Viajes autonómicos

EL MINISTERIO para las Administraciones Públicas ha elevado al Gobierno un informe sobre la actividad de las comunidades autónomas en el extranjero en el que muestra su preocupación por la carencia "de unas reglas del juego que regulen esas relaciones, como existen en otros países europeos descentralizados". Pese a que el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre esta cuestión, el informe fue debatido en la comisión delegada de política autonómica. El mero dato de que en un solo año los presidentes autonómicos han realizado 124 viajes al extranjero indica que el asunto es lo bastante importante como para hacer balance- de esa actividad.Pero el hecho de que se haya dado un número de viajes tan significativo no debe llevar a la conclusión apriorística de que ello haya perjudicado la proyección unitaria exterior de España. La Constitución reserva al Estado el diseño de las relaciones internacionales de España que incluye tanto la política exterior como el establecimiento de tratados de todo tipo, incluidos los de carácter económico, con otros Estados. Más allá de ello, existe un amplio campo donde las comunidades autónomas pueden realizar su propia política comercial, cultural o de lobby junto a otras regiones de su misma área, aunque pertenecientes a otros países de la CE, dentro de la lógica coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El creciente protagonismo de las regiones en el proceso de construcción europea es un fenómeno que se da en países como Alemania, Italia o Bélgica y que en los últimos años ha tomado un especial relieve en un país de estructura tan centralizada como Francia. No es de extrañar por ello que en España, un país que se precia de tener la Constitución más autonomista, esa actividad sea especialmente amplia.

Sentada la premisa teórica, es preciso debatir la cuestión de la actividad exterior autonómica, incluido el establecimiento de oficinas de las comunidades en distintos países, por los resultados que en cada caso concreto se producen. Cada viaje tiene unos objetivos, un presupuesto y unos resultados finales. En ellos, los Gobiernos invierten una parte del dinero público del que dispone cada comunidad autónoma y del que. deben responder ante sus respectivos parlamentos.. Ése es el procedimiento democrático de control de la actividad del Ejecutivo, sea central o autonómico. Si no existe una vulneración de algún principio constitucional -y cuando ésta se produzca la actuación debe ser contundente-, es a esos parlamentos a los que corresponde ese control. El documento refleja episodios chuscos de falta de coordinación en algunos de los viajes de presidentes autonómicos que han provocado casuales acumulaciones de visitas en un mismo país para perplejidad del anfitrión y del embajador español que desconocía tales visitas. Es evidente la necesidad que tiene la Administración central de información completa sobre estos movimientos. Necesidad para una diligente coordinación de los mismos, no para obstaculizarlos. Así parece entenderlo el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto antes, bajo la responsabilidad de Francisco Fernández Ordóñez, como ahora, con Javier Solana, que se han mostrado menos reticentes a este fenómeno que los titulares de Administraciones Públicas.

La diferente intensidad de la actividad viajera o de proyección exterior de las distintas autonomías es lógica teniendo en cuenta la realidad española. Las particulares características, por ejemplo, de Cataluña, Galicia o el País Vasco hacen perfectamente explicable su especial atención a la proyección exterior de sus comunidades. No fue mera coincidencia que el pasado año Jordi Pujol y Manuel Fraga compitieran por la presidencia de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE). Como tampoco es casualidad que el Consejo de Municipios y Regiones de Europa esté presidido por el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Hechos como éstos, lejos de despertar reticencias, sea cual sea el color político de quien los protagonice, deben ser interpretados como algo beneficioso para España.