España tendrá 4 incineradoras de residuos tóxicos en el Norte, Cataluña, Cádiz y Ciudad Real en 1994
La construcción de varias incineradoras de residuos industriales tóxicos en España ha llegado a su punto de máxima tensión. Un reciente acuerdo de la CE impide más retrasos. El Gobierno Iba decidido que se construyan cuatro incineradoras de desechos tóxicos, dos de ellas en Almadén (Ciudad Real) y Medina Sidonia (Cádiz), de forma inmediata. Las otras dos, en la cornisa cantábrica y en Cataluña. Pero el rechazo popular, que ya echó por los suelos el Plan Nacional de Residuos de 1989 y que ha arreciado en las últimas semanas, vuelve a poner el asunto en ascuas.
La ineficacia del Plan Nacional de Residuos Industriales Tóxicos y Peligrosos, de 1989, ha sido reconocida por todos. Ahora mismo se está revisando; el resultado -que tendrá validez hasta 1997- llegará en diciembre al Consejo de Ministros. El Gobierno calcula que las industrias asentadas en España generan casi dos millones de toneladas anuales de residuos tóxicos; de ellas, 1,5 millones no reciben tratamiento alguno -van a vertederos incontrolados o directamente a los ríos o al mar- -Más de 7.000 toneladas son exportadas cada año a Francia y al Reino Unido para su incineración. El plan de 1989 pretendía "gestionar adecuadamente" un 60% de estos desechos. Sin embargo, ninguna incineradora se ha podido poner en marcha.Juan Mazarrasa, presidente de Emgrisa, empresa pública encargada de la gestión de los residuos industriales, explica que la revisión del plan contempla la apertura de cuatro plantas incineradoras -eufemísticamente llamadas de destrucción térmica-: las dos mencionadas y otras dos -en la cornisa cantábrica y en Cataluña- cuyos proyectos aún están por concretar. Cataluña es, con diferencia, la comunidad autónoma que más residuos industriales genera. No sólo tiene lo que produce ella. El martes, los Mossos d'Esquadra desarticularon una banda que introdujo ilegalmente 2.000 toneladas de residuos industriales procedentes de Alemania para arrojarlos en los vertederos catalanes. Cuatro empresarios están acusados.
Descolgada del plan ha quedado la planta de Monteagudo de las Vicarías (Soria), otra de las posibilidades barajadas al principio, por el rechazo municipal y la falta de acuerdo de la Administración central con la Junta de Castilla y León. Los Gobiernos regionales son los que dan el permiso definitivo; de ahí que la ubicación de las incineradoras haya servido durante los últimos años como arma arrojadiza y de negociación entre administraciones.
Contaminación
La planta de Medina Sidonia estará gestionada por la empresa Gersa (cuenta con un 95% de capital público y un 5% de Sevillana de Electricidad). La de Almadén -aún pendiente del informe de impacto ambiental del Gobierno regional- resulta especialmente polémica porque en la sociedad gestora, Trialsa, participa, aunque de forma minoritaria, la multinacional Waste Management, que los ecologistas tachan como una de las empresas más "sucias" de EE UU.
Mazarrasa subraya la necesidad de estas instalaciones para cumplir con la normativa de la CE. Los ministros de Medio Ambiente de los Doce acordaron la pasada semana en Luxemburgo prohibir la libre circulación internacional de residuos industriales e impulsar su tratamiento dentro de cada país. La norma entrará en vigor en 1994. José Borrell, ministro español de Obras Públicas y Transportes, declaró a Efe al terminar la reunión que las plantas de Almadén y Medina Sidonia "no tendrán efectos nocivos4 en el medio ambiente de sus regiones. No contaminarán más que un atasco de coches en una gran ciudad".
Un informe oficial sobre el fracaso del plan de 1989 reconoce que la oposición pública es el gran problema: "Los grupos ecologistas han hecho de este tema un elemento de presencia y afirmación pública que dificulta un debate abierto".
Diversos grupos, con Greenpeace al frente, se han movilizado contra las incineradoras por considerarlas '.'muy perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las. poblaciones cercanas". Entre los más activos, la Plataforma contra la Incineradora de Almadén, que ha llevado al Ayuntamiento a una delicada situación.
CC OO ha mostrado también su oposición frontal. Joaquín Nieto, responsable del departamento de Medio Ambiente, dice: "La experiencia negativa de las incineradoras en otros países como Alemania y EE UU nos hace oponemos tajantemente a su puesta en práctica. Lo que hay son intereses de mutinacionales".
El precio de la basura
Jean-Alain Jullien, responsable en España de la empresa Sarp Industrias, que cuenta con 10 incineradoras en Francia que tratan 500.000 toneladas de desechos por año, cree que el principal problema en España es la falta de comunicación "y de desconocimiento de cómo tratamos los residuos". La Agencia Francesa para la Recuperación de los Desechos se creó en 1976. La media de residuos industriales incinerados en la CE es del 20%."La gente tiene. miedo a lo que no conoce", dice Jullien, "pero debe saber que una incineradora de la nueva generación, según estudios hechos en Alemania, contamina mucho menos que la calefacción o los coches de una ciudad".
Respecto a que una incineradora supone no incentivar políticas de reducción de residuos, que es uno de los principales argumentos manejados por los ecologistas, Jullien no está de acuerdo: "La mejor manera para animar a las fábricas a minimizar sus residuos es haciéndolas pagar. Si no les cuesta nada, como sucede ahora en España, que no declaran todos sus residuos y los sueltan a la naturaleza, nunca estarán preocupados por reducirlos. Con una incineradora, las empresas tienen que pagar por llevar allí sus residuos. El precio medio actual en Europa para la incineración está en unas 35.000 pesetas por tonelada".
Pone un ejemplo: en 1979 llegó a una de nuestras plantas incineradoras de Francia un nuevo cliente, una industria automovilística. El primer año nos mandaron 25.000 toneladas. Pero enseguida se dieron cuenta de los costes. El segundo año ya sólo nos enviaron 20.000. El tercer año, 10.000. Y ahora, 13 años después, sólo 1.00011.
La media de inversión que requiere una incineradora es de 4.000 millones a 6.000 millones.
Manuel de la Vega, director en España de una de las principales empresas multinacionales de asesoría medioambiental, Dames & Moore -con 140 oficinas en el mundo-, cree que el anquilosamiento de los últimos años en la gestión de residuos tóxicos se ha debido, sobre todo, a la "ineficacia de la Administración y no a la poca colaboración empresarial".
"No ha habido voluntad política de resolver algo", añade Manuel de la Vega. "Para que haya una colaboración, los planes tienen que estar claros, y en este caso no lo estaban". De la Vega cree que este caso Ilustra muy bien cómo los mejores avances no se hacen a golpe de reglas y leyes. "El mejor método, y el más barato, es la colaboración de todos".
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