Cristiani se niega a apartar a los militares salvadoreños que violaron los derechos humanos

El proceso de paz en El Salvador entró en crisis el jueves después de que el presidente, Alfredo Cristiani, se mostrara incapaz de cumplir con las exigencias de las Naciones Unidas de que docenas de oficiales del Ejército implicados en graves violaciones de los derechos humanos sean apartados de sus puestos.Cristiani, cediendo aparentemente a presiones militares, anunció unos cambios menores en las Fuerzas Armadas, pero mantuvo en su puesto a docenas de oficiales considerados como culpables de serios atropellos a los derechos fundamentales por una comisión formada al amparo de los acuerdos de paz de la ONU.

Los pocos cambios decididos por el presidente incluyen el envío de dos coroneles al extranjero como agregados militares y el despido de tres oficiales ya perseguidos por la justicia por varios crímenes. La fecha límite para completar un proceso de purga, que, según fuentes diplomáticas, debería incluir a más de cien oficiales, se cumplió precisamente el jueves sin que sean tomadas más medidas. Cristiani intentó sin éxito convencer a los líderes de la guerrilla para que aceptaran que los despidos se produzcan de manera escalonada.

"Está claro que esta situación va a provocar una nueva crisis", afirmó el jueves un líder del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), quien añadió que la cúpula de la organización se entrevistará con Cristiani el próximo lunes.

El Frente desmovilizó a su brazo armado, que contaba con unos 8.000 combatientes, a principio del mes de diciembre, pero se quedó con docenas de armas avanzadas, como misiles antiaéreos, con el argumento de que las destruirá sólo cuando la depuración dentro de las Fuerzas Armadas esté totalmente completada. Esta purga, considerada como la contrapartida del desarme del FMLN después de una guerra que ha durado 12 años, es considerada como la prueba clave de la capacidad de Cristiani de imponer su autoridad a unas Fuerzas Armadas acostumbradas a dominar durante muchas décadas la vida política.

La amplitud de esta purga ha enfurecido a los jefes militares, que han atacado directamente a la comisión de tres miembros encargada de estudiar las violaciones de los derechos humanos en el país, acusándola de formar parte de una conspiración izquierdista para destruir a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

La comisión se entrevistó durante una investigación de cuatro meses con unos 200 oficiales, es decir, el 10% del total de los efectivos militares de este país.