El fallo del acelerador no era "imaginable ni para los físicos", dice la jefa de protección radiológica

"No se le pasó a nadie por la imaginación que ésto pudiera suceder", declaró ayer Araceli Hernández, jefa de protección radiológica del Hospital Clínico de Zaragoza y acusada en el proceso por el accidente en 1990 del acelerador que ha causado la muerte de 20 pacientes oncológicos. La inculpada contestó durante cinco horas a las interminables y reiterativas preguntas del fiscal, defensores y acusadores. Como culpable del accidente, la propia Araceli Hernández señaló al técnico de General Electric al que quieren convertir en el único villano de esta película.

Según el relato de la jefe de protección radiológica, el acelerador lineal de electrones tuvo una primera parada el 5 de diciembre de 1990. Dos días más tarde, el técnico de General Electric, Mariano Conte, fue a repararlo. No sólo no lo consiguió, sino que originó una avería mayor. "Se pudo ver después que había manipulado el potenciómetro -de fase- que controla la energía de los electrones. Había dejado el mismo valor para las altas y bajas. La manipulación no era visible en el panel de control", dijo Araceli Hernández. Para ella, eso era un indicio de que los sistemas de seguridad funcionaban. La manipulación hacía imposible el control sobre la intensidad de las radiaciones que emitía el aparato, agregó."La máquina nos engañaba", dijo. El engaño consistía en que con independencia de la selección de intensidad escogida por los operadores -ATS también acusados en el procedimiento- el acelerador sometía a los pacientes a una sobredosis de radiación no controlada. En el cuadro de mandos, la aguja del indicador de la consola exterior marcaba siempre 36 megaelectronvoltios.

La jefa de protección radiológica, la primera en declarar de los 11 acusados, habló sentada, una peculiaridad más de un juicio que se celebra en un salón de actos rodeado de efectos de tramoya, pero que apenas reunió ayer a medio centenar de espectadores.

Aguja bloqueada

Ante la insistencia de los abogados, Hernández contestó que no tuvo conocimiento del engatillamiento de la aguja hasta el 20 de diciembre, día que, según su testimonio, una de las operadoras le comentó: "¿Hasta cuando va a estar bloqueada la aguja?". Fue entonces, de acuerdo con su versión, cuando se enteró de que el técnico había reparado el acelerador y de que éste había manifestado a las operadoras que el fallo de la aguja no tenía importancia. No la tendría si los tres mecanismos de seguridad del aparato se hubieran activado porque el acelerador no funcionaría, tal como había sucedido en otras ocasiones. En diciembre de 1990 no ocurrió así.

La acusada aseguró que nunca fue informada de las averías ni de las idas y venidas del técnico de la General Electric. Según dijo, la normativa de su departamento obligaba a dicho técnico a comunicarle sólo los fallos de la cadena de dosimetría del aparato.

- "¿No le comentó la avería el día 5 y el 10, Esther Millán [físico del servicio y también encausada]?".

- "No, porque también lo desconocía".

- "¿Y los médicos?".

- "Tampoco".

- "¿Y las operadoras y el servicio de mantenimiento?".

- "Tampoco. No me enteré por nadie".

Hernández explicó que la aguja no era un signo de trascendencia que indicase que alguien hubiera cambiado las energías, "que es lo que hizo el señor Conte", insistiendo en culpabilizar una vez más al técnico. Pese al cuadro descrito por la acusada, su abogado defensor no dudó en afirmar que la coordinación e información dentro del hospital habían funcionado. Posteriormente, la jefa de protección radiológica comentó que tras el accidente el acelerador dispone de un cuarto sistema de seguridad, ofrecido por General Electric al hospital. Según fuentes consultadas, el dispositivo ha sido instalado de forma gratuita.

"Es imposible esa avería porque el acelerador no está preparado para dar esas energías". Esa fue la respuesta que dio el supervisor de la General Electricen Madrid, apellidado Pozuelo, cuando fue consultado por la propia Araceli Hernández el 21 de diciembre. La consulta se produjo al percatarse de la magnitud de la avería y al descubrir los altos niveles de radiación sufridos por los pacientes. Pozuelo le replicó que el problema es que habían hecho mal las mediciones de energía. Ésto ocurrió 11 días después de que 27 pacientes fueran sometidos a varias sesiones de tratamiento de radioterapia. Para esa fecha, algunos ya se habían quejado de molestias a sus médicos.

Araceli Hernández negó tener responsabilidades sobre las licencias de los operadores que manejaban el acelerador, hecho que, dijo, podía ser comprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Añadió que en el diario del servicio figuran los nombres de todas las personas encargadas del acelerador.