KIO se querella por presunta estafa de 100.000 millones contra De la Rosa y su equipo

La querella está dirigida contra Javier de la Rosa Martí, ex vicepresidente del Grupo Torras y el representante de KIO en España entre septiembre de 1986 y junio de 1992, y los kuwaitíes Fahad al Sabaj, ex presidente de KIO en Londres y del Grupo Torras, y Fouad Jaffar, ex director general de la oficina de KIO en Londres y ex presidente de Prima Inmobiliaria. Al Sabaj y Jaffar son dos de los ex directivos de KIO contra los que han actuado las autoridades de Kuwait y a los que han embargado sus bienes. La querella está dirigida también contra Narciso de Mir Faura, brazo derecho de De la Rosa y consejero de Quail España; Jorge Núñez Lasso de la Vega, ex consejero delegado de Torras Hostench; Juan José Folchi, ex consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, asesor y socio de De la Rosa en varias sociedades instrumentales, y Miguel Soler Sala, ex director financiero del Grupo Torras.En el texto de la querella se pide al juez que adopte medidas cautelares sobre el patrimonio de los querellados para que respondan solidariamente de las responsabilidades pecuniarias en que puedan haber incurrido. Estas medidas son el embargo de los bienes y el bloqueo de las cuentas de los denunciados en España, así como la solicitud de comisiones rogatorias para retener sus bienes en el extranjero.La acusación describe una serie de operaciones financieras presuntamente realizadas por los querellados que, según el equipo de abogados dirigido por José María Stampa Braun, constituyen delitos de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, estafa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales. Fuentes del citado equipo han destacado la importancia de los hechos relativos a los delitos de maquinaciones para alterar el precio y la participación de algunos de los presuntos implicados en delitos fiscales.Las actuaciones llevadas a cabo por De la Rosa, Jaffar y el resto de los querellados, según el texto, fueron realizadas con evidente engaño y abuso de confianza, y les supusieron enormes beneficios. Igualmente ocasionaron muy graves perjuicios para el Grupo Torras, que han llevado a la suspensión de pagos de éste y de algunas de sus sociedades participadas.

Fuentes de la Audiencia Nacional manifestaron ayer que casi con toda probabilidad la querella será admitida a trámite, ya que se denuncian hechos muy graves que, de ser ciertos, constituirían delitos de estafa de grave trascendencia pública y maquinación para alterar el precio de las cosas, cuya investigación corresponde a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El que se denuncien hechos que puedan constituir ese tipo de delitos, añadieron las mismas fuentes, hace que inevitablemente se tengan que investigar. Ello no quiere decir, precisaron las citadas fuentes, que, tras ser indagados, la existencia de delitos se confirme o que, de ser así, los querellados resulten responsables de los mismos.

El juez Miguel Moreiras abrió diligencias indeterminadas nada más leer la querella, y acordó remitir de inmediato las actuaciones al fiscal para que emita el correspondiente informe.El representante del ministerio público deberá pronunciarse ahora sobre si el juzgado es competente para investigar los hechos denunciados y sobre el procedimiento que debe seguirse. En caso de que el fiscal considere que la querella debe ser admitida deberá proponer también las investigaciones y pruebas que el juez deba practicar.