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El juez del 'Irangate' asegura que centrará su investigación en el propio Bush

El investigador especial del caso Irán-Contra, el juez Lawrence Walsh, tras verse privado de los primeros objetivos de su investigación por los indultos presidenciales, ha anunciado que centrará ahora sus trabajos en George Bush, especialmente con el fin de saber si éste concedió autorización para cubrir la operación. La Casa Blanca anunció ayer que el todavía presidente hará públicos todos sus documentos sobre el caso. Varios congresistas han pedido que se estudie el procedimiento seguido en el perdón presidencial.

"El perdón tiene un efecto devastador para el desarrollo del conocimiento del caso", asegura el juez Lawrence Walsh, quien ha estado investigando el escándalo Irangate durante seis años. Walsh esperaba obtener nuevos datos en el desarrollo del juicio -que debía haber comenzado en enero- contra el ex secretario de Defensa de Ronald Reagan, Caspar Weinberger, acusado de perjurio. Uno de los puntos capitales del caso es conocer cuánto sabía George Bush sobre el asunto en la fase inicial de la operación.El Irangate, el mayor escándalo de la Casa Blanca en los últimos seis años, saltó a la luz cuando se descubrió que la Administración de Ronald Reagan vendió, en 1986, armas a Irán a cambio de obtener la liberación de los rehenes estadounidenses en Líbano. Los fondos de las ventas fueron destinados a financiar a la contrarrevolución nicaragüense. La operación se hizo a espaldas del Congreso, que había prohibido expresamente la transferencia de material bélico al régimen iraní.

Interrogatorio al presidente

"Bush se mantiene como objetivo de nuestra investigación", anunció Walsh. El investigador tiene la intención de interrogar al presidente una vez que éste abandone el cargo el 20 de enero. 'Tamos a emprender las acciones pertinentes para conocer los hechos", añadió. Con esta actitud de abierto enfrentamiento, el juez está anunciando su voluntad de impedir que el perdón presidencial bloquee las investigaciones. Walsh cree que el perdón puede tener como objetivo evitar que Bush sea llamado como testigo en un eventual juicio contra los implicados. El todavía presidente anunció ayer que hará públicos los documentos que obran en su poder sobre el caso, entre ellos la transcripción de las cinco horas de interrogatorio al que fue sometido en 1988.

La oferta presidencial, sin embargo, no ha aliviado la ira de los fiscales. "La cuestión es saber si ellos nos presentaron los documentos que les pedimos en 1987. No lo pierdan de vista", declaró ayer la portavoz del fiscal Walsh.

Los líderes del Senado, George Mitchell, y de la Cámara de Representantes, Richard Gephard -ambos pertenecientes al Partido Demócrata-, han anunciado la intención de promover una investigación del propio Congreso para conocer las condiciones en las que se acordó el perdón. Gephard asegura que el perdón presidencial supone la "aprobación presidencial de la violación de la ley". Según publicaba ayer el diario Los Angeles Times, tanto el presidente de la Cámara de los Representantes, Thomas Foley, como el recién designado secretario de Defensa del Gobierno de Bill Clinton, Les Aspin, habían expresado en privado su acuerdo con esta medida.

La decisión de Bush de conceder el indulto a seis altos cargos de la Administración de Reagan se ha producido tras varias semanas de intensa presión por parte del lobby ultraconservador del Partido Republicano, que califica a Walsh de perseguidor enfermizo. Éstos no le perdonan que hiciera público un nuevo cargo contra Weinberger, a cuatro días de las elecciones, en el que se ponía en duda la tesis oficial de que Bush no sabía nada del caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de diciembre de 1992

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