La declaración de una secretaria de BFP contradice al consejero catalán de Economía, Macià Alavedra

La declaración Judicial de la secretaria de Joan Basols, el consejero delegado de BFP, la empresa involucrada en la comercialización de pagarés presuntamente falsos, cuestiona las explicaciones dadas por el consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, de que no se enteró de que el director general del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Jordi Planasdemunt, compaginaba esta actividad con negocios privados. La secretaria de Alavedra llamó "una o dos veces" a las oficinas de BFP preguntando por Planasdemunt. La secretaria de Basols, Montserrat Sánchez, no recuerda la fecha exacta, "pero cree que fue a principios de 1992". Alavedra declaró ante el juez, el Parlamento y los periodistas que él confiaba en la palabra de Planasdemunt de que iba a dejar sus negocios privados, que le dio cuando, en enero de 1990, le nombró director general del Instituto Catalán de Finanzas.

El titular de Economía añadió: "Antes del verano [de 1992] tuve noticias de que Planasdemunt podía estar vinculado con una empresa que tenía graves dificultades financieras.( ... ) En aquel momento llamé a Planasdemunt inmediatamente, el cual me dijo que había dimitido de la empresa y que, en todo caso, había estado totalmente desvinculado de su gestión". Alavedra insiste que le pidió la dimisión, a lo que Planasdemunt se negó, porque sería tanto como reconocer su culpabilidad. El escándalo estalló a finales de septiembre.

Ayer mismo, un portavoz oficial del Departamento de Economía declaró que al consejero Alavedra no le consta haber llamado nunca a BFP, y apuntó la hipótesis de que una de las secretarias del consejero, tratando de localizar por orden de éste a Planasdemunt, hubiera llamado a su despacho oficial en el Instituto Catalán de Finanzas y allí le hubieran dado el número de la empresa, pero sin saber a dónde correspondía.

Este diario ha tenido acceso a las declaraciones judiciales de Alavedra, de Montserrat Sánchez, la secretaria de Basols, y de Isabel Pineda, una economista de BP Professionals Asociats (empresa vinculada a BFP), después de que el juez levantara ayer el secreto del sumario.

A Isabel Pineda el juez le preguntó también si tenía conocimiento de llamadas telefónicas del Departamento de Economía y en concreto del consejero Maciá Alavedra. La economista contestó que no le constaban "con la salvedad del día de la detención de Planasdemunt, Basols, etcétera, en que llamó dicho consejero o la secretaria".

La secretaria de Basols recordó llamadas telefónicas "por parte del Instituto Catalán de Finanzas o del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat", según la formulación de la pregunta.