Borrell replica a Bono sobre las razones para prohibir la incineradora de Almadén

José Borrell, ministro de Obras Públicas y Transporte, hizo público ayer un comunicado en el que rebate los argumentos utilizados por el Gobierno de Castilla-La Mancha para prohibir la incineradora de Almadén. José Bono, presidente regional, subraya que la decisión es firme, y añade: "Mi competencia acaba donde termina Castilla-La Mancha, y la de otros termina donde empieza esta comunidad; cada cual ha de asumir la suya".

El presidente autónomo matiza: "Nos hemos pronunciado sobre una planta concreta en un sitio concreto, y no sobre la política general de residuos".La negativa de Bono a la incineradora de residuos tóxicos hace dos semanas desbarató los planes de Borrell y su Plan Nacional de Residuos Industriales. Ahora ambos se han lanzado a defender sus poco coincidentes argumentos. El comunicado del MOPT, aunque señala que "respeta la capacidad de las comunidades autónomas para ejercer sus competencias de la forma que estimen oportuna", dice: "Desde la perspectiva de los intereses generales, considera que las razones de esta decisión deben ser convenientemente matizadas". Sobre el argumento de que las emisiones a la atmósfera de la planta superan los valores límites recomendados desde el MOPT, Borrell dice: "La empresa promotora [Trialsa] propuso adaptar el proyecto para cumplir con las exigencias de la futura norma [una directiva de la Comisión Europea]".

El comunicado de Borrell continúa: "El argumento de lejanía de Almadén de las zonas industriales era un hecho tan relevante y conocido hoy como hace más de un año, cuando la empresa presentó el proyecto al MOPT y a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuyos órganos competentes acogieron positivamente el proyecto de ubicación en Almadén". Y añade una frase que muchos podrían interpretar en clave irónica: "Almadén no ha cambiado su localización geográfica desde entonces".

Decisiones condicionadas

A renglón seguido, el MOPT "lamenta también la actitud de algunas organizaciones que producen una desinformación pública que genera una preocupación injustificada entre los ciudadanos y condiciona el proceso de decisión de las autoridades correspondientes". Ese "condiciona" ha levantado la principal reacción de Bono: "No soy de quienes, para reforzar su opinión o para exhibición de soberbia administrativa, dicen tomar las decisiones sin tener en cuenta la opinión pública. Hemos escuchado a quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la incineradora y no la hemos autorizado por su negativo impacto ambiental. Escuchar es una buena costumbre democrática. Escuchar no es hacer derogación de responsabilidades". Diversos grupos vecinales y ecologistas, con Greenpeace a la cabeza, protestaron durante meses y de forma muy activa contra la incineradora. Ayer, otro grupo de vecinos pedía en Toledo la planta.El MOPT concluye: "Nuestro país necesita urgentemente esta clase de equipamientos. [ ... ] En lugar de buscar razones para no autorizarlas, se deberían establecer las condiciones para su viabilidad. [ ... ] Lo contrario significa condenar a nuestro país a la desindustrialización".

La empresa Trialsa, responsable del proyecto de Almadén, estudia presentar un recurso administrativo. En su comunicado, se explica que el proyecto se adapta al borrador de directiva de la CE. La Federación de la Industria Química Española, que agrupa a 2.000 empresas, cree que "el Gobierno debe considerar este tema como un verdadero asunto de Estado".