Los residuos peligrosos en España

Podemos evaluar, sin temor a equivocarnos, y con el riesgo que significa toda simplificación, sin embargo extremadamente útil para una mejor percepción por parte de la opinión pública, que España lleva 15 años de retraso en poner en marcha soluciones para este problema respecto de los países más avanzados.A la mitad de la década de los setenta, el fuerte aumento de la contaminación induce a los Gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, etcétera, a desarrollar legislaciones específicas sobre residuos peligrosos del sector industrial, haciendo nacer un nuevo sector económico especializado en tecnología y servicios, que ha desbancado incluso a los sectores de la informática y la electrónica en tasas de crecimiento.

España. no incorpora a su ordenamiento jurídico una ley específica sobre el tema, la de Residuos Tóxicos y Peligrosos, hasta 1986, con puesta en vigor reglamentario entre 1988 y 1990; más como obligación de traslado interno del acervo jurídico comunitario (directiva sobre residuos peligrosos de 1978) que por el desarrollo de una conciencia social entre nosotros.

La aprobación y puesta en marcha de un Plan Nacional de Residuos Industriales, con el comienzo de la década de los noventa, para crear las instalaciones de tratamiento necesarias, entre otros objetivos, se ha encontrado y se sigue encontrando con amplias dificultades, presupuestarias unas; de oposición social, consecuencia de falta de suficiente explicación por autoridades y responsables empresariales que hagan frente a la. desinformación manipuladora existente, otras; de dificultad de coordinación entre comunidades autónomas, competentes en las preceptivas autorizaciones, y el Gobierno, responsable ante Bruselas de una planificación capaz de hacernos avanzar según obligación establecida por directivas comunitarias, el resto.

Hay coincidencia entre todos los implicados en que la jerarquización de objetivos en la materia es la siguiente:

1. Modernizar tecnologías y procesos que minimicen la producción de residuos. Grandes corporaciones multinacionales, principalmente de la industria química, con gran capacidad tecnológica y fuertes procesos inversores, han conseguido resultados espectaculares en los últimos cinco años, con reducciones por encima del 50%.

2. Reciclar y reutilizar al máximos los residuos. Exigirá en muchos casos apoyos legislativos, que se comienzan a considerar en los países más avanzados, obligando a porcentajes determinados de reutilización a los diferentes sectores industriales. Según estudios concienzudos de la Agencia Alemana del Medio Ambiente, no cabe esperar en la próxima década tasas de reciclaje superiores al 50%.

3. Tratamiento correcto de los residuos restantes, de acuerdo a estándares técnicos cada vez más internacionales y exigentes, que impidan distorsión de competencia económica. Obstaculización a la exportación de residuos, con vigilancia comunitaria para que los países miembros dispongan de infraestructuras, incluso con carácter regional, que hagan frente a las necesidades de su realidad industrial. La catalogación cada vez más estricta de diferentes tipos de residuos considerados como peligrosos hace que la necesidad de nuevas capacidades de tratamiento se incremente, a pesar de la puesta en práctica de objetivos de minimización y reciclaje. En Alemania, a partir de 1990, la lista de residuos peligrosos se ha incrementado de 90 a 330, con lo que las cantidades de residuos existentes pasan de cinco millones de toneladas por año a 15 millones.

Se ha desarrollado un nuevo tivo de servicio especializado: el de los gestores de residuos peligrosos. Para hacernos una idea de nuestro subdesarrollo en la materia, mientras que en países como Alemania y Francia se facturan 75.000 y 33.000 millones de pesetas al año, respectivamente, en España sólo se alcanza la cifra de 3.600 millones, y en países mucho más pequeños que el nuestro, como Holanda, Dinamarca y Bélgica, llegan a 17.300, 7.300 y 6.800 millones de pesetas al año. De estas cifras, la incineración de residuos peligrosos supone un 84% en Dinamarca, un 66% en Francia, un 65% en Holanda, y un 32% en Alemania (que hasta ahora utilizaba a la antigua Alemania del Este como lugar de exportación barato donde verter).

