Alemania cambia de ley

A lo largo del año pasado, el Gobierno y la oposición alemanes se enzarzaron en devastadoras peleas sobre la reforma de la Constitución. Primero fue la querella sobre el artículo 16, que regula el derecho de asilo, zanjada sólo cuando la violencia neonazi llegó a su cenit. Ahora es la cuestión de la presencia militar la que enfrenta al la clase política. Pero, pese a su trascendencia y espectacularidad, estos dos temas no son más que una pequeña parte del proceso de renovación constitucional fijado en el Tratado de Unificación, que va a suponer grandes cambios en la Ley Fundamental de 1949.

La comisión especial nombrada hace un año para revisar la Constitución, formada a partes iguales por 64 miembros de las dos Cámaras legislativas y, también al 50%, por miembros de los partidos del Gobierno y de la oposición, tiene que presentar su. trabajo antes del próximo marzo. El artículo 5 del Tratado de Unificación entre los dos Estados alemanes estipula que en los dos primeros años tras su entrada en vigor deberían hacerse cambios en la Ley Fundamental. Un plazo que ya ha sido superado, aunque, de hecho, los diputados ya hayan empezado a discutir la reforma, al menos el debatido tema del asilo.Cuando, tras la unificación, se abrió el proceso de reforma de la Constitución, los partidos de la coalición gubernamental (CDU, CSU y FDP) se mostraban reacios a tocar excesivamente la Carta Magna de 1949, que calificaban como "una de las mejores del mundo" y a la que sólo había que hacer "algunos retoques". Por el contrario, la oposición socialdemócrata y la izquierda proviniente de la antigua RDA hablaban abiertamente de aprovechar la ocasión para redactar un nuevo texto y someterlo a referéndum. Dos años después sucede todo lo contrario, por lo menos en los temas que más se han debatido ante la opinión publica.El artículo 5 del Tratado de Unificaci6n se refería a cuatro áreas específicas: el equilibrio entre el Gobierno central y los lánder en el contexto del sistema féderal alemán, donde los länder quieren más garantías sobre su autonomía política y financiera; la decisión sobre si Berlín y Brandeburgo deben seguir separados o convertirse en un solo land, la introducción en el texto constitucional de ciertas metas a las que todos los Gobiernos deben tender, entre los que se encuentran la salvaguarda del. medio ambiente y la aplicación del artículo 146 de la Ley Fundamental, que daría a los alemanes la posibilidad de votar en referéndum sobre materias específicas.

Autodisolución

Uno de los cambios que puede transformar la política alemana es la probable introducción del derecho a la autodislución del Bundestag. (Parlamento). De aprobarse, sería una novedad para la Alemania de la posguerra y rompería, hasta cierto punto, una de las reglas que más han contribuido a la estabilidad política de la República Federal: el Procedimiento del voto de no confianza constructivo, que exige que cualquier intento de derribar al Gobierno sólo prospere cuando hay otra mayoría en la Cámara. La evidencia de un Parlamento mucho más fraccionado en el futuro parece influir en favor de este cambio.Otro tema importante, y que parece marcar una tendencia generalizada entre los constitucionalistas, es la decisión de ampliar el periodo legislativo de cuatro a cinco años, evitando así la acumulación de citas electorales, que, en ocasiones, cuando coinciden los lánder, las administraciones locales y el Parlamento Europeo, llegan a agotar al votante. Cuatro Estados ya lo han hecho. Igualmente, la duración del mandato del presidente pasará de cinco a siete años, aunque no podrá ser reelegido.La izquierda, que en un primer momento insistió en incluir en la nueva Constitución elementos como el derecho al trabajo o la protección constitucional de la igualdad de la mujer, parece resignada a que estos principios se queden en el mundo de las ideas y no en la letra de la Constitución, ya que esto último podría abrir una gran brecha jurídica que podría abrumar de trabajo al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, otra iniciativa de la izquierda, y que fue calificada de utópica por los conservadores,, la de introducir la posibilidad de recurrir a referéndum para decidir sobre iniciativas populares, parece abrirse camino.