El agua, ¿quién la pagará?

El articulista considera que la sequía del año hidrológico 1991 / 92, cuya causa natural no está sujeta a responsabilidad alguna, puso de manifiesto responsabilidades gubernamentales, que se patetizan en su ineficacia o, simplemente, en su ausencia durante el pasado más próximo.

Finalizado por tercera vez el plazo de alegaciones a los Planes Hidrológicos de Cuenca, después de tres ampliaciones, cuyo motivo suponemos que será el ser coincidente en sus análisis con las lluvias y no discutir en el seco panorama hidráulico actual, queremos hacer unas reflexiones desde la agricultura, en la que incide fuertemente esta planificación.España siempre tuvo una adecuada regulación económica y social del agua; su clima seco junto con un uso agrario aprendido desde hace siglos hizo que la razón se impusiera aun cuando su escasez no tenía la radicalidad con que hoy se presenta.

La aplicación del agua a la agricultura es actualmente del 80% del recurso disponible; no hay datos sobre este porcentaje hace 1.000 años, pero ya entonces existía el Tribunal de las Aguas de Valencia que ordenaba los regadíos de las comarcas huérfanas.

Una Ley de Aguas de 1883, que cumplió su centenario de existencia, sirvió para regular el recurso hasta el 1985, año en el que es sustituida por una nueva ley que introduce conceptos más acordes con nuestro tiempo, tales como aumentos de las necesidades de los habitantes ciudadanos, las reservas necesarias para el equilibrio ecológico o el desarrollo industrial y del ocio.

Como es sabido, esta vigente Ley de Aguas incluye para su desarrollo los planes Hidrológicos de Cuenca y el Nacional.

No existe aún dictada la síntesis de propuestas del Plan Hidrológico Nacional, pero ya se oyen voces autorizadas sobre diversos aspectos fundamentales de él. Una premisa extendida por los organismos administradores del agua, Confederaciones Hidrográficas y MOPT, es que en España el agua se despilfarra, y en mayor grado lógicamente por sus mayores consumidores, los agricultores. Una propuesta que se nos hará en el Plan Hidrológico Nacional, para aumentar la eficacia del recurso, es fijar un precio al agua y así intervenir económicamente su mal uso.

La no existencia de tal precio fue hasta hoy una constante en todas las legislaciones citadas, como fiel interpretación ordenadora de un bien sin propiedad privada en la mayoría de los casos en el pasado, aunque nuestra última ley hace desaparecer alguna privacidad existente en la ley centenaria.

Esta socialización total del agua se realizó mediante el BOE y sin indemnización, actuación de un corte totalmente revolucionario y por ello la alabamos algunos, mientras disgustó a otros muchos.

Una vez que todo el recurso estuvo en manos estatales, el planificar su uso era inevitable, y así surgen los Planes Hidrológicos, y para calificarlos se estructuran órganos, bautizados como democráticos, llamados los Consejos del Agua. Esta democracia -por ordenamiento administrativo- nace con un sesgo muy fuerte en contra de los usuarios y en favor del poder gubernamental que tiene la mayoría absoluta sin posibilidad de alteración ninguna; y además, los Consejos de Cuencia o el Nacional son órganos meramente consultivos.

Estaríamos en una situación de precios impuestos por los únicos detentadores de la mercancía, y aprobados por un órgano planificador con mixtificación democrática. Sería una actuación análoga a la seguida por el régimen desaparecido en el Este, que, como es sabido, condujo a una burocratización en la gestión del recurso.

Otra posibilidad, en la mente de algunos, sería el todopoderoso mercado libre asignador de recursos eficientemente; poner un recurso escaso en un mercado libre que debiera ser "tan claro como el agua", parece un dislate, incluso para los máximes liberales económicos.

Queda solamente la posibilidad del precio impuesto por el único vendedor y que debe ser aceptado por los usuarios; un ejemplo puro del monopolio estatal.