Capacidad de incineración

Démonos cuenta que países mucho más pequeños que el nuestro, pioneros y modélicos en el tratamiento de sus residuos peligrosos, disponen de una capacidad de incineración de 130.000 toneladas al año, en Dinamarca (concentrada en una instalación propiedad del sector público), y de 230.000 toneladas al año, en Holanda. Francia dispone de una capacidad de de 500.000. toneladas al año repartidas en 11 instalaciones específicas, y autoriza adicionalmente a nueve plantas cementeras para el tratamiento de ciertos tipos de residuos peligrosos. Alemania dispone de una capacidad de incineración de 840.000 toneladas al año.

Uno podría llegar a entender la estrategia de ciertos grupos ecologistas internacionales, como Greenpeace, de oposición radical a nuevas instalaciones de incineración en esos países, en el entendido de que perciben que ya hay suficiente capacidad de tratamiento, y que el énfasis hay que ponerlo ahora en políticas de minimización y reciclaje. No obstante, tanto Alemania como Francia están en trámite de autorizar nuevas instalaciones.

Pero lo que no es comprensible es la oposición frontal que están desarrollando en España, cuando nuestra capacidad de incineración de residuos peligrosos es cero. ¿Cuál es la alternativa real? ¿Seguir vertiendo ilegalmente en ríos y barrancos las 340.000 toneladas de residuos cuyo mejor y más seguro tratamiento es la incineración, un 17% del total de los dos millones de toneladas de residuos peligrosos que produce nuestro país?

No hay mejor política de minimización de residuos frente a los industriales' que el estar en condiciones reales de hacerles cumplir con un tratamiento correcto de sus residuos, y la consiguiente internalización de los costes que conlleva, solamente posible si tenemos las instalaciones adecuadas.

Lo contrario significa condenar a nuestro país a la desindustrialización, pues este tipo de infraestructuras son tan sopesadas por los grandes inversores multinacionales como las comunicaciones y otras a la hora de localizar sus inversiones. Resulta una paradoja que mientras que asistimos a una exigencia política nítida por todas nuestras regiones en dotarse de las infraestructuras garanticen su desarrollo, y en la búsqueda de factores positivos de localización industrial, encontremos paralelamente rechazo social e indecisión política en la puesta en marcha de instalaciones de tratamiento de residuos industriales.

Alta toxicidad

Frente a argumentos desinformativos esgrimidos por algunos grupos ecologistas que dicen que la incineración sólo sirve para trasladar a la atmósfera la contaminación presente en los residuos, hay que señalar que la eficiencia destructiva de la tecnología disponible permite garantizar que de 10.000 toneladas de compuestos tóxicos tratados, menos de una tonelada se escapa a la atmósfera.

Respecto de la alta toxicidad de algunos de los compuestos emitidos, especialmente las dioxinas y furanos, hay que señalar que la depuración de gases exigida por las nuevas normativas europeas dividirán por 100 los 400 gramos al año que emitieron a la atmósfera sumando las 47 incineradoras (de residuos urbanos e industriales) existentes en la antigua República Federal de Alemania, al quemar anualmente nueve millones de toneladas de residuos, bastante menos del 5% de lo que se calcula que emitieron otras fuentes de combustión, y menos del 10% de las producidas en el reciclaje de chatarra (datos de la Agencia Alemana del Medio Ambiente).

Frente al alarmismo social que producen algunos ecologistas anunciando altos riesgos de cáncer a las poblaciones cercanas a una incineradora, análisis de riesgos concienzudos realizados por la Agencia del Medio Ambiente de EE UU, para una persona que viviese hipotéticamente 70 años al lado de la chimenea de una incineradora de residuos peligrosos, la probabilidad adicional de contraer un cáncer por esta razón, son del mismo orden de magnitud que por el motivo de fumarse dos cigarrillos, o tener un accidente de automóvil por recorrer 250 kilómetros, es decir, una en cinco millones.

Nuestro país necesita urgentemente de este tipo de equipamientos si es que queremos recuperar nuestros quince años de retraso con el resto de la Europa comunitaria, por razones ambientales en un caso, y porque razones de vigilancia de la competencia no nos permitirán la laxitud actual de que nuestros industriales no incorporen a sus costes el correcto tratamiento de sus residuos.

Juan Mazarrasa es presidente de la Empresa para la Gestión de los Residuos Industriales, Sociedad Estatal EMGRISA.