En busca del tiempo perdido

No está nada mal plantearnos la perspectiva de la acción pública sobre la economía española a lo largo de la última década. Pero haciéndolo me aparecen dos etapas bien diferenciadas deslindadas por el año 1990 desde el ángulo de la calificación de la política económica. Ocurre algo similar con lo que se puede registrar para los sesenta, partidos por el 1967, lo quieran o no entender quienes los exponen en términos de un periodo de desarrollo global 1961-1974 o con los mismos setenta, que vienen encabezados por una breve intensa expansión 1971-1974 en el umbral de la crisis.

La opinión que defiendo aquí y hoy es que la política económica española ha perdido un tiempo precioso desde mediados del 90 hasta ahora mismo, es decir, a lo largo de dos años y medio. En tiendo la acción pública sobre la economía, ejercida directamente desde un sector público que excede las cuatro décimas partes de toda la economía, como un factor productivo central, hecho de acciones y omisiones, de virtualidad decisiva en relación al curso global de la economía. Ando convencido de que la memoria social de este país, y de otros, es escasa en demasía, por lo que convendrá recordar, de entrada, dos puntos: en primer lugar, que el Ejecutivo ha dispuesto durante todo este tiempo de unas bases políticas firmes, con relativamente pocos condicionantes desde otros vectores políticos y sociales.

Me consta que el otro punto a recordar es también beligerante desde diversos ángulos. Sobre las bases de acción puestas por Miguel Boyer, el aprovechamiento de las buenas condiciones externas —ya por Carlos Solchaga 1985-989— fue muy notable, en términos de actividad, empleo, inversión e imagen internacional. La derecha, por ejemplo el PP, suele borrar este periodo de su valoración; los medios también. La izquierda, pongamos por caso UGT, proyecta un grávido silencio mientras tanto sobre el exponencial aumento de las transferencias sociales que ha gestado el PSOE. La política y su pensamiento, sin memoria social, no es que no sea pedagógica, es que confunde a la opinión y aniquila el poso de las experiencias.

La economía española había recibido ya dosis sustanciales de enfriamiento, deseado, cuando el mazazo de la guerra del Golfo, siendo la contingentación del crédito al sector privado la palanca clave y con harto escaso ajuste del sector público. Una cierta dinámica inerte proseguía. El año 1991 fue la clave en las omisiones de la política económica. La abierta renuncia a la disciplina del gasto público se evidenció en unos presupuestos para 1992 de un signo expansivo —previsional y liquidatorio— del todo desaforado 20%: para celebrar el ciclo descendente el sector público avanzaba su peso unos cuatro puntos en el PIB. La reconversión del sector público, que incluye la reforma de la Administración, se esfumaba de nuevo. Tengo para mí como cierto que ningún ministro de Hacienda está obligado a mandar sobre un presupuesto que no es el suyo, y el guerrismo económico haría estragos incluso en Alemania...

Acción horizontal

Quizá tan importante como este fallo de manual de política económica moderna fue la flagrante ausencia de unas líneas coherentes, sistemáticas, vistas para los agentes sociales, definidoras de una acción a medio plazo. Diversas plataformas empresariales, como ejemplo relevante, se han desgañitado de proponerlas: el esquema de fomento del ahorro personal hasta un tope, el apoyo fiscal a la inversión empresarial con mecanismos de rendimiento mínimo, regularización y libertad de amortizaciones "dentro de un orden", incentivación de R+D y formación, homologación de las cargas sociales sobre la empresa a la media comunitaria (unos cinco puntos porcentuales por debajo), vigilancia de costes energéticos, esquemas auspiciadores de la exportación (ICEX, cámaras, etcétera) y respaldo financiero a los entes de cooperación sectorial especialmente de la PYME.

Se trata, ni más ni menos, de la acción horizontal sobre los factores productivos, la más funcional en economía de mercado, dentro de una óptica general de política de oferta a medio plazo que está escrita desde hace 10 años en todo el mundo relevante. Es verdad que su coste, periodificación y rendimiento se ha de calibrar. Pero la política económica, ella misma, ha de invertir, ha de sembrar para el futuro y el horizonte de tres años de que se disponía sobre el ciclo electoral era óptimo para esta empresa. Si dibuja líneas claras y sostenidas actúa con contundencia sobre las expectativas empresariales, lo que hubiese sido un bálsamo en las perspectivas de integración exterior. Desde luego las premuras recaudatorias son su verdugo más acreditado.

Median tres envolventes más de la mayor importancia: tipos de interés, tipo de cambio y salarios. De los primeros —tema muy complicado— creo que ya se ha dicho todo. Desde luego la financiación interna de la inversión ha sido postergada en términos de coste. Tan sólo quisiera añadir que la consustancial rigidez a la baja de los precios en nuestra economía se plasma con aplicación digna de mejor causa en los patrones de conducta del sistema financiero. En cuanto al tipo de cambio, el clamor en favor del realismo ha sido bien notorio, al menos para quien tuviera un cierto espíritu viajero.

Salarios y costes

Los salarios han sido una fijación importante para la política económica de Carlos Solchaga. Con ello, por descontado, tampoco se ha conseguido gran cosa en su curso efectivo. Conviene recordar que los salarios constituyen tan sólo una quinta parte de los costes industriales en general. Si hablamos en términos de costes salariales unitarios reales, corregidos, que es un punto dé vista, la evolución es muy otra, mucho más ajustado.

Por otro lado, ha de preocupar el que la masa salarial alimenta, de hecho, gran parte del consumo. En la economía española, seguramente para mal, las dinámicas de consumo e inversión han circulado en paralelo. Seria ahora muy malo un bajón del consumo, si se recuerda que las depresiones han sido bastante malignas y duraderas en este país. Además, cuando el nivel de empleo tiende a bajar y se estabilizan las transferencias sociales, que me parece que es lo que ocurrirá en el próximo año y me dio, mi argumento se refuerza: un 2% de crecimiento real del consumo es un buen estabilizador...

Así y ahí estamos. Escasos de ideas sólidas y operativas. También los economistas, en general, quienes como nos indica el sociólogo Carlos Moya (Claves, junio 92), andamos escasos de conocimientos de psicología social. Quizá la economía capitalista ha aprendido para alargar las fases expansivas, pero está por ver si sabe acortar las recesivas. Desde luego la situación internacional no acompaña nada.

Pero en cuanto a nosotros y el gobierno económico, el ciclo electoral juega ahora en contra. Difícilmente se atisba cómo recuperar el tiempo perdido. Es sabido que la periodificación de la política económica tiene con frecuencia problemas de adecuación al ciclo electoral y a las exigencias y restricciones políticas en el marco democrático. Parece que el gobierno económico del PSOE ha perdido la posición. En todo caso, tendría que ser bien sabido que la socialdemocracia es, por definición, un juego de equilibrio. Ha sonado la hora del apoyo a las empresas, españolas y extranjeras, a la inversión, al esfuerzo a la recompensación de la tasa de ganancia. O así me lo parece. El modelo insonorizado del Ministerio de Economía y Hacienda —respecto a agentes sociales, OCDE o Banco de España— ha de ceder.

Jacint Ros Hombravella es catedrático de política económica en la Universidad de Barcelona.