Esperanza comercial

EL ACUERDO bilateral alcanzado por Estados Unidos y la Comunidad Europea sobre el comercio agrícola aleja el fantasma de una guerra comercial, al tiempo que permite contemplar un rápido y satisfactorio final de la Ronda Uruguay de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).Tras un periodo de notable inquietud abierto después de la amenaza de sanciones comerciales por la Administración estadounidense como consecuencia del bloqueo a que habían llegado las negociaciones bilaterales en torno al comercio de semillas oleaginosas, el comunicado final de estas negociaciones asegura progresos suficientes para la eliminación de los obstáculos que bloqueaban la extensión de los acuerdos a capítulos comerciales adicionales al de la agricultura.

El acuerdo supone un recorte en las exportaciones europeas subvencionadas del 21% (la exigencia inicial de la Administración estadounidense era del 24%). Junto a ello, la superficie europea destinada a la producción de oleaginosas quedará limitada a 5.128 millones de hectáreas, lo que supone apartar del cultivo 400.000 hectáreas; en términos de volumen, se pasará de los 11,5 millones de toneladas de este año a una cantidad entre 10 y 11 millones, también por encima de los nueve millones demandados por los estadounidenses. Todo ello sujeto a una aplicación escalonada a lo largo de siete años.

Un compromiso, en definitiva, que, además de haber supuesto una significativa flexibilización de los planteamientos de partida de Estados Unidos, se presenta compatible con la Política Agrícola Común (PAC), tras su última reforma antes del pasado verano. Consecuentemente, la Comisión ha expresado su apoyo al mismo. No obstante, no se han despejado todas las nubes que empañan el panorama comunitario.

El contrapunto a la satisfacción con la que ha sido recibido el acuerdo lo ha puesto el Gobierno francés, presionado por sus agricultores. La debilidad de ese Gobierno, la dimensión electoral que en aquel país revisten los problemas agrícolas y la característica intransigencia de los agricultores franceses pueden hacer que esa crisis sea ahora desplazada al escenario comunitario. El espectro del compromiso de Luxemburgo sintetiza esos temores de bloqueo institucional en la CE si, al igual que ocurrió enjulio de 1965, también con la agricultura como origen del contencioso, Francia se niega a admitir el procedimiento de ratificación de ese acuerdo por el procedimiento de mayoría cualificada. En aquella ocasión, Francia estuvo seis meses alejada de los órganos comunitarios, hasta enero del año siguiente, como consecuencia de la negativa de De Gaulle a admitir la fijación de los precios agrarios por mayoría absoluta. Es, en resumen, una de las opciones que 1 sopesa el Presidente Mitterrand y que debatirá el Parlamento francés en los próximos días.

Ocurre, sin embargo, que ahora, la necesidad de garantizar los intercambios comerciales constituye una exigencia de primer orden para el bienestar de los ciudadanos europeos, incluido ese 95% de franceses no agricultores. El elevado grado de integración y las propias exigencias de recuperación de la economía mundial no permiten que intereses tan minoritarios hipotequen esa necesaria normalización en las relaciones comerciales internacionales.

Si durante esas semanas en que ha estado vigente la amenaza estadounidense el Gobierno francés ha tratado de granjearse el apoyo de algunos Gobiernos comunitarios, entre ellos el español, en las circunstancías actuales tal empeño será, sin duda, más dificil. Como ha reconocido el ministro de Agricultura, Pedro Solbes, el impacto del acuerdo alcanzado sobre nuestra agricultura es de escasa significación. En consecuencia, la actitud del Gobierno español, más allá de ejercer sus buenos oficios para evitar esa crisis comunitaria, no debería caracterizarse por la defensa de unos intereses tan distantes de la lógica y de la solidaridad de los doce como los de los agricultores franceses.