El recorte propuesto por Londres

Los parados europeos, la ayuda a los países del centro y del este de Europa, la investigación aplicada al desarrollo, las redes transeuropeas (el tren de alta velocidad entre otras cosas), la formación universitaria (con el programa Erasmus en cabeza), la creación cultural y audiovisual europea, la protección del medio ambiente y la propia estructura administrativa de la CE serán los damnificados del drástico recorte presupuestario que propone el Reino Unido para los próximos tres años en el llamado paquete Delors II que deberá discutirse en Edimburgo.La lista ha sido extraída de una durísima carta dirigida por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, a los ministros de Exteriores y de Economía de los Doce, en la que se puede leer una frase lapidaria: "Las ambiciones de Maastricht no se pueden dividir".La carta asegura que losfondos estructurales que debían doblarse en los próximos cinco años (contando en ellos el Fondo de Cohesión) se incrementarán únicamente en un 25% en siete años, lo cual significa, en la práctica,. que la CE abandona su política de solidaridad y de apoyo a las regiones de renta baja, a las zonas industriales en declive, a los parados producidos por las reconversiones industriales y del campo y a los jóvenes sin trabajo.

La población que debía beneficiarse de los fondos para las regiones con renta inferior al 75% es de 90 millones. Las zonas industriales en declive abarcan una cuarta parte de la población europea.

Cerca de 26 millones de personas podían recibir los beneficios de losfondos destinados a zonas rurales en desarrollo. La CE se queda prácticamente sin política de redistribución y de solidaridad si prospera la congelación presupuestaria británica, viene a decir el conjunto de documentos de Delors.

El nuevo Comité de Regiones o las nuevas políticas previstas en Maastricht, como la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) y la cooperación en materia judicial y de interior, deberán empezar prácticamente sin dinero. La estructura de la CE podrá aumentar al ritmo de 100 funcionarios al año y deberá atender con ello todos los nuevos campos de actuación previstos por los Doce.