Por qué nos oponemos a la incineracion

Con la denegación a la empresa Trialsa de la autorización para construir una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos en la comarca de Almadén, el Gobierno de CastillaLa Mancha se ha convertido en el blanco de la ira de los defensores de la incineración. Así, el Gobierno de CastillaLa Mancha, al negar la instalación de esta incineradora, prácticamente ha condenado a España a la desindustrialización, según podía deducirse del artículo aparecido el pasado día 20 en EL PAÍS.Todos podemos comprender que una instalación que tenía previsto quemar 45.000 toneladas de residuos tóxicos al año no iba a solucionar el problema ambiental que supone la generación anual de dos millones de toneladas de residuos tóxicos en el Estado español y, por tanto, difícilmente puede ser el causante de la crisis industrial que pueda sufrir España.

Quizás el enfado se deba mucho más a que la paralización de la construcción de esta incineradora pone de manifiesto el fracaso de las políticas de residuos promovidas en España en 1 os últimos cuatro años. Todas ellas basadas en la construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos tóxicos, principalmente incineradoras, para facilitar a la industria generadora una salida a sus residuos, en lugar de adoptar una política preventiva, basada en ayudar a la industria a sustituir sus obsoletos y contaminantes procesos productivos por procesos limpios y modernos, tal como ha estado proponiendo Greeripeace desde el año 1988.

Quizás el Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado la instalación de una incineradora en Almadén porque ha preferido no sacrificar una de las áreas naturales mejor conservadas de España ante los intereses económicos de una multinacional estadounidense dedicada al tráfico de residuos (Waste Mana gement Incorporated -WMI-), o quizás porque conoce bien la historia de la empresa Mayasa, socia de WMI en este proyecto, que ha conseguido, pese a disponer de fondos prácticamente ilimitados del Ministerio de Economía y Hacienda, llevar a la ruina a una de las comarcas más emblemáticas de Castilla-La Mancha.

Otra posibilidad es que considerara que Castilla-La Mancha, una de las comunidades autónomas que menos residuos genera, no tenía por qué hacerse cargo de los problemas generados por las comunidades más industrializadas.

Almadén no era el sitio adecuado para poner una incineradora, pero tampoco lo es el complejo electroquímico de Solvay en Martorell, simplemente porque la incineración no elimina los riesgos asociados a los residuos.

La incineración se basa en el mito de que el fuego destruye y hace desaparecer los residuos. Y a la vista es así; tras introducir los bidones que contienen las sustancias más tóxicas que el hombre ha sido capaz de crear en un horno a elevada temperatura y esperar al menos dos segundos, sólo quedan unas cenizas y escorias de aspecto inofensivo y se han emitido unos gases a la atmósfera, que incluso pueden ser difíciles de observar si se consigue la temperatura de emisión adecuada.

Estas máquinas mágicas, sin embargo, se han convertido en el objetivo prioritario de asociaciones ecologistas de todo el mundo, y desde luego de Greenpeace, de asociaciones médicas de EE UU, Holanda, Suiza y Alemania (ver carta de los 12.000 médicos de la Asociación Médica de Baviera) y de asociaciones ciudadanas de todos los países que tienen incineradoras o propuestas de construcción.Rotundo rechazoEste rotundo rechazo se basa en el hecho de que incluso las incineradoras con lo mejor tecnología existente (ninguna de las propuestas en España era de este tipo) emiten miles de compuestos químicos tóxicos, de los cuales sólo una pequeña fracción ha sido identificada. Estos compuestos tóxicos, persistentes y bioacumulativos, contaminan el aire, el agua y la tierra, penetran en la cadena trófica y nos llegan a todos los seres humanos a través de los alimentos.

No se han desarrollado todavía tecnologías capaces de identificar en continuo la composición de los gases que se emiten, y los indicadores del funcionan-úento de las incineradoras han resultado no ser fiables, según ha confesado recientemente la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos.

Entre los compuestos que han sido identificados en las emisiones de las incineradoras, se encuentran las 75 PCDD y los 135 PCDF conocidos conjuntamente como dioxinas, cuyo escalofriante impacto sobre los seres vivos es motivo de máxima preocupación para las autoridades sanitarias y ambientales de otros países. Las dioxinas son conocidas por ser las sustancias carcinogénicas más potentes que se conocen, pero, además, la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos ha desvelado que dosis 100 veces más bajas a las que producen cáncer provocan daños en los sistemas nervioso, inmunitario, endocrino y reproductor, alteran el comportamiento y dificultan el desarrollo intelectual de los niños. Lo más alarmante para las autoridades de la USEPA es que esos niveles de dioxinas se encuentran ya en el medio ambiente.

Ante esta situación, varios gobiernos (Estados Unidos y Alemania) y convenciones internacionales para la protección del medio ambiente han marcado como objetivo prioritario la eliminación de las fuentes de dioxinas. Todos reconocen la incineración de residuos como la principal fuente de emisión de dioxinas al planeta; por tanto, las políticas de residuos deben ir encaminadas a evitar la instalación de incineradoras.

Los propios residuos de las incineradoras, cenizas, escorias y aguas de lavado, constituyen nuevos residuos tóxicos.

La incineración, por tanto, lejos de destruir los riesgos asociados a los residuos tóxicos, los incrementa al dispersar sustancias tóxicas en el medio. Eso sí, estos contaminantes ya no llevan el nombre del generador del residuo; al quemarse el bidón con el nombre del generador, desaparece su responsabilidad sobre los efectos de estos residuos, y de ahí la defensa de la Federación de la Industria Química Española a la incineración.

La incineración perpetúa la producción de productos y residuos tóxicos y es el mayor desincentivo para que los generadores de residuos sustituyan sus contaminantes procesos productivos por técnicas de producción limpias.

El Gobierno de California ha reducido en dos años (19891991) en un 50% la generación de residuos incinerables mediante un programa de reducción de residuos firmado con las industrias implicadas. Prefirió optar por la prevención antes que construir más incineradoras, y en cuatro años espera reducir en un 80% la generación de estos residuos.

Será el mortiento de debatir qué hacemos con los residuos que quedan, cuando se hayan estudiado comunidad por comunidad, sector por sector e industria por industria las posibilidades de reducción de generación de residuos.

La solución a la crisis de residuos es la prevención; quizás inconscientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha ayude a España a avanzar en ese camino al evitar la construcción de una incineradora en Almadén.Xavier Pastor es presidente de Greenpeace Espafia.