza de caja ha sido una fuente de inquietud y mala información durante el último año", aunque no especificó si piensan elaborar otra que sí facilite la información correcta.

Empleo y paro

El paro, afirmó el ministro, es el problema más importante de la economía española "para el Gobierno y para toda la sociedad". Para reducirlo, el titular de Trabajo propuso recientemente una reforma global y radical de las relaciones laborales, que después Solchaga aseguró corría "prisa".

La urgencia pasó ayer a un segundo plano, pues el responsable de Economía afirmó que "no hay plazo previo" para la reforma. Esta "exige una reflexión conjunta" y "el presidente del Gobierno ha dicho que el marco de ese debate debe ser el CES (Consejo Económico y Social)". Solchaga añadió, como ya había hecho Felipe González, que "algunas cosas de esa reforma se pueden incluir en el programa electoral del PSOE" y algunas otras "podrán producirse antes de las elecciones".

La nueva cautela de Solchaga puede interpretarse como un indicador más del creciente protagonismo que el presidente del Gobierno está asumiendo ante las próximas elecciones.

Con o sin medidas de reforma laboral, el ministro reconoció "pobres" resultados en convergencia real, es decir, en el acercamiento al nivel de bienestar del resto de Europa. Como justificación reiteró que el crecimiento será bajo en toda Europa -"la media de la CE será del 1% y en España del 1,2%"- y "también está aumentando el desempleo en países como Reino Unido, Alemania o Francia". En 1993 estos resultados de convergencia real también serán "poco brillantes". Poca solución, a juicio de Solchaga, permitiría cualquier medida de relanzamiento, "porque no vamos a poner en peligro el objetivo de déficit público".

Frente a esta oscura fotografía de la situación económica real, el ministro defendió "claros avances" en convergencia nominal, es decir, en las condiciones impuestas en el Tratado de Maastricht para acceder a la Unión Monetaria. A su juicio, "la convergencia en España ha funcionado bastante bien", porque la inflación se ha reducido una décima "y 1,5 puntos del 5,4% del IPC obedecen a las subidas de impuestos indirectos y a la doble devaluación"; porque el déficit público -medido por la necesidad de financiación de las administraciones públicas- "es un punto inferior a la media de la CE"; porque ha mantenido el diferencial de interés a largo plazo, y porque el volumen de deuda sigue por debajo del 60%, aunque ya alcanza el 46,5% del PIB.

Comparación internacional

En este sentido, Solchaga se apresuró a difundir una nota de la Comisión Europea que matiza unas declaraciones de su presidente, Jacques Delors, sobre las dificultades de España para alcanzar la Unión Económica y Monetaria. Solchaga, además de repartir el escrito, puntualizó que Ias condiciones de Maastricht deben cumplirse todas a la vez"; es decir, no podría ponerse en marcha una primera velocidad con países como "Holanda o Bélgica, que mantienen volúmenes de deuda muy superiores al 60% del PIB".

El cierre del Presupuesto ocupó buena parte de la intervención del ministro. El déficit conjunto de las Administraciones Públicas quedó en el 4,4% del PIB, frente al 4% que estimaba el plan de convergencia. Ese 4,4% se desglosa en un déficit del Estado del 2,4%, un 0,6% de la Seguridad Social y un 1,4% de las administraciones territoriales.

Ese reducido déficit del Estado resulta de la medición de la contabilidad nacional y no del cómputo de la caja de Hacienda. El déficit de caja es del 3,17% -superior al 2,4% de necesidad de financiación- porque, según Solchaga, "el Estado también soporta la morosidad de estos tiempos". A cambio, añadió, "el Estado no está retrasando pagos" pues Ias obligaciones pendientes de pago sólo ascienden a un billón de pesetas, menos que en ejercicios anteriores".