Responsabilidades

La sequía del año hidrológico 91/92, causa natural que no está sujeta a responsabilidad alguna, puso de manifiesto otras responsabilidades gubernamentales que se patetizan de forma alarmante por su ineficacia o simplemente por su ausencia durante el pasado más próximo. La política inversora en obras hidráulicas, calificada despreciativamente como franquista, fue abandonada en parte y ahora nos obliga a un presupuesto, según el MOPT, de 4,8 billones de pesetas. Esta cifra no tiene al parecer contrapartida suficiente con el presupuesto del ministerio correspondiente, por lo que obliga a una nueva recaudación específica a los directos usuarios.

La relación del agua con la agricultura en la España seca, su mayoría, era favorable siempre a una política de aumentos en la superficie regable. Cuando la producción agraria era escasa según las necesidades de la población, no hubo dudas, pero la nueva situación de excedentes agrarios cambió totalmente la economía de la agricultura como medio regulador de los aumentos productivos. La PAC, organizadora de la agricultura de la Europa de Maastricht, tan deseada por el Gobierno, no estimulará más regadíos. El agua sola no se responsabiliza de la agricultura regada, es el resultado de su combinación con la tierra y el clima; fácilmente comprendemos que las situaciones más óptimas fueron agotadas en el principio de los regadíos; ahora quedan situaciones donde la marginalidad productiva es casi lo general.

Pero la sociedad civil necesita más agua, desarrollo industrial, urbano con mayor nivel de vida, ocio (jardines, parques, deportes), ecología, y este sector social es el gran demandante actual sin ser el mayor consumidor; de ahí que no sea el mayor financiador de la gran inversión hidráulica necesaria para cubrir sus mínimos actuales y futuros. ¿Quién pagará el agua? ¿Los que la demandan? ¿Los mayores consumidores actuales?

Aquí la gran contradicción de dónde recaudar el dinero que le falta a los mal organizados presupuestos estatales, mediante ese precio que el MOPT pondrá al agua. No lo busque, señor Borrell, en un lugar donde ya no existe y donde según la Europa de los Doce no va a producirse más. Tendrá que abastecer su política inversora en hidráulica a partir de los futuros grandes usuarios, que ya participan con sus impuestos reglamentados, pues son la población no agraria; no fracase tratando de obtener algo de lo que hace tiempo desapareció, los beneficios de la agricultura.

El agua no estará en el libre mercado, pero las producciones agrarias ya entraron y por eso van a devolver mucha agua a otras demandas, todo aquel agua que económicamente no sea posible usar. No nos hable de uso despilfarrador y por eso encarecedor, hablemos de la productividad económica de un M3 y no de los M3 usados hoy en una hectárea, muchos de ellos sobre tierras muy marginales para una agricultura competitiva.

Favoreciendo esta futura actuación está el silencio agrario, la aceptación ignorante e inducida por intereses de la mejoría de las rentas por la intensidad que supone el agua, muchas veces, además, defendida por el aumento del trabajo producido; esto en el terreno de lo privado. La misma falta de opinión, más irresponsable por supuesto, se da en la Administración central (MAPA) o a nivel autonómico. Las actuaciones conseguidas con el agua y la tierra no tienen porvenir, porque simplemente producirán algo difícilmente solucionable, el déficit económico agrario.

No malgastemos el agua porque es la forma fácil de invertir en pantanos y recaudar su coste, con el engaño de los que no ven otra solución para su vida económica, por el paro o su falta posible en nivel de rentas.

Solamente con una complementariedad puede usarse la agricultura como inversora en obras hidráulicas. Por este carácter complementario no resiste su economía el pago de esos precios que si a la sociedad civil le compensa con un mayor bienestar o mejora rentas industriales, en la agricultura sólo produce una disminución de sus ya escuálidas economías.

No más regadíos para financiar el agua que es necesidad urgente para otros usuarios.

es representante de los usuarios del Guadalquivir en el Consejo Nacional del Agua.